Cuando se hace política desde el TC: recurrir leyes en la oposición y no derogarlas en el Gobierno

Queda más de un año para que el Congreso ponga fin a la legislatura y las calles vuelvan a vestirse con banderines y carteles de los partidos políticos, pero en la política nacional ya se empieza a respirar cierto olor a campaña electoral. Aunque los programas no se han puesto a punto, el PP ya ha dado bastantes pistas de lo que hará si alcanza la Moncloa: en su agenda está la derogación de todas las leyes del gobierno de PSOE y Unidas Podemos que ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC). Feijóo pondrá fin a la ley de Memoria Histórica, la de Educación, las que regulan la eutanasia y el aborto, o el traspaso del Ingreso Mínimo Vital al País Vasco y Navarra. Derogará incluso la Ley de Secretos Oficiales, que todavía ni ha sido aprobada. La lógica que aplicaba Feijóo en una entrevista es sencilla: “Si un partido llega a la conclusión de que una ley es inconstitucional y mañana tiene la responsabilidad de gobernar en España, por coherencia debe derogar total o parcialmente aquellas leyes que tiene recurridas”. 

Sin embargo, la historia refleja que estas normas no están necesariamente sentenciadas: no es la primera vez que los populares prometen acabar con las leyes socialistas recurridas mientras están en la oposición y que posteriormente mantienen cuando llegan al Gobierno. Recurrir al TC para mostrar rechazo a las políticas del Ejecutivo de turno ha sido una práctica habitual de los dos grandes partidos, pero una vez en la Moncloa, no siempre han obrado en consecuencia.  

La batalla política del PP y el Gobierno por los impuestos a los ricos se dirige al Constitucional

En 2021, los grupos parlamentarios presentaron 17 recursos contra leyes estatales, el dato más alto de la serie. El récord se había alcanzado en 2013, con diez recursos.

El recurso de inconstitucionalidad lo pueden interponer el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. En la última memoria de la institución, su presidente, Pedro José González-Trevijano, señalaba que “sobresale el número de recursos de inconstitucionalidad promovidos por los diferentes grupos parlamentarios”, con 17 de los 32 presentados contra leyes del Estado. Todo un récord, puesto que casi duplica el dato más alto de la serie, el de 2013, cuando los partidos firmaron diez recursos contra normas estatales. Una tendencia que no decrece: en los primeros ocho meses del año, ya son once los recursos  contra leyes estatales promovidos por diputados o senadores. Muchos de ellos llevan la firma de Vox, pero el PP también secunda algunos de ellos: el TC se usa como una nueva oportunidad de tumbar una norma que ha logrado el apoyo mayoritario del legislativo.

Aborto y matrimonio homosexual

En 1985, Alianza Popular, antecesora del PP, se opuso a la ley de supuestos en los que se permitía una interrupción voluntaria del embarazo. Luego la llevó al Tribunal Constitucional, que acabó por darle el visto bueno no sin que el Gobierno tuviera que hacer varios ajustes. Cuando José María Aznar alcanzó el Gobierno en 1996, la norma no se tocó. Tiempo después aseguró que la había respetado durante su mandato porque era “de consenso” y mantenía el aborto voluntario como “un delito, con alguna excepción”. 

Con el PSOE de nuevo en el Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero convirtió el aborto en un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas de embarazo. El PP llevó de nuevo esta reforma al Tribunal Constitucional, que doce años después aún no se ha pronunciado. 

No tuvieron que esperar mucho los populares para tener en su mano cambiar la legislación a la que se habían opuesto. El PP de Mariano Rajoy venció con mayoría absoluta en 2011, pero pese a que el presidente estaba entre los firmantes de aquel recurso, sólo reformó la norma para añadir la exigencia de incluir el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años que quieren interrumpir su embarazo. La ley del aborto le costó el puesto al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que había impulsado un cambio más ambicioso y que no llegó a buen puerto: recibió contestación incluso en el propio partido.

Durante la legislatura de Zapatero, los populares intentaron, sin éxito, tumbar en los tribunales la Ley de Suelo, la reforma de la Ley Orgánica del TC, la reforma del Reglamento del Senado e incluso varias leyes de Presupuestos Generales del Estado. Otro ejemplo es la ley de Igualdad de 2007; en concreto, la obligación de llevar a los comicios listas paritarias. El TC rechazó el recurso del PP antes de que el partido volviera al poder. 

Algo similar ocurrió con la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, que el PP recurrió. La respuesta de la Justicia llegó siete años después, cuando Rajoy ya estaba en el Gobierno. En cualquier caso, el PP no había mostrado la más mínima intención de derogar un derecho del que más tarde haría uso el popular Javier Maroto en un enlace que contó con el propio Rajoy como invitado. La lentitud de la Justicia lleva a que el consenso social se imponga años después de que el partido se haya ganado el titular frente a su electorado. 

Los recursos del PSOE

Cuando el PP recurrió el Estatut de Catalunya que impulsó el Gobierno en 2009, Zapatero acusó al PP de querer “ganar en los juzgados lo que pierde, siempre, políticamente por las mayorías parlamentarias o por la mayoría social”.  Pero unos años después, cuando tocó estar en la oposición, fue el PSOE el que llevó al TC más de una docena de leyes de los populares en apenas dos años, como la amnistía fiscal, las tasas judiciales, la jubilación anticipada o la ley contra los desahucios. Muchas de ellas las aprobó el PP en solitario, con el rodillo de su mayoría absoluta. Pero también en muchos casos, el recurso socialista no se tradujo en una derogación de la norma recurrida una vez en el Gobierno: es lo que pasó con la prisión permanente revisable, que el PSOE recurrió junto a otros partidos por considerarla una cadena perpetua encubierta y cuya reforma enfrió posteriormente a la espera del veredicto del TC, que acabó resolviendo que era constitucional hace apenas un año.

También la ley de Seguridad Ciudadana sigue pendiente de derogación o reforma, pese a que Pedro Sánchez lleva cuatro años en el Gobierno y es una promesa recurrente. El Congreso se prepara para dar luz verde al enésimo intento antes de que acabe la legislatura. La situación es similar a la de la reforma laboral de 2012, que el PSOE llevó al TC y que recibió el visto bueno de la Justicia en febrero de 2015. Hasta diez años han tardado los socialistas en derogar algunos de esos preceptos: la nueva reforma se aprobó este año, cinco después de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa. 

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