Proceso judicial
La jueza trunca el intento del Estado de limitar la causa penal contra Adif
La defensa de Cortabitarte y la Abogacía estatal pedían dejar fuera del proceso las medidas de seguridad de la curva donde descarriló el tren y centrarse solo en la evaluación de riesgos de toda la línea
El juicio por el accidente ferroviario más grave de la democracia arranca este miércoles en Santiago. Se determinará de quién es la responsabilidad por el descarrilamiento en Angrois del tren Alvia hace algo más de nueve años que provocó 80 muertos y 145 heridos. Y aunque el auto proponiendo la apertura del juicio se dictó en abril, hasta este mismo martes siguieron llegando recursos e informes, a pesar de que en teoría están fuera de plazo.
Son decenas, con centenares de páginas, los que se presentaron en las últimas fechas ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, cuya titular, Elena Fernández Currás, comenzará este miércoles a atender las cuestiones previas formuladas por los letrados que, en este caso y debido a la envergadura de la causa, serán numerosas.
Más de un centenar de letrados
De hecho, hay en total 446 personas perjudicadas que reclaman, las cuales están agrupadas en 154 acusaciones, asistidas por 110 letrados y representadas por 47 procuradores. Además, hay 53 perjudicados que no están representados por abogado y procurador, por lo que la acusación la ejercerá el Ministerio Fiscal. Con este volumen de partes implicadas se hacía imposible que en los juzgados de Santiago pudiera celebrarse un juicio en el que cada uno de los letrados tiene derecho a asistir presencialmente a la vista, por lo que se celebrará en la Cidade da Cultura.
Ante estos números, la Fiscalía Superior de Galicia sostiene que el juicio del Alvia “no tiene precedente debido a su complejidad y al número de testigos y peritos citados”, casi 700.
Acusados
En el banquillo se sentarán dos personas: el maquinista, Francisco Garzón, y el que fuera director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. El fiscal pide para ellos penas de cuatro años de prisión.
El tribunal tendrá que decidir si los dos tienen culpa, solo uno de ellos, o ninguno. En el caso del maquinista, además de la supuesta responsabilidad calificada por la Fiscalía, la estrategia de la Administración, incluido Adif, sostiene que el accidente se debió un error humano de Garzón, que se despistó al coger una llamada telefónica del interventor cuando el tren estaba llegando a Santiago y no frenó a tiempo, por lo que el Alvia entró en la curva de Angrois a 180 kilómetros por hora cuando debería hacerlo a 80, lo que provocó su descarrilamiento.
Adif
Precisamente, el pasado mes Adif presentó un montaje en vídeo para culpar al maquinista, en el que se muestra la llegada –desde el puesto de conducción– de otro tren con la conversación telefónica de Garzón de fondo y sobreimpresionando con comentarios las maniobras que hizo el maquinista y las que, según Adif, tendría que hacer pero que no las ejecutó.
La defensa del maquinista pedirá, precisamente, en las cuestiones previas que no se acepte el vídeo como prueba, al entender que la línea Ourense-Santiago no tenía análisis de riesgo ni sistemas para evitar que se pudiera dar un suceso así.
El fiscal imputó a Cortabitarte por no evaluar este riesgo ni gestionarlo para reducir el peligro.
Sin embargo, Adif –el organismo que administra las infraestructuras ferroviarias en España– considera que no tiene responsabilidad alguna en el accidente y que la culpa es del maquinista. En esta estrategia, mientras que la aseguradora de Renfe ya ha abonado parte de las indemnizaciones a las víctimas, Adif no ha dado paso alguno en esa dirección.
Las dimensiones del caso han obligado a tomar medidas excepcionales para la celebración del juicio, recurriendo a las instalaciones de la Cidade da Cultura (Santiago). En la imagen se aprecia la sala de vistas, de tamaño inusual porque hay que hacer sitio al centenar de abogados, además de dejar un espacio (al fondo) para el público. Los tres primeros días, hoy, mañana y pasado, se reservan para cuestiones previas y declaraciones de los acusados, pero hay reservados otros cuatro días por si se resultan insuficientes.
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