Debate sobre el modelo policial

El Parlament aprueba revisar el foam, pero rechaza un control externo de los Mossos

También prospera la retirada "urgente" de los proyectiles viscoelásticos más lesivos y la prohibición de las técnicas de carrusel

Efectivos de los Mossos ante un edificio.

Efectivos de los Mossos ante un edificio.

Sara González

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Ni mecanismo de control externo de los Mossos ni prohibición del foam. La comisión de estudio del modelo policial en el Parlament ha llegado a su final sin que hayan prosperado las dos principales medidas por las que la CUP reclamó que se creara este órgano. Sí que ha salido adelante la retirada "urgente" de los proyectiles viscoelásticos más lesivos (SIR-X) y estudiar la sustitución del foam por otros medios potencialmente menos lesivos, así como la prohibición de técnicas como las de carrusel. Sin embargo, ha sido rechazada la creación por ley de un organismo externo e independiente de control de la actuación de los Mossos d'Esquadra. El que pretendía ser el buque insignia de la comisión ha caído en saco roto por el voto en contra del PSC y también de Junts.

Si el objetivo con que los anticapitalistas arrancaron la comisión hace un año era que sirviera para propulsar la "auditoria que Interior no ha hecho nunca", tras la votación de las conclusiones ha dicho sin paliativos que no ha logrado ser un "punto de inflexión" para el modelo policial. Tampoco los republicanos, que acusan su minoría del Govern en el Parlament, no han cumplido sus tres principales propósitos. Pretendían que se aprobara una revisión global de todas las herramientas que utilizan los cuerpos policiales -no ven claro que el foam pueda ser sustituido- en base a criterios de proporcionalidad, necesidad, precaución y legalidad; la rotación de los agentes que forman parte de las unidades antidisturbios, la BRIMO y la ARRO y, el objetivo estrella, que se creara el mecanismo fiscalizador externo de la actuación del cuerpo.

Este último era uno de los principales propósitos por el que se creó la comisión a partir del acuerdo entre ERC y la CUP para la investidura del 'president' Pere Aragonès y tras las cargas policiales por el encarcelamiento de Pablo Hasél en las que se produjo una lesión ocular. El rechazo de este organismo, defendido también por CUP y 'comuns', ha sido el fracaso más sonoro de los principales impulsores de la comisión. Los republicanos planteaban que sirviera para revisar las malas praxis de los agentes y que tuviera capacidad para generar informes vinculantes y la CUP añadía que se pusiera en marcha en tan solo dos meses, además de tener acceso a las informaciones policiales, como proponían explícitamente los 'comuns'.

Junts se opone al mecanismo fiscalizador

El PSC-Units per Avançar ya había dejado claro que se opondría, puesto que considera que ya existen suficientes mecanismos de control, por ejemplo, a través de la Sindicatura de Greuges, donde, en todo caso, creen que se podría crear una unidad específica. El diputado y 'exconseller' Ramon Espadaler no ha escondido su "satisfacción" por haber logrado frenar el que entiende que era el principal propósito de una comisión que han denunciado reiteradamente que "nacía condicionada" por los anticapitalistas. El resultado lo entienden como una nueva estocada para el 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena, que fue reprobado por el Parlament a iniciativa de los socialistas hace poco más de una semana.

La clave la tenía Junts, que finalmente ha votado en contra bajo el argumento de que los tres grupos que lo defendían no han clarificado cómo se concretaría. De poco ha servido la insistencia de la CUP y de los 'comuns' para que los posconvergentes cambiaran de opinión antes del inicio de las votaciones. Tampoco ha sumado suficiente mayoría que ese control se ejerciera a través de la creación de una comisión en el Parlament, la alternativa que Junts había puesto encima de la de mesa. La asociación Irídia y Amnistía Internacional han lamentado al final de la jornada parlamentaria que el control externo a los Mossos no se ponga en marcha y ERC y la CUP han afeado a Junts que haya hecho pinza con el PSC para impedirlo. "Es una irresponsabilidad, la sociedad no lo va entender", ha lamentado Dolors Sabater, encargada de presidir una comisión que ha contado con 24 sesiones y un centenar de comparecencias. Los 'comuns', por su parte, han manifestado "decepción" con este asunto.

El foco sobre los proyectiles

Y si Junts y los socialistas han sumado para parar los pies al control externo, ERC ha sumado con el PSC para impedir que se prohibiera el foam, como pedían la CUP y los 'comuns', que han recordado que desde que Ester Quintana perdió un ojo por el impacto de un proyectil en una carga policial ha habido siete casos de lesiones graves más. Sí que se ha aprobado incorporar tecnologías que garanticen la geolocalización y la grabación de las intervenciones policiales con vídeo y audio para facilitar su trazabilidad mientras sigan siendo utilizados, una novedad a la que se han opuesto PSC, Ciutadans y Vox.

Anticapitalistas y 'comuns' también se han quedado solos defendiendo que se tenían que disolver la BRIMO y la ARRO -la propuesta de ERC, también tumbada, era una rotación de agentes- e impulsar una auditoría sobre la labor de la comisaria de información, a la que acusan de "persecución de la disidencia". Sí que se ha aprobado, con el voto de ERC, que ésta rinda cuentas ante la comisión de materias reservadas del Parlament.

Otra de las novedades que se deriva de la comisión de estudio es la creación de una oficina de "reparación y atención" a las personas que hayan sido víctimas de vulneraciones de derechos humanos por parte de los cuerpos policiales, una iniciativa impulsada por los republicanos que ha sido respaldada tanto por la CUP como por los 'comuns'. La mayoría parlamentaria ha ratificado también que prosiga el proceso de feminización del cuerpo policial con la reserva de un 40% de plazas para mujeres y la creación de mecanismos para evitar identificaciones policiales raciales o por perfil étnico. Esto último ha salido adelante con la abstención del PSC, mientras que Junts y Vox han votado en contra.