Comisión en el Parlament

CUP y 'comuns' piden prohibir el foam a los Mossos d'Esquadra, mientras JxCat lo quiere sustituir

El PSC ve "imprescindible" dotar a la policía con las herramientas y la formación pertinentes, así como garantizar la trazabilidad de los proyectiles y grabar las intervenciones policiales

El ’conseller’ de Interior, Joan Ignasi Elena, durante la comparecencia en el Parlament

El ’conseller’ de Interior, Joan Ignasi Elena, durante la comparecencia en el Parlament / Parlament

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EFE

La CUP y los 'comuns' son los únicos grupos que han pedido al Parlament la prohibición de los proyectiles de foam, mientras que JxCat ve necesaria su "urgente sustitución" por otros medios "igual de eficaces y potencialmente menos lesivos".

Así consta en los documentos con las propuestas que ha presentado cada grupo tras cerca de un año de trabajo en la comisión de estudio del Parlament sobre el modelo policial, que votará sus conclusiones el próximo 2 de diciembre, en las que existe más consenso sobre la necesidad de crear un mecanismo externo de control de la actuación policial, aunque hay divergencias sobre su alcance y composición.

Mientras CUP y 'comuns' son los únicos que piden abiertamente la prohibición de los proyectiles de foam, Junts aboga por su "urgente sustitución", mientras que el PSC no se posiciona ni a favor ni en contra, aunque avisa de que cualquier cambio no puede reducir la capacidad operativa, y ERC se remite a un análisis independiente para verificar que el uso de las herramientas cumple con los criterios de proporcionalidad, necesidad, precaución y legalidad.

La comisión de estudio se constituyó a raíz de un pacto entre ERC y la CUP para la investidura de Pere Aragonès, con el telón de fondo de la polémica por las lesiones oculares de una chica al recibir el impacto de un proyectil de foam en las protestas de 2019 por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

El orden público

Pese a que aún hay tiempo para transaccionar propuestas antes de que se voten en comisión el 2 de diciembre, por el momento la CUP y los Comuns son los únicos que plantean abiertamente la prohibición "inmediata" de las lanzadoras y los proyectiles de foam, así como la disolución de las unidades antidisturbios, la BRIMO y la ARRO.

Sobre los proyectiles de "foam", el PSC-Units no se posiciona ni a favor ni en contra de su mantenimiento o su prohibición, sino que opta por defender una "revisión crítica periódica" de las herramientas y técnicas policiales, con la premisa de que cualquier cambio "no se traduzca en una reducción de la capacidad operativa de las unidades encargadas de la gestión del orden público".

"La policía no es la causante de los desórdenes públicos", remarcan las conclusiones de PSC-Units, grupo que ve "imprescindible" dotar a la policía con las herramientas y la formación pertinentes, así como garantizar la trazabilidad de los proyectiles y grabar las intervenciones policiales.

Desde Junts se estima necesario que la policía pueda contar con herramientas "robustas" que permitan un "amplio abanico" de opciones tácticas para evitar la "confrontación violenta", si bien se ve "igualmente necesaria" la "urgente sustitución" de los proyectiles de foam "por otros medios igual de eficaces y potencialmente menos lesivos".

Sobre orden público, ERC apuesta por "avanzar hacia la permanencia temporal de los agentes" en la BRIMO y la ARRO, mientras que Vox pide reforzar y potenciar a las unidades de orden público y dotarlas de todas las herramientas, técnicas e instrumentos necesarios, como las lanzadoras de foam, el gas pimienta, el cañón de agua "o el que sea menester".

El mecanismo de control externo

Hay más consenso, aunque las posturas aún siguen alejadas en las concreciones, sobre la creación de un organismo externo de control de las actuaciones policiales.

ERC propone crear un mecanismo de control externo e independiente "que supervise las actuaciones de los profesionales de la seguridad", mientras que CUP y Comuns plantean que el Parlament impulse la creación de un mecanismo "externo, público e independiente" de "control, investigación y evaluación" de las actuaciones policiales, que tenga como prioridad la defensa de los derechos humanos y que pueda instar a sanciones.

Este mecanismo, según los Comuns y la CUP, debe disponer de "completa independencia operacional", sin interferencia política ni vinculación con los cuerpos policiales, y la elección de sus miembros se tiene que llevar a cabo en base a sus competencias profesionales y mediante un proceso de selección "transparente".

Para los Comuns, este organismo tiene que poder analizar, revisar e investigar todas las áreas del trabajo policial, con acceso ilimitado y en cualquier momento a toda la información necesaria, y sus resoluciones deben tener carácter vinculante, de forma que tienen que poder instar a los órganos competentes a ejercer su potestad sancionadora.

Según el PSC-Units per Avançar, el Síndic de Greuges reúne los requisitos de independencia y control parlamentario necesarios para ejercer el control externo para la policía que reclaman algunas entidades de defensa de derechos humanos.

De hecho, el Síndic ya tiene una unidad de Prevención de la Tortura, que vela sobre la pulcritud de los procesos de detención, retención, custodia o traslado y que ahora se podría ampliar, según el PSC-Units, para asumir también el control externo de los dispositivos policiales en orden público y otras intervenciones policiales.

Desde Junts se defiende en este sentido que, para asegurar la rendición de cuentas, el Parlament cree una Comisión Parlamentaria específica que, cuando las circunstancias lo requieran, pueda actuar, con la participación si es necesario de profesionales de reconocida experiencia, para "revisar actuaciones concretas" tanto de los Mossos como de las policías locales.

Según Junts, los miembros de esta comisión deberán tener acceso a todas las informaciones que no tengan legalmente carácter reservado y sus conclusiones o recomendaciones deberán ser tenidas en cuenta por parte de los órganos internos de investigación, control y evaluación de la actuación policial.

La situación en Interior

Por contra, Vox no ve necesario crear ningún mecanismo de control externo, más allá de que insiste en su propuesta de avanzar en la integración de los Mossos "bajo el mando único del Ministerio del Interior".

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Asimismo, Ciudadanos sostiene que no se puede hablar ahora de "diseñar mecanismos de control público creíbles, transparentes y eficaces" ante las actuaciones policiales cuando este año ha habido cambios en la jefatura de los Mossos que han supuesto una "auténtica purga" en que Interior "ha querido apartar a algunos cargos de investigaciones de casos de supuesta corrupción que afectaba a miembros y exmiembros del Govern".

Por su parte, el PP no ha participado en esta comisión "por tendenciosa y sesgada" y ha acusado al Govern de haber "cedido al chantaje de la CUP" y "utilizar a los Mossos como moneda de cambio", dejando la configuración del modelo policial "en manos de los antisistema".