Negociación con el PSOE

La regulación de los alquileres en Catalunya, pendiente de la negociación de los Presupuestos

Unidas Podemos, ERC y EH Bildu buscan introducir en las cuentas una enmienda que permita desactivar la decisión del Constitucional

Inmobiliaria en el barrio barcelonés de Horta-Guinardó.

Inmobiliaria en el barrio barcelonés de Horta-Guinardó. / Elisenda Pons (El Periódico)

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Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez

Periodista

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No todo lo que se negocia en los Presupuestos Generales del Estado es dinero. Incluso, hay veces que esto es lo de menos. El proyecto de Presupuestos, más allá del estado de ingresos y gastos de las cuentas del próximo año, puede albergar otro tipo de cambios legislativos. Es en este apartado en el que Unidas Podemos, ERC y EH Bildu quieren colar a través de cuatro enmiendas el grueso de la ley de vivienda ante el bloqueo de la negociación con el PSOE. Pero no solo eso, en una de las enmiendas que han registrado buscan blindar la ley catalana de alquileres, anulada en parte por el Tribunal Constitucional (TC).

En septiembre de 2020, el Parlament aprobó una norma para poner coto a las subidas abusivas de alquileres. Lo hizo con un ojo puesto ya en los recursos anunciados por PP y Cs ante el Tribunal Constitucional. Más tarde se acabó sumando otro registrado por el propio Gobierno de coalición. El motivo era la invasión de competencias. La norma recoge la capacidad de la Generalitat de designar zonas de mercado tensionadas en las que se fija que el precio del alquiler no puede aumentar respecto al contrato anterior y que si una vivienda tenía un precio por encima de la media de alquileres de la zona, el nuevo contrato no podría superar el índice de precios de la Generalitat.

El Tribunal Constitucional, en respuesta al recurso presentado por el PP, anuló en marzo los artículos que limitaban el precio de los alquileres al entender que las bases de la contratación en materia civil solo le corresponde al Estado según el artículo 149.1 de la Constitución. Las enmiendas presentadas por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu pretenden revertir esta decisión otorgando a Catalunya la capacidad de legislar sobre los contratos de arrendamientos urbanos.

La solución

Morados, republicanos catalanes y aberzales quieren introducir en los Presupuestos una modificación de la ley de arrendamientos urbanos de 1994 para estipular que "las comunidades autónomas que sean competentes en materia de vivienda y derecho civil, foral o especial, podrán regular íntegramente los contratos de arrendamientos urbanos". Catalunya tiene las competencias en materia de vivienda y derecho civil, por lo que estaría amparada por este nuevo artículo. De esta forma creen que se podría esquivar la anulación del Tribunal Constitucional y que la norma catalana volviera a estar vigente.

También quieren incluir que las comunidades autónomas puedan adecuar la legislación estatal en materia de vivienda a las "necesidades y particularidades del propio territorio como en el marco de las zonas declaradas de mercado residencial tensionado y mediante el sistema de índices de precios de referencia del alquiler de vivienda". A este respecto, la norma catalana establece que los hogares de las zonas tensionadas que se alquilen por primera vez tendrán que ajustarse al índice fijado por la administración para cada zona. Por lo tanto, estaría también amparada esta medida.

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El Tribunal Constitucional tumbó también el decreto ley de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia, con el que se obligaba a los grandes tenedores (propietarios de 10 o más viviendas) a ofrecer una alternativa habitacional antes de iniciar los trámites judiciales que podían acabar en desahucio. La razón fue, nuevamente, la invasión de competencias. Ahora, a través de otra enmienda presentada a los Presupuestos, las tres formaciones pretenden prohibir de manera definitiva y en todo el Estado los desahucios cuando el arrendador se trate de un gran tenedor y el arrendatario no tenga una alternativa habitacional y se encuentre dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial.

Dos vías

Las negociaciones con el PSOE, partido decisivo para que cualquiera de estas propuestas cristalicen en los Presupuestos, resultarán arduas. Los socialistas llevan meses bloqueando la tramitación de la ley de vivienda en el Congreso, aunque se han mostrado dispuestos a reabrir las conversaciones con ERC y EH Bildu si esto allana la aprobación de las cuentas. Las opciones son introducir estas enmiendas en los Presupuestos o desempolvar la ley de vivienda e incluirlas es esa norma.