El doble juego del sector conservador del CGPJ ante el Tribunal Constitucional

Alberto Nuñez Feijóo dejó un rastro indeleble sobre sus verdaderas intenciones antes de anunciar su viraje copernicano hacia la ruptura del acuerdo de renovación conjunta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el nombramiento de magistrados en el Tribunal Constitucional el pasado 27 de octubre con el pretexto de la futura reforma del delito de sedición. Tres días antes, el 24 de octubre, según ha confirmado EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, el PP presentó en el registro de entradas del Tribunal Constitucional un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley aprobada el 27 de julio de 2022 que devolvía al Poder Judicial la facultad para nombrar magistrados en el TC.  

Es decir: el PP recurría esa ley precisamente cuando prometía firmar el acuerdo por el cual el cumplimiento de esa ley suponía para el CGPJ hacer los dos nombramientos que le corresponde en el TC. 

Ese doble juego del PP es simétrico al que está gestionando José María Macías, el líder del sector conservador y negociador con el grupo progresista para nombrar a los sustitutos de los dos magistrados del TC -Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol- cuyo mandato caducó el pasado 12 de junio. 

Esa estrategia se puso en práctica cuando el 7 de septiembre Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, advirtió en los pasillos del acto de la apertura de los tribunales que se aprestaba a dimitir si no se hacían los nombramientos (la fecha legal para hacerlo era el 13 de septiembre) y se renovaba el CGPJ, cuyo mandato venció el 4 de diciembre de 2018, hace ahora cuatro años. 

Según se puede leer en el acta de la reunión del CGPJ del 8 de septiembre, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, al abordar la negociación se plantea por parte de una de las vocales del grupo progresista, Concha Sáez, la necesidad de fijar un plazo para la negociación de los nombramientos (ver reproducción), habida cuenta de que el sector conservador decía no estar en condiciones de dar el nombre de sus negociadores frente a Rafael Mozo, Roser Bach y Álvaro Cuesta, designados por el grupo progresista. El asunto es nombrar los dos magistrados el 13 de septiembre. 

"José María Macías Castaño reconoce la dificultad de sentirse concernido por el plazo [13 de septiembre] cuando el Gobierno y el legislativo no cumplen con los plazos que les corresponde. Entiende que hay un plazo cierto y que si podemos cumplirlo, bien está y si no lo podemos hacer, bien también está". Más adelante, el acta se refiere a la intervención de Sáez.  

"María Concepción Sáez Rodríguez considera que si no fijamos fecha para la designación [de negociadores por ampos sectores conservador y progresista] estamos trabajando en el aire, por lo que propone que de este Pleno salga el compromiso de sacar adelante un acuerdo antes del próximo día 13 [fecha legal establecida por la ley de 27 de julio de 2022], a cuyo fin ha de señalarse esa fecha como la de celebración del próximo Pleno, incluso haya o no acuerdo en tal fecha. Hemos de poner de manifiesto a la ciudadanía y al colectivo judicial que estamos trabajando y esforzándonos para llegar a un acuerdo antes de que finalice el día 13”. 

A continuación: 

"José María Macías Castaño se compromete a emplear sus mejores esfuerzos para buscar una solución. Pero para ello han de elegir interlocutores y procurar que en breve plazo se articulen los mecanismos necesarios a tal fin". 

Dos meses más tarde, el sector conservador sigue encontrando pretextos para aplazar 'sine die' esos nombramientos. Macías, en su doble juego, se ha embarcado estos días hacia la presión mediática directa sobre el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, cuyo mandato está caducado, a quien ha acusado poco veladamente de dejación porque el TC sigue sin resolver los recursos del PP y Vox contra la ley orgánica de 2021 por la cual se prohibió al CGPJ actual en funciones hacer nombramientos. Unos recursos que, según fuentes judiciales consultadas por este diario, tienen en el orden de entrada del registro el número 49. 

La influencia de González-Trevijano

La influencia sobre González-Trevijano llega a tal punto que el presidente se ha sentido 'touché' ante las declaraciones de Macías y ha contestado con una nota en la que justifica que el TC no desea interferir en la negociación de renovación del CGPJ. ¿Se imaginan al presidente del TC contestando sobre cada recurso a raíz de una protesta canalizada a través de medios de comunicación? Pero se entiende: si Macías te pone en la diana, como ya ocurrió cuando rompió con Lesmes porque éste apremiaba con los nombramientos, hay que tener cuidado.

El próximo martes, el Pleno del TC va a admitir a trámite el nuevo recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, según se ha apuntado, el pasado 24 de octubre, contra la reforma que permite al CGPJ nombrar ahora a los dos magistrados del TC. Como es norma, los recursos con contenido parlamentario suelen admitirse a trámite por su trascendencia constitucional, aunque ya se verá el fondo más adelante. El recurso cuestiona la tramitación adoptada -proposición de ley- y el procedimiento -de urgencia-, al tiempo que la califica como una ley singular. 

El PP de Pablo Casado recurrió la ley de 2021 que prohibía los nombramientos al CGPJ en funciones. Ahora el PP de Feijóo impugna la ley de 2022 que devuelve la facultad, parcial, de hacer nombramientos, en este caso, en el TC, habida cuenta de que es la Constitución la que establece esa prerrogativa y una ley orgánica, es decir, de rango inferior, la que los prohibía. 

¿A qué obedece esta contradicción? Si ya te han devuelto una de las facultades ¿por qué no la ejerces aunque pidas las demás? 

"Es que el PP utiliza al TC como una tercera cámara en la que darle la vuelta, con su mayoría conservadora, a las leyes aprobadas por el Congreso, siendo que allí no puede impedirlo por su posición minoritaria", señala una fuente judicial consultada. 

Precisamente por ello se trata de bloquear con los pretextos y ocurrencias el cambio de mayoría en el TC después de nueve años y cinco meses de rodillo conservador y servidor de varapalos al Gobierno. Bloquear y retrasar lo más posible los nombramientos en el TC, habida cuenta de que España ha entrado en la larga recta electoral de las elecciones municipales, autonómicas, y la guinda, las generales, cuando Pedro Sánchez así lo comunique. Es una recta final en la que Feijóo necesita la ayuda de nuevos varapalos políticos y su amplificación a través de las terminales mediáticas que le apoyan. 

El Gobierno se ha armado de paciencia y sigue sin nombrar a los dos magistrados para reemplazar a los que nombró el gobierno de Mariano Rajoy en 2013 (González-Trevijano y Antonio Narváez, éste último en sustitución del dimitido Enrique López).

Pero no puede seguir, él también, incumpliendo la Constitución. 

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