Los 3 nombramientos más polémicos de Pedro Sánchez

A finales de junio de 2018, apenas un mes después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy, el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de José Félix Tezanos como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Tezanos, catedrático de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela y de la UNED, formaba parte por aquel entonces de la Ejecutiva Federal del PSOE. Desde 2017, cuando Sánchez gano las primarias del partido, Tezanos ocupaba la secretario de Estudios y Programas. Así, causó recelos en todos los partidos de la oposición que se pusiera a un dirigente socialista al frente del organismo encargado de hacer las encuestas públicas.

Dolores Delgado, ministra de Justicia en la primera etapa de Sánchez en la Moncloa, fue nombrada en febrero de 2020 (apenas mes y medio después de abandonar el Gobierno) Fiscal General del Estado. Pese a que no militó en el PSOE ni ocupó ningún cargo dentro de la Ejecutiva del partido, el carácter imparcial e independiente que se supone a la Fiscalía General no parecía compatible con la elección por parte de Sánchez de una exmiembro de su Gabinete. Las críticas llegaron hasta por parte de Unidas Podemos. Delgado ocupó este puesto hasta julio de este año.

La última elección polémica llega este mismo martes. El Consejo de Ministros, donde se sentaba hace poco más de un año Juan Carlos Campo, nombrará a este mismo magistrado del Tribunal Constitucional. A este órgano, nuevamente, se le supone independiente del resto de poderes. Campo ocupó distintos cargos en los gobiernos andaluces del PSOE y en las elecciones generales de 2015 se presentó por la circunscripción de Cádiz, obteniendo un escaño en el Congreso, donde estuvo hasta febrero de 2020.

Existe un antecedente en el que un miembro de un Gobierno llegara al Tribunal Constitucional, aunque nada tiene que ver con la situación actual. Manuel Jiménez de Parga, ministro de Trabajo entre 1977 y 1978, fue elegido 16 años después magistrado del Tribunal Constitucional. También ocurrió con Andrés Ollero, diputado del PP en el Congreso desde 1986 y hasta 2003, que fue elegido por la Cámara Baja en 2012 como miembro del TC.

Las críticas, por tanto, no han tardado en llegar. El vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, ha acusado al Gobierno de atacar a la división de poderes y ha avisado de que la Unión Europea reaccionará. Según ha dicho, se trata de "dos miembros de un poder del Estado haciendo entrismo a otro poder del Estado". Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha denunciado que "es cada vez más evidente este PSOE tiene aires totalitarios y desea controlar todos los órganos de nuestra democracia". Y hasta los dirigentes de Unidas Podemos se han desmarcado de la elección.