En Barcelona

Rosell denuncia que es "objeto de persecución" en un juicio contra él por fraude a Hacienda

El fiscal reclama dos años y nueve meses para el expresidente del Barça por presuntamente haber defraudado 230.000 euros utilizando una sociedad administrada por él mismo para cobrar sus servicios profesionales

Sandro Rosell entra en los juzgados de Barcelona, este lunes.

Sandro Rosell entra en los juzgados de Barcelona, este lunes. /

J. G. Albalat

J. G. Albalat

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El empresario y expresidente del Barça, Sandro Rosell, se acogió este lunes a su derecho a no declarar en el juicio contra él que se celebra en Barcelona por presuntamente haber defraudado 230.591 euros a Hacienda en 2012y denunció, a través de su abogado, Pablo Molins, que se siente "objeto de una persecución" desde que accedió a la presidencia del club.

"Antes de 2010 no había tenido problemas con la Justicia ni con Hacienda pero, a partir de ese momento, empezaron todos", recalcó el letrado, que hizo un repaso a los procesos abiertos contra su cliente, incluido su encarcelamiento durante dos años, por una acusación de blanqueó de capitales por el que fue absuelto. "Fue un montaje de la cloaca del Estado", aseveró, para después añadir que ha interpuesto una querella en la Audiencia Nacional contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El abogado admitió, sin embargo, que "no tiene pruebas" de que el origen del caso que se juzga de presunto fraude a la Agencia Tributaria fuera un montaje, aunque mostró su extrañeza por la inspección sorpresiva de Hacienda, que se produjo al mes del ingreso en prisión del empresario, como detalló su otro letrado, Diego Artacho.

Molins insistió que Rosell no ha cometido el delito del que se le acusa ahora y por el que se le reclama penas "absolutamente desproporcionadas" que pueden comportar, de nuevo, su encarcelamiento. "No hay simulación, ni ocultación", pues los servicios cobrados eran reales. En 2019, el empresario, que está pensado si presenta su candidatura a la alcaldía de Barcelona, ingresó en las arcas públicas 287.000 euros correspondientes a la cuota supuestamente impagada y los intereses de demora, por lo que se le aplica la atenuante de reparación del daño.

El fiscal Pedro Crespo, que reclama para el empresario dos años y nueve meses de prisión, y la abogacía del Estado, que solicita dos años y dos meses, insistieron en que Rosell utilizó como "instrumento" una sociedad administrada por él para no pagar los impuestos que le correspondían por su actividad profesional. Según la fiscalía, Rosell "ideó y ejecutó una conducta de defraudación" a Hacienda, "simuló" operaciones y dedujo gastos, como viajes o abono de televisión, cuando no podía hacerlo. En 2012, sostiene, el empresario se dedicó a las labores de consultorías y mediación. 

La acusación publica subraya en su escrito de acusación que para el "grueso de actividades", el expresidente del Barça se sirvió de la sociedad TOC SLU. Estaba domiciliada en su casa y carecía de "estructura empresarial para prestar los servicios". De las cinco personas que hicieron trabajos para ella lo hacían de limpieza y mantenimiento de la vivienda del exejecutivo de club y de una segunda residencia. Para la fiscalía, el mecanismo presuntamente defraudatorio consistió en la "emisión y cobro" por parte de esa sociedad de facturación por trabajos que "eran del propio" imputado.

Facturas para "encubrir" trabajos

Un inspector de la Agencia Tributaria declaró en la vista que las facturas giradas a la empresa "encubrían" las labores de Rosell, que en su declaración del IRPF "simuló" una arrendamiento de una masía. Todo ello, apuntó, "con ánimo defraudatorio", e insistió en que la compañía del empresario no tenía estructura para realizar los servicios. Los empresarios que facturaron a esta compañía confirmaron que los trabajos de asesoramiento y organización de eventos realmente se realizaron.

En 2019, la Audiencia Nacional absolvió a Rosell y a los otros cinco acusados de blanquear comisiones por los derechos de audiovisuales de 24 partidos de la selección brasileña de fútbol y un contrato de esponsorización con Nike. Por este caso, estuvo 22 meses en prisión. El expresidente del Barça todavía tiene pendiente el juicio por el fichaje de Neymar, por el que se enfrenta a cinco años de prisión por los presuntos delitos de corrupción y estafa.