Manual para no perderse con el bloqueo del Poder Judicial

1 El acuerdo frustrado

Parecía que los principales partidos habían hecho los deberes con tiempo y que por una vez no habría retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato vencía el 4 de diciembre de 2018. Sin embargo, el acuerdo entre PP y PSOE saltó por los aires cuando se filtró que los vocales elegirían como presidente al actual presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, que también presidió el juicio del 'procés'.

Pese a lo poco ortodoxo del sistema, porque la ley dice que el presidente del Supremo y del CGPJ será elegido por los vocales una vez nombrados y no por acuerdo de las Cámaras, lo que arruinó definitivamente el pacto fue un whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que afirmaba que con su designación "controlarían por detrás" la Sala de lo Penal del alto tribunal.

Ante semejante despropósito, Marchena renunció públicamente a presidir el Poder Judicial el 18 de noviembre de 2018. Desde entonces ha rehusado cualquier propuesta recibida en este sentido.

2 Las exigencias

A partir de ese momento, todo se torció. El entonces presidente del PP, Pablo Casado, empezó a poner condiciones ajenas al mundo judicial, circunstancia que fuentes jurídicas califican a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA de "inédita", porque hasta ese momento la discusión entre fuerzas políticas había versado sobre la idoneidad de los candidatos. A partir de ese momento se argumentó en que no habría acuerdo si participaba Podemos, pese a formar parte del Gobierno de coalición, por sus críticas al rey emérito. También se esgrimió la proximidad de las elecciones catalanas, la concesión de los indultos a los condenados del 'procés' y los últimos comicios andaluces.

Todo ello jalonado con distintos vetos de candidatos, como el del magistrado José Ricardo de Prada, al que se considera autor de las frases más contrarias al PP de la sentencia del caso Gürtel. El PSOE lo había incluido en el turno de juristas, porque cuando se elaboró la lista de futuros vocales estaba en comisión de servicios. Cuando se volvió a abordar el acuerdo, ya había vuelto a la Audiencia Nacional, por lo que debía haber sido elegido en el turno de jueces.

3 Reformas exprés

Por su parte, el Gobierno de coalición intentó forzar al PP a volver a la mesa de negociación a través de reformas legales. La primera fue tan polémica que se vio obligado a retirarla: pasaba por poder designar vocales por mayoría de las Cortes, sin necesidad de llegar a los tres quintos, lo que en la práctica significa constituir un órgano de gobierno de los jueces totalmente afín a quien en ese momento ejerza el poder incluso sin tener mayoría absoluta.

La que sí salió adelante es la que impide al CGPJ hacer nombramientos mientras esté en funciones, lo que no ha llevado al PP a pactar, pero sí ha puesto al Supremo en una posición muy delicada, en la que se teme que en breve dejará de dictar un millar de sentencias al año, ya que las vacantes que se producen en el alto tribunal por jubilación o fallecimiento no se cubren, lo que hace que haya menos jueces justo cuando más procedimientos hay: solo por reclamaciones relacionadas por el covid han entrado unos 5.000 asuntos en el alto tribunal.

4 El Constitucional

La ley orgánica del poder judicial volvió a ser reformada el pasado junio, pero únicamente para permitir al Consejo hacer los nombramientos del Tribunal Constitucional, ya que el veto que se le había impuesto mientras esté en funciones también incluía la designación de los dos magistrados del órgano de garantías que le corresponden en el tercio pendiente ahora de renovación. Si el CGPJ no nombraba a los suyos, resultaría cuando menos cuestionable que el Ejecutivo pudiera elegir a los dos que le tocan.

Esta renovación del Constitucional resulta de especial importancia para el Gobierno de Pedro Sánchez, porque con ella cambiará la sensibilidad mayoritaria del tribunal de garantías y pasará de conservadora a progresista, con la consiguiente repercusión que ello puede tener en la resolución de los recursos pendientes entre los que figuran los presentados contra la ley del aborto, la eutanasia o la propia reforma que limita las funciones del CGPJ.

5 Pendientes del CGPJ

Aunque el Gobierno sostiene que puede nombrar a los dos magistrados que le corresponden de forma independiente al CGPJ, por el momento ha optado por dar un margen al órgano de gobierno de los jueces para que haga los suyos. El sector conservador del Consejo ha frenado los nombramientos y se ha limitado a sentar las bases de cómo los hará cuando haya un consenso entre los vocales de nombres, con independencia de las fechas que el Ejecutivo le ha dado para proceder a la elección.

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