Tribunales
Antidroga pide casi 10 años de cárcel para el abogado de Puigdemont por blanqueo
El Ministerio Fiscal pide la inhabilitación del letrado Gonzalo Boye durante el tiempo que dure la eventual condena y el pago de una multa de 2,7 millones de euros
La Fiscalía Especial Antidroga ha reclamado nueve años y nueve meses de cárcel para el abogado Gonzalo Boye, letrado del expresidente catalán Carles Puigdemont como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial. Y lo ha hecho en el marco de la causa que se sigue contra la organización liderada por el narco José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, según especifica el escrito de acusación, que propone también que se le imponga al abogado la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como una multa de 2.700.000 euros.
En el escrito de acusación la Fiscalía explica que entre los años 2016 y 2018, mientras Sito Miñanco permanecía recluido en el Centro Penitenciario de Algeciras, el cabecilla del clan de la droga gallega continuaba con la introducción y distribución de sustancias estupefacientes procedentes de Sudamérica.
Y para realizar estas tareas, el histórico narco gallego contaba con colaboradores, que según las palabras de la Fiscalía, ejecutaban "de forma casi reverencial cualquier actividad que él demandara".
Blanqueo del dinero
La intervención del abogado Gonzalo Boye en la trama, según el escrito de acusación, se inició después de que dos integrantes del clan fueran detenidos en el aeropuerto de Barajas cuando ocultaban 889.620 euros: "Con el propósito de acreditar el origen lícito del dinero intervenido, dirigidos y asesorados por Boye, quien en ese momento era el abogado de Sito Miñanco en otro procedimiento [...], confeccionaron unos contratos de compraventa de unas letras de cambio de acuerdo con los cuales, González Rubio [otro de los implicados] las habría vendido a terceros unos días antes de la aprehensión del dinero", dice el Ministerio Público.
El fiscal considera que este negocio "no presentaba lógica comercial alguna" por cuanto que, en muchos casos, los préstamos que habían dado origen a las letras estaban incluso cancelados porque se había satisfecho la deuda en la fecha en que supuestamente otro integrante del clan había realizado las ventas.
Falta de coherencia
El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) apreció, en el mismo sentido, la falta de coherencia de estas operaciones, pues las mismas letras se vendían y compraban varias veces por las mismas personas. Además, dichas letras se habían presentado en un expediente sancionador anterior. "Pese a ello Boye, con la colaboración de otros abogados, [...] confeccionó otra documentación adicional presentándola con nuevas alegaciones", concluye la Fiscalía.
En el mismo escrito, Antidroga pide penas de cárcel para más de 50 personas, entre ellas el presunto cabecilla del clan, Sito Miñanco, al que le corresponde una petición de pena de 31 años y 6 meses de prisión. La solicitud del Ministerio Público ha tenido lugar después de que el pasado 18 de noviembre la Audiencia Nacional les enviara al banquillo por su presunta implicación en la 'operación Mito'.
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