Las otras manos tendidas del PSC que sí ha cogido Pere Aragonès

Defensa del catalán

Si hay un acuerdo al que a menudo recurre el PSC para ejemplificar los "vetos selectivos" que atribuye a ERC este es el de la ley para defender el catalán como lengua vehicular en la escuela y sortear la aplicación del 25% de castellano. El pacto, cuyas negociaciones se alargaron durante dos meses por el naufragio del primer entente con el desmarque inicial de Junts, se acabó sellando el pasado 8 de junio en el Parlament con el voto de socialistas, republicanos, 'comuns' y posconvergentes. La norma está ahora en manos del Tribunal Constitucional y, pese a que cada partido se ha acogido a distintas interpretaciones del texto para justificar su apoyo y que el 'conseller' de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, estaba en el punto de mira por la batería de huelgas educativas, las formaciones que la aprobaron han cerrado filas. Significativo es que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya recurrido la ley, algo que hubiera supuesto la suspensión inmediata.

Renovación de los órganos estatutarios

En diciembre del año pasado, ERC, el PSC y Junts pactaron la renovación de los principales órganos estatutarios, algunos miembros de los cuales tenían el mandato caducado desde hacía siete años. Así pues, los tres principales partidos llegaron a un acuerdo para designar los nuevos miembros en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), la Sindicatura de Greuges, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), el Consell de Garanties Estautàries y la Sindicatura de Comptes. El resto de partidos criticaron lo que consideraron como un "reparto de sillas" y que, en este caso, no hubiera líneas rojas entre unos y otros como pasa, por ejemplo, a la hora de formar gobierno o impulsar los presupuestos.

Mesa de diálogo

A pesar de las dificultades para arrancar acuerdos concretos de la mesa de diálogo y para garantizar el cumplimiento de lo pactado a cambio del apoyo de ERC a los presupuestos de Pedro Sánchez, el PSC ha apoyado hasta ahora la continuidad de la interlocución sobre el conflicto político y así lo han votado en resoluciones en el Parlament. De hecho, en estos momentos está en plena ebullición la negociación sobre la modificación de la sedición en el código penal, un cambio que los socialistas catalanes han defendido que debe hacerse <strong>"pase lo que pase"</strong> y aunque el PP haya roto el acuerdo con el PSOE para renovar la cúpula judicial. Salvador Illa explicitó en una entrevista en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA que Sánchez cumplirá con este "compromiso", aunque a menudo afea a Aragonès que no convoque la mesa de partidos catalanes que también estaba incluida en el pacto de investidura del presidente del Gobierno.

Los Juegos de Invierno

El PSC y ERC cerraron también filas con la defensa de la candidatura conjunta de Catalunya y Aragón para los Juegos de Invierno 2030, finalmente fracasada. Aunque los dos partidos discrepaban sobre la necesidad de celebrar la consulta impulsada por el Govern, el partido de Illa defendió el acuerdo que alcanzaron la Generalitat, el Comité Olímpico Español y el Secretario de Estado para el Deporte y en base al cual 54 pruebas se realizarían en Aragón y otras 42 en Catalunya. La candidatura acabó saltando por los aires por el rechazo del presidente aragonés, Javier Lambán. El Govern afeó entonces tanto al Gobierno como a los socialistas que no censuraran ni impidieran el hecho de que el barón socialista torpedeara el pacto.

La presidencia del Parlament

El acuerdo entre ERC y Junts con el que echó a andar la legislatura establecía que los posconvergentes apoyarían la investidura de Pere Aragonès y que los republicanos harían lo propio con la elección de Laura Borràs como presidenta del Parlament. Pero la abertura de juicio oral a la dirigente por la causa por el presunto fraccionamiento de contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes fue un punto de inflexión. El 28 de julio, en aplicación del reglamento de la Cámara, la mesa acabó<strong> aprobando la suspensión</strong> de Borràs como presidenta de la institución con los votos favorables de ERC, el PSC y la CUP. Sin el voto de los socialistas, la suspensión no habría prosperado. Desde entonces, el Parlament está en una situación de interinidad en la que la republicana Alba Vergés es vicepresidenta con funciones de presidenta.