Tras el cierre de la Modelo
Querella contra exaltos cargos penitenciarios catalanes
Imputados por supuesta prevaricación el exsecretario de Justícia y exdirector de CatSalut, Adrià Comella, y el repuesto director de prisiones, Armand Calderó
Juan José Fernández
Redactor Jefe
Reportero.
Profesor en el Master de Periodismo Avanzado – Reporterismo de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (Universitat Ramon Llull).
Diplomado por el CESEDEN en Altos Estudios de la Defensa Nacional.
Fue jefe de Información y reportajes y jefe de Redacción de la revista Interviú durante 19 años.
La magistrada Carmen Suárez, titular del Juzgado de Instrucción 26 de Barcelona, quiere interrogar como imputados a Armand Calderó, nuevo secretario general de Mesures Penals de la Generalitat, y a quien fuera director del CatSalut en la fase dura de la pandemia, Adrià Comella, ambos por una supuesta prevaricación en la reasignación de puestos a funcionarios penitenciarios tras el cierre de la cárcel Modelo de Barcelona.
El juzgado emitió diligencias el pasado 5 de octubre convocando a los dos altos cargos. Fue en vano en el caso de Calderó por resultar “desconocido” su domicilio y no conocer el juzgado su DNI. Ahora Calderó tiene nueva dirección postal: tras la ruptura del Govern, el nuevo Ejecutivo de la Generalitat le ha repuesto al frente de Mesures Penals, el mando operativo más alto de las cárceles catalanas, puesto que ya ocupó entre febrero de 2016 y julio de 2021. Últimamente trabajaba como coordinador de Sistemas de Seguretat Pública en el Departament d’Interior.
A Comella, hoy gerente del Hospital Sant Pau de Barcelona, lo citan en razón de su responsabilidad como secretario general del Departament de Justícia -cargo que desempeñó como superior de Calderó de enero de 2016 al convulso octubre de 2017-, y no por su etapa al frente de CatSalut.
Por esa etapa sanitaria está Comella imputado en otro caso judicial en curso, el que por denuncias de sindicatos policiales sigue el Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona, que investiga por qué se retrasó la vacunación contra el covid de los guardias civiles y policías nacionales destinados en Catalunya.
Querella
Este nuevo pleito es una de las consecuencias que colean del cierre definitivo en junio de 2017 de la histórica Cárcel Modelo de Barcelona, burocráticamente Centre Penitenciari d’Homes, y más popularmente la Model.
El pasado 22 de agosto, la jueza Suárez percibió indicios de un delito de prevaricación administrativa en lo relatado en una querella, que admitió a trámite, contra Calderó y Comella. La denuncia también va dirigida contra el exdirector de Servicios de Justícia Àngel Cortadelles por su implicación lateral en los hechos.
El denunciante, el funcionario penitenciario Francesc López, es el actual coordinador en Catalunya del sindicato penitenciario Acaip –aliado con UGT forma la central mayoritaria en las prisiones que rige el Estado-, pero hace su denuncia como perjudicado, aunque su sindicato respalda la denuncia. En marzo de 2017, cuando la Generalitat decide iniciar trámites para la clausura de la Modelo, López era funcionario de esa prisión, y ya con actividad sindical, e iniciaba como otros gestiones para obtener un nuevo destino.
En aquel mes de marzo, la Generalitat llegó con otros sindicatos a un Acuerdo sobre Afectaciones al Personal por el cierre de la Modelo. El pacto garantizaba que los funcionarios serían reubicados en puestos similares en centros a no más de 40 kilómetros de distancia entre los de su elección, siempre con decisión final de Adrià Comella.
Las preferencias de los trabajadores públicos afectados se recogieron en las respuestas a un email de Recursos Humanos de Justícia, que llamaba a señalar diez posibles establecimientos penitenciarios como los preferidos por cada afectado.
Según la querella, la conselleria no le pidió preferencias a López, como sí hizo con los demás, y le asignó directamente un puesto en el Centre Penitenciari de Dones. A otros funcionarios –sindicalistas y no sindicalistas- sí les dio la Generalitat la posibilidad de escoger destino.
La denuncia relata que estos hechos fueron conocidos por Comella directamente, y que la reasignación del puesto de trabajo se hizo por un pacto con sindicatos rivales a Acaip, y con ejecución de Armand Calderó. La querella considera que Comella “decidió dolosamente olvidarse de cuáles eran sus funciones y obligaciones”. Él y Calderó, según la denuncia, “se apartaron de la legislación vigente para adjudicar la plaza, cediendo a las presiones que los sindicatos ejercieron sobre ellos”.
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