Archivo de Isofotón

Archivan la causa con la que Anticorrupción señaló a tres ministros del Gobierno de Sánchez

La juez cierra el caso advirtiendo de que la instrucción se alargó de forma irregular desde 2017 y alegando un defecto de forma

Archivan la causa con la que Anticorrupción señaló a tres ministros del Gobierno de Sánchez
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Isabel Morillo

La causa de Isofotón investigaba las ayudas públicas a una empresa de energías renovables de origen malagueño y creció de forma importante en 2020, cuando al calor de los ERE, la Fiscalía Anticorrupción señaló a tres ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, a la de Hacienda, María Jesús Montero, al de Agricultura y Pesca, Luis Planas, y de forma indirecta también a la titular del Ministerio para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Ahora, la jueza Yolanda Rueda ordena el archivo de las actuaciones con la advertencia de un defecto de forma. La instrucción comenzó en 2015, se alargó hasta 2016 y “solamente podía prorrogarse como máximo hasta el 6 de junio de 2017”. En 2020 se acordó otra prórroga de la instrucción que la jueza considera extemporánea. Tras varios recursos ganados por este motivo, la jueza cierra la investigación judicial tras meses de revuelo mediático.

El caso de Isofotón se construyó con un patrón igual al del caso ERE. Angel Luis Serrano, el CEO de la compañía fotovoltaica, fue acusado de haber recibido y dilapidado hasta 80 millones de euros de ayudas públicas valiéndose del favor de amigos socialistas. El empresario, que tuvo que volver de Panamá tras una orden de busca y captura, para declarar ante la jueza, siempre ha defendido que el negocio le costó dinero, 20 millones, y que nunca se había llevado un euro. Anticorrupción señaló el desvío de 37,3 millones de euros con acusaciones de malversación y prevaricación, además de falsedad de documento público. Isofotón, una compañía que fue buque insignia de las energías renovables en España, quebró en 2014 pese a las inyecciones de dinero público, que la instructora llegó a elevar a 80 millones.

Los condenados de los ERE

En la causa había 37 imputados, con más de una decena de cargos socialistas, exconsejeros y viceconsejeros, además de los directivos de la agencia IDEA, la misma en el ojo del huracán del caso ERE por ser la empresa pública que daba esas ayudas. El empresario de Isofotón, que negó conexiones con los gobiernos socialistas en Andalucía, fichó como directiva a la actual vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Su paso por la empresa duró desde septiembre de 2012 a mayo de 2013 y el empresario dijo que la contrató a través de una empresa de ‘cazatalentos’, como especialista en medio ambiente y energías renovables. Ribera no evitó que la firma quebrara, pese a su cometido como responsable de proyectos internacionales en un momento en el que la empresa se expandía por EEUU y firmaba una alianza con Samsung que finalmente no fructificó. Los empresarios siempre han defendido que el negocio se arruinó por la competencia de China y la imposibilidad de competir con el gigante asiático en la fabricación de placas solares.

La jueza Alaya

La primera denuncia de Isofotón la elevaron sus trabajadores y llegó al despacho de la jueza Mercedes Alaya, la instructora de los ERE. Ahí empezó un recorrido que ahora tiene punto y final. Seis años después de esa primera denuncia volvió a coger vuelo por la implicación de todas las cúpulas de los gobiernos socialistas, con la acusación de Anticorrupción de que la propia Junta había cocinado la compra de la compañía, en una grave situación financiera, a cambio de ayudas públicas para salvar la que era una de las joyas del Parque Tecnológico de Málaga.

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En febrero de 2021, Anticorrupción situó a los ministros Planas y Montero bajo la lupa judicial por una reunión que concedió un préstamo de 8 millones de euros a la fotovoltaica. El ministro de Agricultura y Pesca acudió a esa cita como consejero del mismo ramo y la ministra de Hacienda como consejera de Salud. El acta de aquella reunión dejaba constancia de que se habían aprobado operaciones de ayudas públicas con cargo a un Fondo de Desarrollo Empresarial pero no había ningún delito, eso han sostenido siempre los acusados. Isofotón dio todo tipo de garantías de que el negocio era rentable pero Anticorrupción insistió en que los datos del plan de negocios no estaban verificados y solo había declaraciones de intenciones.

Cuando este caso volvió a coger vuelo en los tribunales, con gran revuelo mediático por señalar Anticorrupción a los ministros, justo se encaminó hacia la quiebra Abengoa, la otra gran multinacional andaluza. La Junta se negó a inyectar dinero público, azuzada por todo el discurso del PP en casos como Isofotón en ese momento o los ERE antes. Abengoa sigue al borde del precipicio aunque justo este miércoles el Gobierno ha dicho esperar “buenas noticias” pronto.