Dos empresarios niegan ante el juez Pedraz haber facturado a Triacom por trabajos no realizados

Los empresarios Gonzalo y Esteve Niubó Mir, últimos imputados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en la pieza del caso 3% en la que se investiga la presunta financiación de Convergencia Democratica de Catalunya (CDC) a través de la productora de televisión Triacom, han optado por distintas estrategias de defensa. Esteve se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar y Gonzalo solo ha accedido a responder a su abogada, lo que le ha permitido negar cualquier vinculación con la trama de facturación falsa que se investiga, informaron fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA.

Gonzalo Niubó negó tener nada que ver con Triacom. Ni siquiera con Interiores y Reformas, la empresa de Huesca cuyos propietarios también comparecieron ante el magistrado por la presunta facturación falsa a la productora de televisión. Sostuvo que su empresa se dedicaba a otras actividades independientes de las investigadas en la Audiencia Nacional.

Su testimonio recordó al prestado en julio por los propietarios de Interiores y Rerformas,, Diego Garzón Uribe y sus dos hijos, Diego y David Garzón López. Estos últimos negaron conocer práctica irregular alguna en las empresas familiares, dedicadas a realizar instalaciones y en las que se atribuyeron un papel de meros empleados, aunque Diego admitió la administración de alguna de ellas. Los dos descartaron la práctica concreta que el representante del ministerio fiscal les atribuye para contribuir al delito: haber realizado extracciones de dinero en efectivo.

Sin justificación

El fiscal Anticorrupción adscrito al caso, José Grinda, había pedido la citación de los cinco, porque, "según se desprende de la documentación obtenida del Meteocat, y recoge el informe policial de 27 de abril de 2022, se produjo un proceso de licitación fraudulento y un cobro de Triacom de 70.800 euros (con fecha final de 3 de febrero de 2016) pese a no existir trabajo ni servicio alguno que lo justificara".

En esta pieza del caso 3% que queda en instrucción, el juez Pedraz investiga "una singularidad dentro del patrón de comportamiento habitual" seguido para la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya. En vez de hacerse a través de donaciones a sus fundaciones Catdem y Forum Barcelona, como ocurría en la pieza principal, cuya instrucción ya se dio por concluida, se recurrió a Triacom Audiovisual y en particular a su representante, Oriol Carbó, que también fue gerente de TV-3. Así se pagó a Joan Manuel Parra la deuda que el partido contrajo con su empresa de producción audiovisual, Hispart, por la campaña electoral de 2010. Fueron 750.000 euros que Triacom pagó en beneficio de CDC a través de facturas falsas.