Del Tsunami a los CDR: las 4 causas del ‘procés’ que siguen abiertas en la Audiencia Nacional

El ‘procés’ que se vivió en Catalunya en el otoño de 2017 y la reacción a la sentencia del Tribunal Supremo que el 14 de octubre de 2019 condenó a sus responsables políticos supuso la práctica de diligencias y la apertura de varios procedimientos judiciales en la Audiencia Nacional. Se trata de la causa seguida por terrorismo contra miembros de los CDR, de la relativa a la financiación de Tsunami Democràtic y de uno de los encargos que presuntamente aceptó el excomisario José Manuel Villarejo para espiar al excónsul honorario de Lituania en Barcelona, muy próximo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

El Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular en Manuel García-Castellón, es el que acaparó todas estas diligencias, prácticamente con la única excepción de las seguidas contra el mayor Josep Lluís Trapero, exjefe de los Mossos d'Esquadra, por sedición y que acabó con su absolución y la de los entonces responsables políticos del cuerpo policial. Estas son las pendientes:

Los rusos

El juez García-Castellón remitió algunas de las diligencias abiertas al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona para su incorporación al caso Voloh, entre ellas, las abiertas al detectarse la presencia en esa ciudad de agentes de la unidad 29155, del Departamento Central de Inteligencia de Rusia (GRU), que el 'New York Times' vinculó en un reportaje con graves casos de envenenamiento en el Reino Unido como el que en 2018 acabó con el exespía ruso Serguéi Skripal y su hija.

Estas diligencias se diferenciaron de otras, como las relativas a la colaboración de 'hackers' rusos en las actividades de Tsunami Democràtic, porque la presencia y actividad de la unidad estaría desvinculada del independentismo y su contribución al 'procés' se habría debido más a que Catalunya era la mejor baza que encontró Rusia para desestabilizar España, que a ser reclamados por los independentistas. Su actividad en el 'procés' se asimila así a la desarrollada en otros países, como con los chalecos amarillos en Francia.

El Tsunami Democràtic

A cambio de las diligencias abiertas por la presencia de esta unidad de espionaje en Barcelona, el juez Joaquín Aguirre remitió a la Audiencia Nacional todas las actuaciones que había en su juzgado en relación con las actividades de Tsunami Democràtic. El Juzgado Central de Instrucción número 6 aún mantiene bajo secreto la causa en la que se investiga la financiación de la movilización que se produjo en octubre de 2019 a través de esta plataforma.

La causa, abierta inicialmente por terrorismo y conspiración para cometer estragos, destacaba la extraordinaria capacidad de convocatoria de Tsunami desde su primer tuit contra la sentencia del 'procés'. Su primer objetivo fue señalar empresas del Ibex-35, a las que consideraba representantes de las principales estructuras económicas españolas en Catalunya y, por tanto, financiadoras de la supuesta represión del pueblo catalán. Después llegaron la ocupación y colapso del aeropuerto de Barcelona-El Prat, actos de desobediencia a la Junta Electoral Central durante la jornada de reflexión de las elecciones generales y el corte de tráfico de la AP-7 en la frontera a la altura de la Jonquera. También se investiga es la realizada el 18 de diciembre de 2019 con motivo de la celebración del partido de fútbol que se jugó en el Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid. Un acto que culminó con la visualización de la frase "Spain sit and talk" en el estadio durante el encuentro.

Los CDR

Fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, señalan que la investigación referida al CNI catalán nunca pasó de la serie de diligencias cuya práctica propuso la Guardia Civil, y que acabaron incluidas en el sumario abierto contra una presunta célula terrorista de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). El pasado octubre el juez dio por concluido el sumario de la Operación Judas, en la que en septiembre de 2019 se detuvo a casi una decena de personas, y sentó en el banquillo a 12 procesados por pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.

En cumplimiento de la orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia, el juez remitió a las partes las diligencias que formaron parte del origen de las actuaciones.

El cónsul

La otra pieza es la más relacionada con la "Operación Cataluña" de las abiertas en España, teniendo en cuenta que la justicia española, a diferencia de la andorrana, nunca ha apreciado indicios de delito en ninguno de los episodios de prácticas policiales dudosas que podrían incluirse en ella. Tras el archivo de la pieza relativa a los registros policiales que se hicieron en la agencia de detectives Método 3, la única con cierta relación que sigue abierta es la relativa a un presunto encargo que recibió el excomisario Villarejo para espiar al excónsul de Letonia en Barcelona Xavier Vinyals, cesado en 2016 por Exteriores por su cercanía al independentismo y en concreto al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Además de cónsul honorario de Letonia en Barcelona, Vinyals fue presidente de la plataforma proselecciones deportivas catalanas y se le detuvo en octubre de 2020 en el caso Volhov, en el que el juez Aguirre investiga el presunto desvío de fondos públicos a Puigdemont tras su huida a Bélgica.