En Barcelona

La jueza absuelve a Sandro Rosell de fraude a Hacienda

La fiscalía reclamaba para el empresario y expresidente del Barça dos años y nueve meses de prisión

Sandro Rosell, a su llegada a la Ciutat de la Justícia

Sandro Rosell, a su llegada a la Ciutat de la Justícia / RICARD CUGAT

J. G. Albalat

J. G. Albalat

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un juzgado de Barcelona ha absuelto al empresario y expresidente del Barça, Sandro Rosell, de presuntamente haber defraudado 230.591 euros a Hacienda en 2012 y por el que la Fiscalía de Barcelona reclamaba dos años y nueve meses de prisión. En el juicio, el exmandatario azulgrana denuncio, a través de sus abogados, que sentía "objeto de una persecución" desde que accedió a la presidencia del club. La sentencia estima legal que Rosell utilizara una empresa administrada por el mismo para cobrar servicios profesionales.

La acusación pública sostenía que Rosell "ideó y ejecutó una conducta de defraudación" a Hacienda, "simuló" operaciones y dedujo gastos, como viajes o abono de televisión, cuando no podía hacerlo. La sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Barcelona discrepa de esta tesis, mantenida también por la Agencia Tributaria, y recoge los planteamientos de los abogados del empresario, Pau Molins y Diego Artacho. por lo que rechaza que la empresa TOC SLU, a través de la que Rosell facturaba sus servicios profesionales, constituyera una "mera apariencia al servicio de la defraudación penal".

Según la jueza, TOC SLU "prestó unos servicios reales, procedió a su facturación, recibió lo pagos correspondientes a los servicios prestados, los ingresó en su contabilidad y asumió como propios, e incluso a efectos fiscales, al integrarlos en su base imponible del impuesto de sociedades". La resolución recuerda que "la prestación de servicios profesionales a través de sociedades mercantiles resulta posible" y que "afrontar una actividad empresarial o profesional como persona física o jurídica es una opción legítima amparada por el ordenamiento jurídico y expresión de la libertad de empresa consagrada" en la Constitución.

A pesar de considerar probado que la sociedad de Rosell era una "estructura elemental" con cinco empleados (cuatro de ellos dedicados a tareas de mantenimiento y limpieza del domicilio del empresario y de su segunda residencia), la jueza asevera que era una "persona jurídica válidamente constituida", con medios personales suficientes para llevar a cabo su actividad. Recalca que la propia Agencia Tributaria y los tribunales de justicia mantienen "divergentes posturas" sobre la simulación en uso de empresas unipersonales, lo que a su parecer tiene su origen en el "vaivén resolutivo" derivado de una reforma del 2002. "Por lo tanto, no puede desconocerse la incertidumbre que la situación podría provocar", admite.

Lo supera los 120.000 euros

La sentencia reconoce que el expresidente del Barça se dedujo indebidamente de su declaración del IRP dos facturas de 48.000 euros por servicios de asesoramiento de fiscalidad internacional y varios pagos con tarjeta de crédito que sumaban 1.479 euros. También da por probado que declaró falazmente una pérdida patrimonial de 21.016 euros por la venta de unos inmuebles en Rio de Janeiro. Sin embargo, la cuota defraudada no supera el umbral de 120.000 euros a partir de lo que se considera delito.

En 2019, la Audiencia Nacional absolvió a Rosell de blanquear comisiones por los derechos de audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y un contrato de esponsorización con Nike. Por este caso, estuvo 22 meses en prisión. Ante la denuncia del expresidente del Barça de que se sentía víctima de una "persecución", la jueza lamenta las "consecuencias negativas" que le acarreó ese proceso judicial, pero recalca que "ello no le confiere ni un halo de impunidad en relación a otros hechos diferentes", ni puede deducirse que haya sido víctima de una "actuación irregular" por parte de la Agencia Tributaria. El expresidente del Barça todavía tiene pendiente el juicio por el fichaje de Neymar, por el que se enfrenta a cinco años de prisión por los presuntos delitos de corrupción y estafa.

Suscríbete para seguir leyendo