La fiscalía critica los límites existentes para perseguir la financiación ilegal de los partidos

La fiscalía considera que la forma en que se ha articulado la persecución de las modalidades más graves de financiación irregular de partidos políticos, a través del artículo 304 bis del Código Penal, no castiga todas sus fórmulas, porque "únicamente" se centra en "las donaciones y aportaciones que vulneran el artículo 5.1 de la ley orgánica de financiación de partidos políticos (LOFPP)". Además, critica que las penas previstas "resultan inusualmente indulgentes", al ser equiparables a las sanciones previstas para las meras irregularidades.

La memoria de la Fiscalía General del Estado de 2021 explica que el Código Penal "castiga con penas de multa del triplo al quíntuplo de su valor, al que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores". Describe las donaciones prohibidas, pero no incluye referencia alguna sobre las aportaciones, lo que "permite concluir que, en realidad el objeto material del delito de financiación ilegal de partidos políticos únicamente son las donaciones".

Ello, unido al escaso control al que la ley de partidos políticos "somete a las aportaciones de los afiliados, constituye una vía, no precisamente estrecha, para poder sortear las prohibiciones que se contienen en la norma.

Mayores controles

De ahí que considere necesario introducir en la LOFPP "mayores controles respecto a las aportaciones de los afiliados" y una nueva redacción del artículo 304 bis del Código Penal "a fin de sancionar penalmente la percepción irregular de afiliados". Con texto propone: "Será castigado con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, el que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.1 y 8 de la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos políticos".

En cuanto a las penas, el ministerio público sostiene que algunas de las sanciones con las que la LOFPP castiga las infracciones administrativas resultan prácticamente idénticas a las contempladas en el Código Penal. Por otro lado, entiende que "sería razonable que al margen de las sanciones pecuniarias el precepto también contemplara la inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo de los autores del delito".

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