El sector conservador del CGPJ se queda sin excusas para bloquear la elección de los dos magistrados al TC, por Ernesto Ekaizer

No hay avances para cumplir la ley y nombrar en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los dos magistrados con mandato caducado en el Tribunal Constitucional (TC) Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol.

Los representantes de los dos grupos del CGPJ -mayoría conservadora y minoría progresista- se reunieron este jueves para abrir el camino a la convocatoria de un pleno extraordinario para nombrar a los dos magistrados que toca a dicho órgano para el TC. "La reunión fue correcta, pero el sector conservador afirma que no estará en condiciones de proponer un candidato hasta el pleno ordinario del 24 de noviembre", dijo una fuente consultada.

Los negociadores del sector conservador son José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y José María Macías y los del grupo progresista Álvaro Cuesta y Roser Bach, habida cuenta de que el tercero, Rafael Mozo, es ahora presidente suplente, a raíz de la dimisión de Carlos Lesmes.

En realidad, en el bloqueo de la renovación del CGPJ siempre ha sido el TC la raíz del "problema": el cambio de mayoría a favor del sector progresista que la derecha de la magistratura y sus medios afines intentan evitar o retrasar.

Tras la ruptura unilateral del pacto para renovar el Poder Judicial el jueves 27 de octubre por parte de Alberto Nuñez Feijóo se ha abierto una fase reveladora.

¿Por qué? Porque definirá hasta qué punto el sector conservador del CGPJ está cohesionado en la decisión de llevar su incumplimiento de la ley que obliga a hacer esos nombramientos (20 de julio de 2022) y mantener su adhesión al bloqueo anunciado por el PP.

Según adelantamos, el sector progresista (seis magistrados más el vocal Enrique Lucas, nombrado a propuesta del Partido Nacionalista Vasco), tenía ya la preferencia por el nombramiento del magistrado de la Sala Tercera, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección sexta, del Tribunal Supremo.

La negativa de Llarena

Este jueves formalizaron su decisión en una reunión interna. Por cinco votos salió elegido Bandrés contra uno, el de la vocal formalmente progresista Mar Cabrejas, que votó por el magistrado Pablo Lucas, también de la Sala Tercera. Por su parte, Enrique Lucas, hermano del magistrado del Supremo, se abstuvo. Cabrejas anunció que respetará la opción de su grupo y que votará a favor de Bandrés cuando el Pleno proceda a hacer la elección.

Y aunque los conservadores cuentan con la disposición del magistrado Julián Sánchez Melgar, de la Sala Segunda, Sala de lo Penal, del Supremo, y ex fiscal general del Estado del gobierno de Mariano Rajoy, han manifestado que abrirían consultadas con todos aquellos que habían rechazado con anterioridad la oferta de pasar al TC. Entre ellos el magistrado Pablo Llarena, quien, según es público, se negó en varias ocasiones a “aceptar” la oferta.

Ahora ha trascendido que, en realidad, Llarena, el célebre instructor de la causa del 'procés', se había apartado “porque no quería perjudicar a su esposa, Gema Espinosa”, según informaron fuentes judiciales a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA. La magistrada en excedencia había reunido los avales para ser vocal del nuevo CGPJ y contaba con el respaldo del PP.

Parecía comprensible que Llarena declinara pasar al TC porque sigue llevando asuntos de la causa del 'procés', tanto en España como en el extranjero, una causa en la que están pendientes decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que afectan a las euroórdenes cursada a la justicia belga para la extradición de dirigentes independentistas catalanes, Carles Puigdemont entre ellos.

La posición del PP

Pero si es un problema de candidatos, la elección no quedará. Porque hay varios. Y porque, en rigor, nunca hubo realmente falta de candidatos.

El PP unió ambas negociaciones sin que hubiera razón para ello. Porque una parte de los candidatos a vocales del CGPJ sí pasan por el Congreso y el Senado. Y los partidos tienen el poder de los escaños. Pero, y en ¿TC? Hay cuatro plazas a renovar. Dos por el Gobierno y dos por el CGPJ. Y ahora, después de la modificación de la ley orgánica, a partir del 13 de septiembre este CGPJ caducado puede hacer esos nombramientos.

Pero el PP quería un cambio de cromos.

Y, ¿por qué?

Si se tenía que rendir a “aceptar” la mayoría y presidencia progresista -después de nueve años y cuatro meses de dominio conservador en el TC- Feijóo buscaba aparecer en el pacto como el ganador de cara al público para justificar su viraje después de cuatro años de bloqueo, desde noviembre de 2018.

Pero como ya ocurrió en 2018, cuando se abortó la candidatura del presidente de la Sala Segunda del Supremo a raíz de una filtración, un sector del partido no estaba a favor de pactar con Pedro Sánchez y la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado.

El sector contrario a negociar ahora con el Gobierno, representado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arremetió contra el pacto con Sánchez en la semana prevista para la firma del pacto, en la cual, además, el PSOE acortaba, después de meses, distancia con el PP en los sondeos electorales.

Feijóo cogió al vuelo las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero, el jueves 27, que había pactado el respaldo inicial al proyecto de presupuestos generales del Estado con los socios de la investidura de Sánchez, y en las que anunciaba la próxima presentación de la reforma del delito de sedición en el Congreso.

Los nuevos contactos en curso deberían culminar -si no hay interferencias políticas- en los nombramientos de las cuatro plazas a renovar en el TC.

El Gobierno sigue esperando a que el CGPJ haga sus designaciones primero para a continuación realizar los suyos, a fin de evitar una nueva confrontación que ilustraría el “lío” judicial y constitucional realmente existente. 

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