Memoria democrática
Yolanda Díaz retira la medalla al Mérito en el Trabajo a Franco
La decisión de la vicepresidenta segunda también afectará a otros nueve miembros del franquismo
Miguel Ángel Rodríguez
Periodista político, especializado en la información parlamentaria del Congreso y el Senado
Visiblemente emocionada, con lágrimas en algunos momentos y la voz quebrada, Yolanda Díaz ha anunciado la retirada de la Medalla al Mérito en el Trabajo al dictador Francisco Franco y otros nuevo miembros del régimen. Haciendo uso de la recién promulgada ley de Memoria Democrática, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha asegurado que su ministerio está "mirando al futuro" y "asumiendo un mandato ético y que ahora es legal".
Con el Libro de Oro del Trabajo, donde se recogen todas las personas que han recibido esta distinción desde que la dictadura franquista la recuperara en 1942, la líder de Unidas Podemos en el Gobierno ha reivindicado que es necesario acabar con la "anomalía incomprensible" de que nombres relacionados con la represión figuren en él. "Es incomprensible la permanencia de ciertos nombres", ha dicho, antes de explicar que se retirará la condecoración a Franco.
"Si queremos mantener esta distinción, esta medalla ha de ser con los criterios actuales", ha afirmado en referencia a la recién aprobada Ley de Memoria Democrática. Así, además de a Franco, el ministerio de Trabajo retirará esta condecoración al ideológo de la dictadura José Luis Arrese y Magra; a los ministros franquistas José Antonio Girón de Velasco, Juan Yagüe Blanco, José Solís Ruiz, José María Fernández de Ladreda, Jesús Romero Gorría; al empresario Félix Huarte Goñi, al cardenal Enrique Pla y Deniel y al militar José León de Carranza y Gómez Pablos.
La norma
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero un nuevo reglamento de la Medalla y la Placa al Mérito en el Trabajo para permitir, entre otros cambios, retirar las otorgadas a colaboradores de la represión franquista.
La norma permite retirar las medallas "cuando quede acreditado que la conducta y trayectoria de la persona o entidad condecorada sea incompatible con la ejemplaridad cívica y profesional exigida para la obtención del galardón". También, especifican, cuando la persona beneficiaria, "antes o después de la concesión, hubiese formado parte del aparato de represión de la dictadura franquista y hubiera cometido actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de protección de los derechos humanos".
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