Bloqueo institucional

Romper el bloque conservador: una estrategia 'in extremis' para que el CGPJ cumpla la ley

La superación de la crisis en el órgano de gobierno de los jueces no garantiza la continuidad de Lesmes, que podría dimitir en los próximos días si los políticos no renuevan el órgano | Su sucesión en el Consejo también está en el aire, por el rechazo a la imposición automática de un nuevo presidente

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, preside el Pleno extraordinario para designar a los dos magistrados al Tribunal Constitucional (TC), el 8 de septiembre de 2022.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, preside el Pleno extraordinario para designar a los dos magistrados al Tribunal Constitucional (TC), el 8 de septiembre de 2022. / EFE

Cristina Gallardo

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Los 'interlocutores' designados por los bloques conservador y progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que trataban desde hace semanas de alcanzar un consenso que les permita nombrar a dos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y cumplir así con la ley, constataron este miércoles su fracaso, debido al encastillamiento en el que se ha situado un núcleo duro de ocho vocales que fueron designados por el PP. Se trata del último capítulo del 'culebrón' en el que parece haberse convertido el asunto de las renovaciones en estos dos órganos constitucionales, si bien se sigue buscando una solución 'in extremis' que sirva para desatascar un bloqueo sin precedentes en la historia de nuestra democracia.

Al término de la última reunión, en la que los conservadores rechazaron de nuevo poner un nombre sobre la mesa -alegando que no encuentran candidatos-, los progresistas anunciaron que comunicarían al presidente Carlos Lesmes que la comisión negociadora no se reunirá más y que buscarán "otras vías alternativas de acuerdo inmediato". Fuentes de este sector señalan que la estrategia pasa ahora por tratar romper el bloque conservador, de modo que alguno de los vocales que hasta ahora se han mantenido férreo en el bloqueo cambie de opinión y se avenga a llegar a un acuerdo.

Como en todo, cuenta la aritmética. Para que puedan nombrarse dos nuevos magistrados para el TC -los otros dos corresponden al Gobierno, y cuando todos ellos tomen posesión se logrará un órgano de amplia sensibilidad progresista- se necesitan doce apoyos en el Pleno del CGPJ. Así, a los ocho votos progresistas, más el de Lesmes se suman ya dos conservadores, que se sitúan entre los más fieles al presidente -Vicente Guilarte y Wenceslao Olea-, aunque aún les hace falta al menos un voto más. Entre los más proclives al cambio, según las fuentes consultadas, estarían los vocales Nuria Díaz Abad o Juan Martínez Noya, por su perfil más institucional, pero la verdad es que, hasta el momento, ambos se han mantenido fieles a la posición de bloqueo de sus compañeros.

Dimisión de Lesmes

El tiempo corre en contra del acuerdo, dado que el propio Lesmes ha comunicado a alguno de sus vocales su intención de dimitir esta misma semana si los políticos no resuelven de una vez la renovación pendiente del Consejo, cuyo mandato caducado hace ya casi cuatro años está en el origen de la situación actual. El presidente querría haberse ido con el encargo del TC cumplido, pero todo parece aventurar que quizá no será posible. Los propios progresistas reconocían en un comunicado público tras el último fiasco en la negociación que la exploración de otras vías de acuerdo debería sustanciarse "a lo largo de hoy, mañana y pasado, con la voluntad de cumplir en el plazo más breve posible". 

En todo caso, y aunque los progresistas triunfen, ello no garantiza la continuidad de Lesmes, que vincula su decisión con un acuerdo político entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo que parece estar muy lejos de ser realidad. Ello se evidenció en los desacuerdos que dejó la reciente visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

Sustitución también polémica

Por si fuera poco, ni siquiera parece que vaya a ser pacífica la aplicación del plan de sustitución previsto por el propio Lesmes. El presidente encargó un informe técnico que concluye que, con arreglo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, si él dimitiera correspondería ejercer sus funciones al actual presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, tanto en el alto tribunal como en el CGPJ.

Un sector del Consejo defiende, sin embargo, de producirse el relevo, la ley obligaría a una bicefalia entre las responsabilidades de ambos órganos (Supremo y Consejo) y que la Presidencia de este último debería ostentarla el vocal de más edad, que actualmente es Rafael Mozo, perteneciente al grupo progresista. En todo caso, no están dispuestos a aceptar a un presidente que se les imponga de forma automática, excluyendo cualquier participación del órgano. Parece que el 'culebrón' dará para unas cuantas temporadas más.