Presentación de la memoria de 2021

El Consejo de Estado admite que no entró en las penas de la ley del 'solo sí es sí' en su informe

  • La presidenta Valerio se remite a la aplicación que hagan los jueces y se desmarca de descalificaciones genéricas contra la justicia

  • El dictamen

Magdalena Valerio

Magdalena Valerio / Europa Press

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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El Consejo de Estado ha presentado este lunes su memoria del año 2021 y ha sacado pecho por la labor consultiva que desarrolla, cuya importancia "en estos tiempos confusos" ha defendido su recién nombrada presidenta, Magdalena Valerio. La actualidad ha marcado que el acto se centrara básicamente en el informe que emitió el órgano en relación con la conocida como ley del 'solo sí es sí', que fue "positivo" y no ahondó en las penas que plantea, algunas de las cuales rebajó, al considerar que los abusos son agresiones.

El consejero Fernando Ledesma explicó que el dictamen de 128 páginas "fue aprobado por unanimidad" y justificó que no hiciera "una referencia específica a la penología" al hecho de que también informaron del anteproyecto "el Consejo General del Poder Judicial -CGPJ- y el Consejo Fiscal, que tienen una competencia específica sobre esas materias". Añadió que el Consejo de Estado "se centró en lo que era o no el consentimiento".

El informe, de 128 páginas, hacía esta referencia: "El Anteproyecto lleva a cabo una revisión del correspondiente cuadro penológico, con reducción de los límites máximos de algunas de las penas previstas para los delitos de este título (los tipos básicos y agravados de agresión sexual y los de violación, por ejemplo), sin perjuicio de que, como consecuencia de la referida refundición de tipos penales, algunas conductas puedan pasar a sancionarse con una pena superior, por su tipificación como agresión sexual".

Por su parte, Valerio, que señaló que el informe fue ponencia de la que fue magistrada del Tribunal Constitucional Adela Asúa y que en el pleno solo contó con un voto concurrente, rehuyó la polémica. Por un lado se remitió a la aplicación que de la norma hagan las Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo y por otro reusó calificar de "manera general el feminismo o el machismo de ningún colectivo", porque no le "gustan las descalificaciones generales", en referencia a las críticas que desde el Ministerio de Igualdad se vertieron contra los jueces, a los que se tachó de "machistas".

Y a la pregunta de si el Gobierno remitía para el dictamen del Consejo de Estado todas las leyes previstas, Ledesma fue tajante en su respuesta afirmativa que, además, hizo extensiva a Ejecutivos anteriores. Valerio añadió que en ningún caso "hay por qué presumir que lo que no pase por esta casa, carece de calidad legislativa" y que el solicitar el parecer del Consejo o no hacerlo, cuando es potestativo, le "merece total respeto".

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Ambos destacaron que a finales de noviembre de este año, el Gobierno había consultado en 1.793 ocasiones al Consejo y que el año pasado lo hizo en 1.303 veces. Ledesma destacó la labor que acerca el órgano al ciudadano a través de sus dictámenes sobre indemnizaciones en distintos campos.

Entre ellos citó las de presos preventivos que luego son absueltos, de accidentados, de funcionarios por acoso laboral, de pacientes de sanidad pública, de quienes sufren dilaciones indebidas en la justicia o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por lesiones en maniobras. También de mujeres que denunciaron y, pese a ello, no evitaron el riesgo, de cambios de de apellidos por malos tratos de progenitores o de abuelos que no pueden entrar en contacto con nietos.