El juez se plantea imputar "al supuesto San Chin Choon" como "cómplice" de la estafa

El juez de Madrid que investiga el caso Mascarillas, Adolfo Carretero, se plantea la posible imputación de San Chin Choon, el empresario malayo que vendió las mascarillas en mal estado al Ayuntamiento de Madrid por las que los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina dieron un pelotazo 4,6 millones de euros, según consta en un auto de 5 de octubre, en el que el instructor rechaza la comparecencia como testigo del intermediario asiático por videoconferencia. 

"Tampoco sería descartable una posible imputación del testigo, como cooperador necesario en la estafa, como ya pide el partido Podemos, por lo que se precisa la más absoluta inmediación, a fin de que el citado señor pueda ser perfectamente identificado por la Policía española y responda ante las partes y el Ministerio Fiscal y este Instructor, con intérpretes de chino oficiales reconocidos por la Comunidad de Madrid, para que sus respuestas resulten claras", especifica el magistrado en el auto.

"El supuesto San Chin Choon"

El magistrado, que alberga dudas sobre la identidad del intermediario, considera que no se puede admitir una videoconferencia "del supuesto San Chin Choon, no sólo por la falta de garantías procesales internacionales y de legalidad, sino porque su testimonio alberga numerosas dudas que deben ser aclaradas". Y por eso apunta "la posibilidad" de que sea imputado "en cualquier momento de su declaración como cooperador necesario o cómplice de los investigados en el delito de estafa". Además, el instructor alude a la falta de tratados y reciprocidad con Malasia país con el que no hay posibilidad de que pueda ser extraditado.

El juez Carretero "no entiende", prosigue el auto, que "el supuesto San Chin Choon no quiera colaborar con la Justicia en un primer momento, luego mande correos en distintas fechas y ahora quiera declarar mediante videoconferencia, cuando está avanzada la instrucción y puede conocer las declaraciones de los investigados y de los testigos".

Tampoco comprende los motivos profesionales que alega el intermediario para venir a España en una fecha fijada: "Máxime cuando dice que es un empresario solvente, siendo notorio que ha declarado en una entrevista a la Agencia Efe, que circula por internet, diarios digitales e incluso cadenas de televisión, que sigue haciendo negocios con el investigado Luceño que ahora habla con él poco y por whatsapp, para que no se les relacione en exceso, y que este caso está politizado por lo que no viene a España para que parezca que ha hecho algo malo". En la resolución, el instructor califica a Luceño como "el verdadero gestor de la presunta estafa", al mismo tiempo que le considera sospechoso de haber manipulado documentos.

"Todavía no ha llegado"

El juez también desliza una crítica a la actuación de la Justicia, por enterarse después que la prensa de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de rechazar la imputación de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid: "Al parecer (todavía no ha llegado al Juzgado, pero es conocido por la Prensa)", lamenta Carretero.

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"Como acertadamente señala el señor fiscal en su escrito", prosigue el instructor en el auto, "la mala gestión de este asunto en la ejecución de estos contratos, sin duda puede tener un gran interés político, e incluso generar alguna responsabilidad política, pero ello es ajeno al proceso penal [...], sin que sea necesaria más documentación para acreditar el engaño que ha sufrido el Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de la venta de un material sanitario a un precio exorbitado en plena época de la pandemia covid, con la absoluta necesidad de adquirir el material para evitar muertes y al que los investigados ocultaron desde el primer momento sus comisiones, ya las fijasen ellos o ya las fijase un tal San Chin Choon, que no ha contestado a una comisión rogatoria enviada al efecto", concluye el magistrado en la resolución de 5 de octubre.

Por otra parte, el juez especifica que el análisis de la calidad las mascarillas lo realizará Aenor, "siempre que haya fondos para ello", pues esta firma ha comunicado al Juzgado que carece de laboratorios propios para este análisis y, que tiene que contar con un laboratorio de Alicante, que "sólo hará su trabajo si se le abonan sus honorarios". El juzgado gestionará el pago con la Comunidad Autónoma de Madrid: "Y si dicha Administración no la cubriera, se acudirá al proponente de la prueba para el abono de su importe, y si no lo hiciera, no se llevará a cabo la prueba", destaca la resolución.