Últimas horas de negociación

El Gobierno y el PP, al límite, se dan "48 horas" para cerrar el CGPJ y el Constitucional

Fuentes del entorno del PP aseguran que se ha pactado que el presidente del Tribunal Constitucional será el magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido

Alberto Núñez Feijóo, ante Nadia Calviño y Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo, ante Nadia Calviño y Pedro Sánchez. / José Luis Roca

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Últimas horas de contactos entre el Gobierno y el PP para acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional. Según aseguraron fuentes conocedoras de la negociación, "o sale en 48 horas o no sale". La autoimposición de este plazo es, sobre todo, la constatación de que las dos partes se ven abocadas a un desenlace.

La propia portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, señaló públicamente por la mañana que "estamos en la parte final y es la más compleja". Esta sensación de que o se remata ya o no habrá pacto es la que transmiten también otros interlocutores.

Pese a que las conversaciones se han extendido más de lo previsto, persiste la idea de que el acuerdo prosperará. Poco más queda por discutir. Fuentes cercanas al PP apuntan a que se ha pactado que la presidencia del Constitucional la ocupará Cándido Conde-Pumpido, aunque formalmente su elección depende de una votación posterior del propio tribunal, que elige también al vicepresidente. Se había especulado con la otra magistrada progresista, Asunción Balaguer, del cupo de dónde debe surgir el nombre del presidente -el tercio que saldrá en la próxima renovación-, pero estas fuentes aseguran que será Conde-Pumpido.

Las negociaciones han sufrido altibajos por nombres como el juez José Ricardo de Prada que, señalan fuentes sabedoras del contenido de los contactos, está "superado" o por la magistrada y delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell. Sobre De Prada pesa un veto directo del PP, que impidió que fructificará el alumbramiento de un nuevo CGPJ la ronda anterior, porque se le atribuye una de las frases más contundentes de la primera sentencia del caso Gürtel, que derivó en la moción de censura contra Mariano Rajoy. 

En el caso de Rosell, la jueza ha tenido un papel protagonista, sobre todo porque Podemos, que la propone para formar parte del CGPJ, amenazó el viernes con descolgarse de un pacto entre el Gobierno de coalición y el PP si ella no integraba el órgano de los jueces. Esa postura se fue atemperando este lunes, al menos por parte del sector que se aglutina en torno a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de Izquierda Unida, que pidieron quitar el foco sobre la identidad de los posibles candidatos para tratar de desbloquear el acuerdo.

Pese a este cambio, la presencia o no de Rosell ha sido objeto de debate entre los dos negociadores, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. A Rosell se le reconoce como una de las complicaciones del tramo final porque Alberto Núñez Feijóo había exigido perfiles independientes que cumplan con el "requisito de la despolitización". Fuentes cercanas a las conversaciones defienden que el nombre de esta jueza, con cargo actualmente en el Gobierno, ya está "amortizado" y "se ha pasado página".

El escollo del cambio de la ley

Aun así, quedan flecos abiertos, ya que tanto el CGPJ, el TC y la petición del PP de caminar hacia una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial para que los jueces tengan un "peso determinante" en la elección de su órgano de gobierno se negocia a la vez. Forman parte de un conjunto que se debe completar en todas sus líneas.

En este sentido, se apunta a que no se ha acabado de cerrar el compromiso conjunto, que se reflejará por escrito, de avanzar en el precepto del PP de que "los jueces elijan a los jueces", aunque sea a través de una propuesta posterior, que estudiaría y redactaría el nuevo Consejo General del Poder Judicial, para impulsarlo cuando exista una mayoría suficiente.

Según ha podido saber este diario, Bolaños y González Pons prosiguieron el lunes por la tarde con las negociaciones para poder rematar el pacto en las próximas horas. La impresión hace dos semanas, cuando el expresidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, anunció públicamente su dimisión y eso provocó un contacto entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que derivó en una reunión al día siguiente en Moncloa, es que el acuerdo se conseguiría más rápido.

Pero una vez superada la barrera de los cuatro años con el CGPJ caducado, por el persistente bloqueo del PP que llevó al Gobierno a toda una serie de acrobacias legales para impedir primero los nombramientos del Poder Judicial y facilitar después la renovación del TC, hasta los más escépticos en política asumen que bien está lo que bien acaba.