Debate de política general

De las vías hacia el referéndum a Rodalies: choques y alianzas en plena crisis del Govern

Mientras la relación entre ERC y Junts está al límite, el Parlament vota este viernes propuestas clave del curso político en materia económica, de infraestructuras y de conflicto territorial

El 'president' Pere Aragonès, durante el debate de política general en el Parlament

El 'president' Pere Aragonès, durante el debate de política general en el Parlament / FERRAN NADEU

Sara González

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La actualidad política catalana avanza con tres realidades paralelas: la de un Govern al borde de la ruptura, la del independentismo haciendo de tripas corazón organizando festejos del quinto aniversario del 1-O y la de un Parlament que, a pesar de la incertidumbre sobre qué pasará con la legislatura, este viernes tiene que votar propuestas clave para el curso político. La sesión que debe cerrar el debate de política general dibujará tanto choques previsibles que beben de la discrepancia estratégica entre independentistas, a alianzas que trascenderán los bloques en materia económica e infraestructuras.

Desde las tres vías para avanzar hacia la autodeterminación -ERC, Junts y la CUP han presentado por separado sus apuestas- a cuestiones como el traspaso de Rodalies o los presupuestos concentrarán el foco de atención de las propuestas que se votarán en el hemiciclo, precedidas por un debate entre los partidos que será un termómetro de las relaciones dentro del Govern -que sí que ha presentado conjuntamente propuestas sectoriales- y entre el Executiu y la oposición.

El legado del 1-O

En plena conmemoración de los cinco años del referéndum del 1-O, los tres partidos independentistas se plantan en el debate con tres propuestas distintas. Por un lado, ERC pide que se reconozca el 1-O como un "hito clave" en defensa de la democracia y la autodeterminación y que el conflicto se resuelva por la "vía política y democrática" garantizando un referéndum que, asegura, defiende el 80% de los catalanes. El texto de Junts, en cambio, reconoce el 1-O como un referéndum "legal y legítimo" para convertir Catalunya en un estado independiente. Éste solo podría ser sustituido, apuntan, por otro de acordado con el Estado. Fuentes parlamentarias no descarten que, aunque presentadas por separado, los dos partidos voten favorablemente las dos.

La CUP, por su parte, reclama que se dé por "acabada" la mesa de diálogo y que el Parlament reconozca que esta está en un "callejón sin salida" porque no hay una voluntad "real" de incluir en la negociación la autodeterminación y la amnistía. Los anticapitalistas defienden que la resolución del conflicto debe producirse en un marco de "negociación internacional". Esta propuesta podría contar con el apoyo -insuficiente para prosperar- de Junts.

Los 'comuns' someterán a votación tanto la mesa de diálogo -que apoyan también ERC y el PSC, pero no Junts- y el <strong>acuerdo de claridad</strong> propuesto por Aragonès y del que reivindican la autoría con el objetivo de recabar el aval de los republicanos, aunque los dos grupos no suman tampoco lo suficiente para que salga adelante. El PSC, por su parte, reclamará que se <strong>reúna la mesa de partidos</strong> <strong>catalanes</strong>.

Cuestión de confianza

Cuestión de confianza es, sin duda, la expresión que marca el debate de política general y que explica la crisis del Govern. Pero resulta una paradoja que, habiéndola puesto encima de la mesa tanto Junts como la CUP, la que se votará este viernes es la que ha presentado el PP y que obligará a todos los grupos a posicionarse. Los anticapitalistas han optado por presentar una moción en el próximo pleno y está por ver qué vota finalmente el partido de Laura Borràs. El líder del PSC,<strong> Salvador Illa</strong>, ya ha avanzado que él piensa votar en contra.

Rodalies y aeropuerto

La carpeta de Rodalies es uno de los principales ejemplos de cómo hay cuestiones que pueden recabar grandes apoyos más allá de la batalla entre partidos. Piden el traspaso tanto ERC como Junts, pero aquí la principal novedad es que <strong>el PSC da alas </strong>a esa transacción, por lo que la atención estará centrada en si los tres partidos llegan a votar juntos que se pida al Gobierno el traspaso a la Generalitat. Cada uno de los textos presentados -el de los independentistas es conjunto- tiene, eso sí, matices.

