Aragonès, ante el hemiciclo

De la mesa de diálogo a los presupuestos: los puntos de fricción en el debate de política general

El 'president' lanzará un plan de choque para paliar los efectos de la inflación y una propuesta para la autodeterminación

El ’president’ de la Generalitat, Pere Aragonès.

El ’president’ de la Generalitat, Pere Aragonès. / EFE / Marta Pérez

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Júlia Regué
Júlia Regué

Responsable de la sección de Política.

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El 'president', Pere Aragonès, inaugurará este martes el debate de política general en el Parlament con el anuncio de un paquete de medidas anticrisis de 300 millones de euros y con una propuesta para recoser la unidad del independentismo para volver a ejercer la autodeterminación que complemente la mesa de diálogo y sirva para aunar a sindicatos, partidos, entidades y sociedad civil. Suavizado ya el ultimátum de Junts a ERC, el jefe del Govern buscará garantizar la estabilidad del Consell Executiu, aislarlo de las disputas de partido entre los socios, y centrar la discusión en cómo paliar los estragos de la inflación en Catalunya, con la mirada puesta en los presupuestos de 2023.

Una voluntad de destensar que, inevitablemente, impactará con la tensión en el hemiciclo entre los aliados gubernamentales, con los reproches de la oposición y con la interinidad en la Mesa, con la batuta del pleno en manos de la vicepresidenta primera Alba Vergés tras la suspensión de Laura Borràs, que deberá sentarse en la tribuna de invitados. Estos son los puntos de fricción del debate que comienza este martes y que se retomará y finalizará el viernes:

El futuro del Govern

La posconvergencia se marcó este debate como la fecha límite para que Esquerra aceptara sus tres exigencias: unidad en Madrid, mesa de diálogo acotada a la amnistía y la autodeterminación, y una nueva dirección estratégica del 'procés'. El inmovilismo de los republicanos, que ya advirtieron en público y en privado de que no cederían a sus peticiones, propició que Junts quedara atrapado en su propio ultimátum y, ante el temor a que el partido se fracturara, levantaron el plazo y decidieron alargar la negociación hasta octubre. Tras varias cumbres, la posibilidad de que Junts abandone el Govern se aleja, aunque sí requieren de algún gesto de Aragonès para explicar su permanencia en el Consell Executiu. Siguen las negociaciones entre los grupos y, aunque la posconvergencia aprieta para que quede sobre papel alguna de sus reclamaciones, ERC apunta que no irá más allá de lo que figura estrictamente en el plan de gobierno. Hay tiempo para rascar réditos que eviten que, en la consulta interna prometida a la militancia de Junts, salga la opción de abandonar el Consell Executiu.

Los presupuestos

La crisis en el Govern ha impactado en la negociación presupuestaria. El PSC pide ya que aclare con qué socios aspira a pactar las cuentas si, como prevé el titular de Economía, deben entrar en vigor el 1 de enero de 2023. En el Palau de la Generalitat dan por hecho el apoyo de los ‘comuns’, aunque los morados aseguran que todavía no conocen los detalles de las cifras y mantienen que no darán un cheque en blanco. Los socialistas siguen conversando con el 'conseller' Jaume Giró, pese a que Aragonès no está dispuesto a tener que pactar con ellos para evitar quedar atado a su principal adversario en las urnas y evitar posibles hipotecas de cara a los Presupuestos Generales del Estado. Sea como sea, las propuestas de los grupos en cuanto a cómo contener la inflación, con ayudas a familias y empresas, además de planes para la transición verde, permitirán detectar con qué cartas jugarán los ‘comuns’ y el PSC la negociación de las cuentas, básicamente en relación al encarecimiento de la vida. La CUP, por su parte, reafirmará su veto a pactar los presupuestos y exigirá la nacionalización de servicios públicos, además del control de precios.

Los impuestos

La apuesta de Junts por suprimir el impuesto de patrimonio reabrió el debate sobre los gravámenes en Catalunya, pero Aragonès se apresuró a descartar esta posibilidad. De hecho, dejó claro que el objetivo de los presupuestos de 2023 es "consolidar" el actual modelo de fiscalidad, ni bajar ni subir impuestos. Los ‘comuns’, socios prioritarios para las cuentas tras el insistente rechazo cupero, forzarán que Esquerra se pronuncie en el hemiciclo en este sentido con un texto cuya votación evidenciará la división entre socios. Por su parte, los republicanos propondrán que Catalunya gestione y recaude la totalidad del IRPF, además del impuesto a las energéticas y a la banca.

La mesa de diálogo

Una vez rechazada de forma unánime la propuesta de la ANC de activar una declaración unilateral de independencia en el segundo semestre de 2023, los tres partidos independentistas volverán a enzarzarse con la mesa de diálogo y la falta de alternativas. Esquerra, aferrada al reto de la "desjudicalización", Junts exigiendo que tan sólo se negocie la amnistía y la autodeterminación en un diálogo del que ya no forman parte, y la CUP apostando por la desestabilización y el fin de la "normalización" de las relaciones con el Gobierno. La receta de Aragonès para encauzar un nuevo camino conjunto –Òmnium Cultural habla ya de apuntar a frentes, y no a una hoja de ruta- será suficientemente "amplia" para interpelar a todo el soberanismo, más allá del tablero político, y conseguir así una conjunción que acompañe su negociación sobre el conflicto político en Madrid. Los 'comuns' mantendrán que debe reformarse cuanto antes el delito de sedición y pondrán en valor los acuerdos de la mesa de diálogo, al igual que el PSC, que volverá a insistir en la necesidad de abrir un diálogo también entre partidos catalanes.

Las infraestructuras

El caos en Rodalies será otro de los puntos calientes del debate. Los socios en el Govern llevan tiempo exigiendo el traspaso, pero, por ahora no hay avances, así que Junts retomará esta petición. Por otro lado, vuelve la presión para que se amplíe el Aeropuerto de Barcelona-El Prat, ya que Foment del Treball ha constituido una comisión que aspira a reactivar el proyecto y que sea capaz de conseguir el consenso de las administraciones públicas. De fondo, colea el choque entre la Generalitat y el Gobierno por la baja ejecución de las inversiones presupuestadas para 2021 en Catalunya -un 36%, mientras que en Madrid se llegó al 184%-.