El juez duda de las pruebas que el "supuesto" San Chin Choon presentó para exculpar a Luceño

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina por el pelotazo que ambos dieron en plena pandemia con la venta de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid, desconfía de la veracidad de las nuevas pruebas que exculpan a los imputados, según se desprende de un auto de 13 de septiembre en el que el instructor autorizaba la entrada y registro de la vivienda del primer intermediario y de la sede social de su empresa Takamaka Invest.

En concreto, el magistrado duda de la autenticidad de un documento denominado "Statutory Declaration Police Statement-SCC", que fue remitido por correo electrónico al juzgado, que según la resolución del juez Carretero contenía "supuestamente la declaración prestada por un individuo llamado supuestamente San Chin Choon" ante un notario malayo.

"El Ministerio Fiscal entiende, con razón, que el supuesto documento, tras examen detenido, contiene una serie de datos y afirmaciones [...] que hacen sospechar de su autenticidad", concluye el juez, que recuerda que los beneficios reales de Luceño no cuadran con las aseveraciones del supuesto San Chin Choon, quien en la declaración bajo sospecha sostiene que el comisionista había trabajado de forma regular como intermediario de la firma malaya Leno, la vendedora de las mascarillas. Tampoco el comisionista ha llegado a aportar ningún documento que pruebe que él era el representante exclusivo de esta sociedad asiática, prosigue el juez, que destaca: "Esto aumenta más todavía los indicios de falsedad".

Engaño y estafa

El fiscal Luis Rodríguez Sol había propuesto al magistrado los registros para tratar de determinar cuáles fueron las relaciones "reales" del comisionista con los representantes de la empresa asiática, entre ellos San Chin Choon. "Si realmente él y el señor Luis Medina eran agentes exclusivos o no de la empresa, cómo se determinaron las comisiones que se iban a cobrar, cómo se fijó la cantidad que se restituyó por la recepción de unos guantes de calidad inferior a la esperada, por qué se modificaron las comisiones inicialmente pactadas y, sobre todo, en qué medida el señor Luceño tergiversó esos datos en sus comunicaciones con los responsables del Ayuntamiento de Madrid, pues en esto habría consistido el engaño como elemento típico del delito de estafa", especifica el escrito del Ministerio Público.

Entre los indicios que levantaron las sospechas del fiscal destaca el hecho de que el correo electrónico desde el que se envió la declaración fuera distinto a los conocidos por los investigadores; pero también que el testimonio clave presente errores gramaticales en inglés, idioma que según declaró Luceño no habla San Chin Choon. Rodríguez Sol defiende que el documento ha sido redactado "por alguien que no solo no habla correctamente el inglés, sino que tiene el español como lengua materna".

"Una burda transcripción"

Y como ejemplo de la posible manipulación del testimonio, el fiscal recuerda que a la pregunta de si conocía a los comisionistas Luceño y Luis Medina, la contestación del supuesto San Chin Choon fue, de forma literal: "To Mr. Luceño yes, to Mr. Medina no". Una frase que según el fiscal es "una burda transcripción de la respuesta que se daría en castellano".

En el mismo sentido, la declaración de San Chin Choon, según la interpretación del fiscal, contiene algunas afirmaciones que "carecen de toda lógica". Como por ejemplo que llegara a asegurar que utilizaba firmas "totalmente diferentes" en función de los documentos que tenía que rubricar.

Indicios "abundantes"

En el escrito, el fiscal apunta, además, que los indicios de los delitos investigados son ya "abundantes". Sobre todo el "engaño empleado para convencer a los responsables del Ayuntamiento de Madrid de que estaban pagando el precio real de los productos y no un precio inflado artificialmente (aproximadamente el triple de su valor real) en virtud de unas comisiones que fueron ocultadas por los investigados", que llegaron a asegurar que sus actuaciones eran altruistas.

Otra evidencia del engaño, prosigue el Ministerio Público, son los mensajes aportados por la funcionaria Elena Collado, que evidencian que Luceño aseguró que los guantes de nitrilo vendidos al Consistorio madrileño medían 40 centímetros, cuando en realidad eran de 20 centímetros. "Asimismo, los mensajes de correo electrónico aportados por otro investigado, el señor Medina, revelan que también él fue engañado por el señor Luceño, pues le había prometido una comisión idéntica a la suya y, en realidad, se fijó para sí mismo una comisión mucho mayor, que al final quintuplicó la de Medina", recuerda el representante del Ministerio Público.

Registros en Madrid

Por otra parte, la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción muestra que los registros se realizaron a partir de las 8 de la mañana del pasado 22 de septiembre en la vivienda habitual de Luceño en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y en la sede de su empresa, Takamaka, en la madrileña calle de Lagasca. Según el auto del juez, se permitió a los agentes utilizar la fuerza "proporcionalmente necesaria" para acceder a los inmuebles y, una vez dentro de ello, poder abrir "cajas de seguridad, cofres, armarios, muebles o puertas que pudieran encontrarse cerrados".

Además de ordenadores, teléfonos móviles y dispositivos UBS cuyo contenido fue comprobado por los agentes, estos hallaron en la vivienda de Luceño, en la habitación que utilizaba como despacho, diversa documentación relevante, parte de la cual se guardaba en un maletín de la marca de lujo Louis Vuitton. Entre la documentación más singular, papeles presuntamente falsificados para hacerse pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o como trabajador del Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

Concretamente, un portaplacas negro con una "placa de agente de la autoridad del Centro Nacional de Inteligencia" y una tarjeta atribuible a dicho departamento con una "foto del investigado". A ello se sumaban seis hojas con "impresiones de imágenes de tarjeta" del CNI, el DSN, el Ministerio de Defensa, y el Cuerpo Nacional de Policía.

Los agentes también comprobaron que, desde los diferentes dispositivos electrónicos con los que contaba tanto en su vivienda como en la sede de su negocio, Luceño tenía acceso a "multitud" de cuentas de correo electrónico. Otros documentos incautados tenían impresas las leyendas "máscaras Kn95", "test antígenos" y "guantes de nitrilo", precisamente los tres productos que vendió al Ayuntamiento de Madrid, consiguiendo unas comisiones cercanas a los seis millones de euros.