La propuesta del PSC pide que antes de finales de año el Ministerio de Transportes, liderado por Raquel Sánchez, y la 'conselleria" de Infraestructuras -hasta ahora bajo la batuta del recién cesado Jordi Puigneró- acuerden en la bilateral el modelo para encarrilar el traspaso de los recursos económicos para gestionar el servicio, así como el traspaso de la titularidad de las infraestructuras que puedan ser segregadas de la red de interés general y la compra de trenes y talleres. ERC y Junts, por su parte, reclaman que el traspaso sea integral y que incluya las estaciones, los trenes, los talleres, las vías, las catenarias, los centros reguladores de circulación, el personal y la financiación.

Las discrepancias volverán a ser visibles con la propuesta de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, que los socialistas defienden recuperar en sintonía con Junts, como ya sucedió en el debate de hace un año. En cambio, ERC se opone al proyecto. El partido de Salvador Illa también aboga por el impulso del Quart Cinturó entre Sabadell y Terrassa, que también avalan los posconvergentes, pero que provoca recelos entre los republicanos.

Presupuestos e impuestos

Si habrá o no presupuestos depende de si la legislatura sigue adelante y, en caso de que prosiga, habrá que ver con qué apoyos pueden salir adelante. Hasta ahora, Aragonès ha rechazado aprobarlos con el PSC, pero si ERC gobierna en solitario se verá obligado a replantearse la aritmética. Los socialistas, a los que el 'conseller' Jaume Giró sí que ha incluido en su ronda de contactos, han presentado una propuesta en la que emplazan al Parlament a presentar las cuentas y la ley de acompañamiento este mes de octubre y que se abra un diálogo con todos los grupos parlamentarios para explorar un acuerdo "amplio y transversal". Está por ver si aquí votan también separados ERC y Junts.

Previsible es la falta de unidad en materia fiscal. Los 'comuns' llevarán a votación la defensa del <strong>impuesto de patrimonio</strong>, que partidos como PP, Vox y Cs defienden eliminar y que Junts cuestiona. Esta resolución es posible que propere con el apoyo de la izquierda porque ERC, el PSC y CUP consideran que se debe mantener. Los partidos de derechas plantearán también modificaciones del IRPF. Así pues, Vox opta por eliminar el tramo autonómico, Cs que este se ajuste a la inflación y se reduzca para las rendas inferiores a 33.000 euros, petición que hacen también los populares. El grupo de Carlos Carrizosa invita al resto a apoyar la práctica eliminación del impuesto de sucesiones, en la línea de lo que aprobó Junts en su último congreso. ERC, por su parte, pone encima de la mesa que la Agència Tributària de Catalunya asuma la competencia de gestión del IRPF.

Medidas anticrisis

Las medidas anticrisis, que corren el riesgo de quedar sepultadas bajo el ruido de la ruptura independentista, forman parte de las propuestas estrella del debate. Se someterá a votación el plan de <strong>300 millones anunciado por el 'president'</strong> para hacer frente a la inflación, y que incluye desde el incremento de las ayudas para pagar el coste de la energía, a los 100 euros para las familias con alumnos escolarizados, también los 250 euros para alquiler a jóvenes de hasta 36 años, la extensión de la T-Jove hasta los 30, o los 180 millones para transición energética. El PSC ya anunció su apoyo a pesar de considerarlo "insuficiente".

Los 'comuns', por su parte, propondrán algunas de las condiciones que consideran clave para la negociación de los presupuestos, como el plan masivo para instalación de<strong> placas solares</strong>. También abogarán por limitar el precio de algunos productos básicos de la cesta de la compra y por actualizar el indicador de Renta de Suficiencia IRSC) para poder ajustar la Renta Garantizada de Ciudadanía a la situación disparada de la inflación.

La CUP planteará que se acelere la implementación de la Renta Básica Universal en el 2025, que se limiten los precios de los alquileres y frenen los desahucios, en los que vuelven a pedir que no participen antidisturbios de Mossos.

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