Torrent, a los jueces: "En el Parlament no se puede prohibir ningún debate"

"En el Parlament no se puede prohibir ningún debate", ni "el Tribunal Constitucional por asuntos de interés público", aseguró el 'conseller' de Empresa y expresidente del Parlament Roger Torrent en el juicio que se celebra contra él y otros tres exmiembros de la Mesa de la cámara catalana por presunta desobediencia al haber tramitado en octubre del 2019 dos resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación y en contra de la Monarquía. En una declaración de unos 10 minutos, el dirigente de ERC contestó únicamente a su abogado, Andreu Van den Eynde, porque, a su entender, le asiste "la inviolabilidad parlamentaria".

La fiscalía reclama un año y ocho meses de inhabilitación y multa de de 30.000 euros para Torrent, La misma pena solicita para su excompañeros en la Mesa de la Cámara catalana Josep Costa (JxCat) y Eusebi Campdepadrós (JxCat), mientras que para Adriana Delgado (ERC) pide un año y cuatro meses y una multa de 24.000 euros porque solo participó en una sola de las tramitaciones. El juicio quedó este viernes visto para sentencia. "La sentencia tardara unos días porque es complicada", reconoció el presiente del tribunal.

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Torrent afirmó ante los jueces que la Mesa del del Parlament ejerce una "real neutralidad política" y no entra en el contenido de las iniciativas. Su cometido, precisó, es "el control meramente formal" de las propuestas. Esa supervisión se basa, agregó, tanto en el reglamento del Parlament, como en la protección de los derechos fundamentales y los tratados internacionales. Para el expresidente de la cámara catalana no se puede prohibir ningún debate en el hemiciclo porque "es incompatible con la esencia parlamentaria". El político republicano manifestó que dos de los elementos que se deben proteger es "la libertad ideológica y de expresión de los diputados", así como la representatividad de los ciudadanos que eligen a los parlamentarios. El objetivo final: "proteger la inviolabilidad de la cámara y de sus miembros".

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Sobre las dos resoluciones que tramitaron, Torrent explicó que los servicios jurídicos advirtieron de los mandatos del Constitucional de la obligación de impedir cualquier propuesta secesionista. Admitió que los letrados de la cámara expresaron sus "dudas" sobre si las iniciativas contravenían estos preceptos, pero, insistió, que no se les dijo en ningún momento que las paralizaran. "No tiene sentido parar una iniciativa parlamentaria", argumentó. En este sentido, alegó que antes y después se han aprobado resoluciones sobre la misma temática, como la Monarquía, y no se abrió ningún proceso penal. En su última palabra, el 'conseller' admitió que le preocupa los "efectos" y los riesgos que puede tener una sentencia condenatoria en el Parlament, "en la base del parlamentarismo", "en la libertad de expresión e ideológica" y en la representación de los ciudadanos.

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No entrar en el contenido

Los otros dos imputados también contestaron solo a sus abogados, invocando también la "inviolabilidad parlamentaria". Ambos reiteraron lo dicho por Torrent sobre que la Mesa no entra en el contenido de las resoluciones que se presenta. Según Delgado, las dos iniciativas "en absoluto era contraria" ni a la Constitución ni a la doctrina del Tribunal Constitucional. Camdepadrós, por su parte, reiteró que la Mesa tiene que velar por la protección de los diputados y que solo hace "un control formal, sin más" de las iniciativas. ""Todas mis actuaciones estaban guiadas por la aplicación del Derecho" y en defensa del "libre debate y la libertad de expresión". "Ningún tribunal puede alterar el normal funcionamiento y la autonomía del Parlament, que está amparado por la inviolabilidad", subrayó. En su última palabra, sostuvo que este es un "juicio político" y "una injerencia judicial expansiva". El cuarto acusado, el exdiputado Josep Costa, no asistió al juicio, tal y como anunció el jueves.

Abogado de Torrent: "Estamos juzgado al Parlament"

La fiscalía argumentó en su informe que la conducta de los acusados no está cubierta por la inviolabilidad parlamentaria, pues desobedecieron las advertencias del Constitucional, que, en su opinión, no ofrecían dudas. Sostuvo que los exdiputados acusados se situaron "por encima del cumplimiento del ordenamiento jurídico y de los tribunales, como una especie de casta que está por encima de los ciudadanos". El abogado de Torrent, Andreu Van den Eynde, contratacó: "La fiscalía ha usado 15 minutos para juzgar al Parlament. Estamos juzgado al Parlament". El letrado se extendió en la la inviolabilidad de los parlamentaria, replicó que los diputados "no son casta" y defendió que estos no tenía intención de desobedecer.

La abogada Olga Arderiu, que representa a Delgado, espetó: "Si no dejamos que la mesa admita a trámite iniciativas parlamentarias se impide el debate, hay censura y eso va en contra de derechos fundamentales de diputado y de la ciudadanía que representan". El letrado Jordi Pina, defensor de Campdepadrós, enmarcó el juicio en la serie de "procedimientos políticos" que se han instaurado en Catalunya desde el año 2017, con los que, en su opinión, el Estado español pretende infundir "miedo". "Quieren meterles miedo, no podéis hablar de esto, porque si no os inhabilitaré o iréis a la prisión", agregó. El letrado cree que con ese tipo de ofensiva penal se pretende ganar en los tribunales lo que no se puede "ganar en las urnas".