Medida cautelar

Un juzgado abre la puerta a que los Franco retiren bienes muebles de Meirás

Permite trasladar justo los efectos que el Estado reclamó la pasada semana ante un juzgado de Madrid

Un juzgado abre la puerta a que los Franco retiren bienes muebles de Meirás
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Marta Villar

El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de A Coruña ha emitido un decreto que autoriza a la familia del dictador Francisco Franco a retirar los bienes muebles del pazo de Meirás que la Abogacía del Estado acaba de reclamar mediante una demanda interpuesta la semana pasada en los juzgados de Madrid para solicitar como medida cautelar que se impida a los herederos la retirada de estos bienes. Con este decreto los Franco podrían sacar del pazo incluso la mesa ante la que se formalizó la entrega de las llaves de Meirás al Estado, que es de Emilia Pardo Bazán.

El decreto del juzgado estima en parte los recursos de reposición presentados por Estado, Xunta, Diputación y concellos de Sada y A Coruña, pero permite que los Franco saquen del pazo los bienes muebles, todos a excepción de los que están declarados como Bien de Interés Cultural (BIC), es decir, las esculturas de Mestre Mateo y la biblioteca de la escritora Emilia Pardo Bazán, con más de 3.000 volúmenes, y el hórreo (precisarían, como dice el decreto, de la autorización preceptiva de la Xunta).

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La familia Franco tampoco podrá trasladar los elementos que de acuerdo con el auto judicial del pasado mes de julio tienen la consideración de bienes inmuebles, pero podrían llevarse los demás que existen en el pazo de Meirás, como pueden ser los procedentes de la etapa de Pardo Bazán o los instalados por el Estado en el período 1938-1975. El juez solo precisa que la retirada de los bienes tendrán que hacerla en "presencia de la comisión judicial y las partes". ¿Qué podrán sacar? Todo lo que figura en el inventario elaborado por la Xunta en noviembre de 2020, un listado de 697 objetos de varios siglos. Por ejemplo: cuadros, lámparas, sofás, porcelanas, relojes, tapices, alfombras, etc.

El Estado y las otras administraciones que recurrieron pueden presentar contra esta resolución un recurso de revisión en el plazo de cinco días en el que podrán alegar que existe un procedimiento judicial en marcha, presentado la semana pasada en Madrid, en el que precisamente el Gobierno central solicita que los Franco no puedan retirar estos bienes hasta que se resuelva la demanda posesoria.