Medina alega una vulneración de su derecho de defensa si no se interroga a San Chin Choon

Luis Medina considera que si en el procedimiento por la compra de mascarillas en el que se le imputa un delito de estafa y otro de falsedad no se interroga al empresario malasio San Chin Choon se verá vulnerado su derecho de defensa. El hijo del Duque de Feria recurre así la decisión del juez Adolfo Carretero de rechazar tomarle declaración mediante videoconferencia desde la Embajada en España en Kuala Lumpur, por razones de seguridad jurídica y de legalidad internacional, pero sobre todo, porque no descarta su posible imputación y para ello ve imprescindible la inmediatez que daría su presencia en España.

San Chin Choon, dueño de la empresa Leno, que vendió material sanitario a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, que ellos a su vez vendieron al Ayuntamiento madrileño, respondió al requerimiento del juzgado madrileño que le era imposible desplazarse a España y ofreció la posibilidad de declarar desde la embajada, opción que el magistrado rechazó.

Ahora en su recurso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Medina insiste en la importancia de la declaración del ciudadano malayo por videoconferencia, como también solicita su socio Luceño y "direcciones procesales que, en este caso, son antagónicas" a la suya, como son las que ejercen la acusación popular en nombre de Más Madrid y Podemos.

Recuerda que "como representante de la compañía malaya Leno y el firmante de los contratos hoy en día investigados", resulta "vital que se acuerde su declaración o en su caso se inste una nueva comisión rogatoria". E insiste en que al ser la embajada territorio español, siempre puede ser debidamente identificado allí, por lo que "nada obstaculiza que pueda declarar por videoconferencia con todas las garantías de identificación, ya que personalmente le es imposible comparecer".

Apartar lo ajeno

Por su parte, Luceño ha presentado un escrito en el juzgado en el que solicita que se proceda al expurgo de la documentación, fotografías y vídeos ajenos al procedimiento que le fueron intervenidos en los registros realizados el pasado septiembre en su domicilio y su sociedad, Takamaka, en los que le fueron intervenidos "diversos dispositivos móviles, ordenadores, discos duros y pendrives".

Luceño alega por un lado que el desprecintado de lo intervenido no se hizo con todas las garantías y, por otro, reclama que todo el material ajeno al procedimiento sea apartado, para lo que solicita que se le envíe una copia para poder revisarlo y seleccionar qué es ajeno y, por tanto, debe quedar fuera de la causa.