Poder judicial

Nueve vocales conservadores fuerzan un Pleno en el CGPJ para eludir la reforma del Gobierno

Además de reducir la mayoría necesaria para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, la propuesta del PSOE suprime la capacidad de este órgano de verificar la idoneidad de los candidatos

Nueve vocales conservadores fuerzan un Pleno en el CGPJ para eludir la reforma del Gobierno
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Cristina Gallardo
Cristina Gallardo

Periodista

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Nueve vocales del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -los ocho del denominado 'sector de bloqueo' más Wenceslao Olea- han presentado un escrito en el que solicitan al presidente suplente, Rafael Mozo, la convocatoria "con carácter urgente" de un Pleno extraordinario para abordar ya los nombramientos de los dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que les corresponde por cuota.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han señalado que la maniobra, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), obligará a la convocatoria del Pleno en los próximos días. Con ello, consejeros designados por el PP buscan eludir la reforma legal planteada este viernes, que busca reducir a una mayoría simple la cuota de tres quintos que se precisan actualmente para realizar estas designaciones.

En todo caso, la celebración del Pleno no asegura el éxito en los nombramientos, puesto que para cumplir con la ley actual se precisa que los dos bloques -conservador y progresista-, alcancen el consenso y los elegidos alcancen el apoyo de once de los vocales. En este momento, y a pesar de que la reforma legal del pasado mes de julio obligaba a realizar estos nombramientos antes del pasado 13 de septiembre, las negociaciones habían encallado con la vista fija en el Pleno ordinario del próximo 22 de diciembre.

Por el momento sólo se conoce el candidato de estos últimos, el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, que algunos conservadores rechazan por considerarle cercano al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hasta el momento, los del sector mayoritario no han dado a conocer una lista oficial de candidatos, aunque en las quinielas suenan nombres como el del instructor del 'procés' Pablo Llarena, sus compañeros Julián Sánchez Melgar y Vicente Magro, de la Sala de lo Penal del TS; y también César Tolosa, Inés Huerta y Diego Córdoba, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

La petición de los vocales conservadores se ha producido tras una reunión urgente celebrada este viernes tras conocerse los planes del Gobierno, que fuentes de este sector califican "injerencia demoledora", un "chantaje" y hasta una amenaza que tiene por objetivo no tanto garantizar que el Consejo nombre a sus dos aspirantes al TC como que se admita el nominado por el sector progresista: el magistrado del Tribunal Supremo (TS) José Manuel Bandrés, según informa Europa Press.

Fuentes del sector progresista han señalado por su parte a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la Constitución necesita de "mecanismos para defenderse de quien bloquea los órganos constitucionales" mientras que el poder legislativo, si tiene que desbloquear, solo lo puede hacer de una forma, que es la de aprobar leyes. Por esta razón, entienden que "lo razonable" ahora mismo sería esperar a celebrar cualquier votación en el CGPJ sobre los dos candidatos al TC a que la reforma sea una realidad.

Supresión del plácet del TC

Pero los cambios legales no afectan tan solo al funcionamiento del CGPJ, puesto que las enmiendas presentadas suprimen dos puntos de la Ley que otorgaban al propio Tribunal Constitucional la tarea de verificar que las personas designadas para entrar en dicho órgano reúnen los requisitos legales para ello.

Los socialistas prevén sustituir esta verificación. Así, proponen establecer que "los órganos proponentes previstos en el artículo 159.1 de la Constitución tienen la obligación constitucional y legal de comprobar que los magistrados o magistradas designados cumplen los requisitos exigidos en el artículo 159.2 de la Constitución". Si quien fuere nombrado conociera que no cumple alguno de estos requisitos, "deberá ponerlo de manifiesto antes de la toma de posesión”, añade la enmienda.

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Esta circunstancia ha sido puesta de manifiesto por Vox en una misiva remitida a la presidenta de la Comisión Europea ,Ursula Von der Leyen; el Comisario de Justicia, Didier Reynders; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; y al Presidente Comisión LIBE Parlamento europeo, Juan Fernando López Aguilar.

En ella, los de Santiago Abascal señalan que la reforma del Gobierno, "al permitir que el Gobierno pueda nombrar directamente a dos magistrados del Tribunal Constitucional, sin control por parte del propio Tribunal de la idoneidad y la legalidad de los designados, el Ejecutivo asalta el gobierno de los jueces, vulnera el artículo 159.3 de la Constitución, que obliga a que las renovaciones del Alto Tribunal sean por terceras partes y de paso coloca a dos de sus cómplices con la exclusiva finalidad de perpetuar la ilegalidad".