Así propone el PP mitigar la falta de médicos en España

Este domingo decenas de miles de ciudadanos se manifestaron en Madrid en defensa de la sanidad pública. La nueva marea blanca centró el tiro en "la perversión del modelo" de la sanidad madrileña, víctima, según el propio cartel que encabezará la marcha, de un "plan de destrucción de la atención primaria" auspiciado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y del PP de manera global. El impulso de los populares a un sistema de colaboración público-privada de la sanidad es lo que está acabando con un servicio de calidad, según convocantes, sindicatos y formaciones de izquierda.

El PP, en cambio, alega que este es un problema de carácter nacional basado, principalmente, en la falta de profesionales sanitarios, una mala gestión de las plazas especializadas y un sistema de retribuciones que, insisten, viene condicionado por lo que dice la Administración central aunque las competencias sanitarias estén transferidas a las comunidades autónomas.

Una moción y un manifiesto

Con esta idea de unos recursos humanos mal gestionados, el PP presentó hace unas semanas en el Senado una moción en la que instaba al Gobierno a poner en marcha un plan integral, en coordinación con las comunidades autónomas, que tuviera en cuenta las necesidades de los profesionales sanitarios y del sistema en general. La moción presentada por el senador por Madrid y portavoz de Sanidad en la Cámara alta Eduardo Raboso fue debatida el 19 de octubre, apenas unos días antes de que el Gobierno de Ayuso reabriera los 80 centros de urgencias extrahospitalarias que hoy están en huelga y que, ya en esa fecha, se anticipaba que no iba a ser una reapertura tranquila.

Pero la iniciativa presentada por el PP en el Senado viene precedida por una serie de propuestas que las distintas comunidades gobernadas por los populares, junto con País Vasco y Catalunya, trasladaron al Gobierno en junio y que Génova ha hecho suyas al trasladar las mismas a una resolución en el último debate del estado de la nación y en forma de proposiciones no de ley a distintos parlamentos autonómicos para, entre otros, buscar que la izquierda se posicionara y retratase.

El manifiesto firmado en verano por Galicia, País Vasco, Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla y León y Catalunya apuntaba que en la reunión del Consejo sectorial del 15 de junio, el Ministerio de Sanidad no quiso introducir el problema de la falta de médicos en el orden del día y que por eso se vieron obligados a elaborar el documento, pero fuentes socialistas apuntan que se habló del asunto en el turno de ruegos y preguntas y que las regiones gobernadas por el PSOE no lo suscribieron porque se consideró que "ya se estaba trabajando en ello" en el seno del propio consejo interterritorial y que es en este órgano "donde se deben arbitrar conjuntamente estas medidas".

Convocatoria extraordinaria

La mayor parte de las propuestas del PP son, en realidad, para solucionar el problema del sistema sanitario a medio-largo plazo, basadas en el incremento progresivo del número de alumnos en las facultades de medicina, pero no tanto para encontrar una salida inmediata a crisis como la que está viviendo Madrid estos días.

Ante la escasez de médicos en determinadas especialidades, como ocurre en estos momentos con la Atención Primaria, los populares apuestan por varias líneas. Por un lado, incrementar el número de plazas MIR en las especialidades deficitarias y, en concreto, una convocatoria extraordinaria de hasta mil plazas de médicos de familia cada año en toda España hasta cubrir las necesidades detectadas en este área.

Además, proponen crear un "Registro Estatal de Profesionales Sanitarios que sirva para orientar las necesidades de formación de especialistas y prevenir la aparición de déficits de profesionales en determinadas especialidades". Es decir, conocer cuántos profesionales hay por cada especialidad, dónde trabajan y la edad que tienen para prever dónde pueden faltar en el futuro esos especialistas, y así orientar la formación y las plazas MIR ofertadas en función de lo que indiquen esos datos. Y en esa lista de 'pendientes', aventuran también la necesidad de crear la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. La razón para esta nueva modalidad, según se explicó al presentar el manifiesto, es evitar que los médicos de familia terminen incorporándose tras el MIR al régimen de urgencias sin llegar a ocupar las plazas de atención primaria.

Soluciones del Ministerio

Por último, y como algo más inmediato, piden que el proceso de elección de plazas MIR en 2023 se realice "con la máxima transparencia, garantizando el conocimiento en tiempo real de las plazas disponibles en cada momento". En la última convocatoria, la elección fue de manera telemática y a ciegas, es decir, que los estudiantes elegían su plaza sin saber si habían sido previamente ya reservadas por quien tenía mejor número y así quedaron vacantes 218 plazas, la mayoría de ellas de atención primaria. Eso es lo que se pretende evitar en el futuro, si bien el Ministerio de Sanidad ya está trabajando en la mejora del sistema.

En línea con esta propuesta, el Gobierno ha incorporado en sus Presupuestos Generales del Estado una partida de 50 millones para incrementar el número de alumnos de medicina, con la idea de que ya el próximo curso haya 1.000 estudiantes más de primer año, pero hasta que estos alumnos terminen sus carreras no se sabrá a qué especialidad se dirigen ni se ha especificado cuáles se ofertarán entonces.

Condiciones laborales

En el PP saben que uno de los principales problemas que tienen hoy en día las distintas comunidades autónomas para contratar a médicos son las condiciones laborales: las retribuciones salariales son mucho mejores en el extranjero, los médicos españoles reciben muy buena formación y, por tanto, encuentran una salida bien remunerada si buscan fuera de nuestras fronteras. De hecho, desde 2015 el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha emitido más de 18.000 certificados profesionales de idoneidad, que son los que permiten a los médicos españoles trabajar en el extranjero. Además, también influye la presión asistencial y la carga de trabajo (por la falta de médicos) a la hora de que los profesionales acepten determinadas ofertas.

Con esto en mente, y aunque las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas, los populares apuntan a la responsabilidad del Estado en la parte retributiva. Explican en el PP que" las condiciones salariales las impone el Gobierno" y que las administraciones autonómicas solo pueden complementar los sueldos con incentivos de productividad, pero que existe "un acuerdo no escrito" entre ellas para no hacer dumping salarial en el ámbito sanitario. Otra cosa es que dado el nivel de vida de cada región, sin grandes diferencias en el sueldo, el poder adquisitivo pueda diferir de una comunidad a otra.

Por eso desde el PP se apunta al Gobierno y se le insta a elaborar un "plan integral de recursos humanos que tenga en cuenta las necesidades presentes y futuras de profesionales sanitarios y una política retributiva y laboral que mejore su situación actual, todo dentro del marco del diálogo social". Y en este contexto de ese plan integral proponen también "facilitar e incentivar la cobertura de plazas de profesionales sanitarios en zonas de difícil cobertura, con especial mención a las zonas rurales con baja densidad de población y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla".