Carles Campuzano, un veterano convergente con alma social

Carles Campuzano fue uno de los primeros convergentes que se bajó del barco cuando Carles Puigdemont asumió los mandos de la nave y puso rumbo a Ítaca. Dentro del espacio de centro derecha se afanó en representar el alma socialdemócrata, ejerciendo desde el partido conservador como interlocutor de sindicatos y organizaciones sociales. Gran parte de su carrera política la ha desarrollado hasta ahora en Madrid. Diputado en el Congreso desde 1996 y de manera ininterrumpida hasta 2019, ocupó una segunda fila mientras Duran i Lleida fue la referencia en Madrid y tras la ruptura entre Unió y Convergència asumió más galones.

Docto en cuestiones relativas a pensiones y el ámbito del trabajo, supo votar a favor de la reforma laboral de Mariano Rajoy en 2012 y preacordar la derogación de parte de la misma con el primer Gobierno en solitario de Pedro Sánchez, con Magdalena Valerio de ministra de Trabajo. El adelanto electoral y un precario equilibrio parlamentario no permitieron hacer llegar a buen puerto dicho principio de acuerdo y esa fue la última legislatura de Campuzano en el Congreso. En 2020 se daría de baja del PDECat por sus diferencias con la dirección unilateralista de Carles Puigdemont. Y de la política pasó a dirigir Dincat, una federación que agrupa a 300 entidades sociales y representa a más de 30.000 personas con discapacidad intelectual en Catalunya.

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Conocedor de entidades sociales

Aragonès ficha así a un conocedor de las entidades sociales, que en la actualidad ejercía como dirigente de la patronal del sector y con buenos contactos en un espacio donde históricamente la órbita convergente ha tenido influencia. Su principal reto será reducir los elevados niveles de pobreza que persisten actualmente en Catalunya y que apenas han disminuido desde el estallido de la crisis del 2008. Actualmente uno de cada cuatro catalanas vive en riesgo de pobreza, según datos de Idescat. Desde los sindicatos y las entidades le pedirá descongelar el Indicador de renda de suficiència (IRSC), el baremo de la Generalitat que marca cuánto se percibe de Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Otra carpeta que se le abrirá pronto será el dar encaje a la pronta subida del salario mínimo interprofesional más allá de los actuales 1.000 euros en los centros de trabajo especial (CET) que dependen de la Generalitat. Pues entre los trabajadores de las entidades este es el sueldo más habitual y en los últimos años ha habido fuertes tensiones dado los incrementos significativos aprobados por el Gobierno. Aquí el Govern asume la mitad del coste de la contratación de los empleados en CETs, donde operan algo más de 20.000 personas.

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