Un informe preliminar del Parlamento Europeo apunta que el Gobierno fue el primer cliente de Pegasus en la UE

El Gobierno fue "probablemente" el primer cliente en la Unión Europea del programa de espionaje Pegasus, comercializado por la empresa israelí NSO Group. Es lo que apunta Sophie in’t Veld, ponente del informe de la comisión de investigación sobre este asunto en el Parlamento Europeo, en el borrador de informe presentado este martes, tras los primeros ocho meses de investigación, y que servirá de base a partir de ahora para los trabajos de esta comisión parlamentaria. La eurodiputada da por hecho que Marruecos está detrás del espionaje a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y avanza que no se puede concluir que los pinchazos del 'Catalangate' estuvieran justificados por seguridad nacional.

La liberal holandesa (del partido D66) ha lamentado que "el gobierno español ha dado poca información hasta ahora" sobre su papel en el espionaje, invocando la necesidad de confidencialidad en relación con la seguridad nacional" aunque todavía confía en su colaboración y en que podrán organizar una misión de investigación a España, como han hecho (aunque sin mucho éxito tampoco) en países como Polonia o Grecia.

“Hay indicios sólidos de que políticos y otras personas han sido espiados sin plantear una amenaza una amenaza inminente para la seguridad nacional. Entiendo que es una cuestión delicada e invito encarecidamente a las autoridades españolas a que nos proporcionen más información para que podamos evaluar la situación", ha explicado durante su presentación admitiendo que los únicos que pueden dar pruebas son los gobiernos. "Si consideran que algunas asunciones son falsas tendrán que aportar material. Hay posibilidades de hacerlo bajo condición de confidencialidad", ha recordado alertando de que la Ley de Secretos Oficiales, de 1968, tiene su origen en la época del régimen franquista y que es una pieza "anticuada" que no recoge fecha de expiración para los secretos.

El texto, un borrador preliminar de 159 páginas que todavía debe ser objeto de debate y enmiendas y cuya aprobación está prevista para marzo o junio de 2023, apunta a que el programa de espionaje israelí se habría utilizado en el caso español con dos objetivos de actores y por distintas razones. En primer lugar, para espiar al Gobierno de Sánchez. "Se cree que las autoridades marroquíes tenían como objetivo al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de forma similar al caso del presidente francés y los ministros del Gobierno", apunta admitiendo que hay poca información disponible sobre el hackeo, que no tiene pruebas de que fuera efectivamente Marruecos, pero dando por hecho los 'pinchazos'.

En el segundo grupo de víctimas mencionadas en el informe se encuentran las incluidas en el llamado 'Catalangate', que incluye a parlamentarios catalanes, diputados del Parlamento Europeo, abogados, miembros de organizaciones de la sociedad civil y algunos familiares y personal relacionados con esas víctimas. “El escándalo de vigilancia del ‘Catalangate’ se denunció por primera vez en 2020, pero no fue hasta abril de 2022 cuando Citizen Lab completó su investigación en profundidad que se reveló la magnitud del escándalo".

Los resultados de esa investigación, prosigue, mostraron que al menos 65 personas fueron objeto de vigilancia, 63 con Pegasus, 4 con Candiru y al menos dos con ambos. Fue en mayo de 2020 cuando el Centro Nacional de Inteligencia admitió haber vigilado a 18 de esas 65 víctimas con autorización judicial aunque "el gobierno español se ha negado a comentar sobre el resto de las víctimas, si fueron o no responsables de sus ataques", expone el documento. Entre los 18 presuntos objetivos legales se encuentran, menciona el texto, el actual presidente de Cataluña, Pere Aragonés, el ex presidente y actual eurodiputado Carles Puigdemont y otros políticos independentistas y sus asociados.

"La mayoría de esas 18 personas nunca fueron acusadas de un delito, como los miembros de organizaciones de la sociedad civil, los periodistas y los abogados, y sin embargo fueron incluidos en esta lista", añade. "Sobre la base de una serie de indicadores, se supone en general que la vigilancia de los objetivos catalanes fue llevada a cabo por las autoridades españolas, principalmente en relación con el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 en Catalunya, y los acontecimientos posteriores”, concluye ante unos intentos de infección que coincidieron con momentos de relevancia política, como concentraciones públicas, comunicaciones con los partidos políticos o casos judiciales.

Cinco países bajo el foco

Además de en España el informe pone el foco en Hungría, Polonia, Grecia y Chipre y España aunque también esboza la situación respecto a una docena de países de la UE y las instituciones europeas. Concluye que, aunque no se ha confirmado oficialmente, se puede asumir que todos los Estados miembros han comprado uno o más productos de espionaje y que una sola compañía, la israelí NSO Group, ha vendido sus productos a 22 usuarios finales en al menos 14 Estados miembros. "Al menos en 4 de ellos (Polonia, Hungría, Grecia y España) ha habido un uso ilegítimo aunque se sospecha también de Chipre. La liberal holandesa no solo critica a la falta de colaboración de los gobiernos. También apunta a la tibieza de la Comisión Europea

El informe critica la actitud y la respuesta de los gobiernos y también de la Comisión Europea a quien a acusa de responder con tibieza. Es más, ve con preocupación que no existe ninguna supervisión europea significativa, ni para frenar el uso ilegal de programas espía contra las personas, ni para controlar el comercio de estos productos digitales aunque se trata de una "industria paneuropea".

"La Comisión Europea lo trata como un asunto puramente nacional, dejando al descubierto la defensa de la democracia", lamenta reclamando una regulación estricta y, mientras tanto, una moratoria de la venta y adquisición de este tipo de programas. "Lo que espero de los gobiernos nacionales es que se comporten como demócratas y sean responsables con los ciudadanos, el público y las personas que han sido espiadas. En una democracia poner a las personas bajo vigilancia debería ser una excepción", avisa. La eurodiputada también reclama una definición común de "seguridad nacional" que permita determinar qué régimen se aplica a estos asuntos.