Acto de apertura del año judicial
"La palabra precede a la acción": La Fiscalía General advierte sobre el incremento en un 27% de los delitos de odio
La teniente fiscal del Supremo, en sustitución del fiscal general, centra su discurso en la atención a las víctimas de delitos
Reclama compromiso a las instituciones frente a los efectos de una crisis humanitaria, económica y energética
Cristina Gallardo
Periodista
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
"La palabra precede a la acción, la creación de un clima de hostilidad hacia determinados colectivos favorece la ejecución de acciones violenta". Con esta frase, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, resumió la experiencia acumulada por los fiscales en materia de delitos de odio y advirtió de un incremento del 27% de los procedimientos judiciales por este tipo de delitos en 2021.
Los datos los destacó Sánchez Conde en sustitución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no asistió, por haber dado positivo a covid, a su primera apertura del año judicial. La intervención se alejó de razonamientos políticos y se centró en la actividad de las diferentes fiscalías especializadas para atender a las víctimas de diferentes delitos.
Sobre los delitos de odio, señaló que "no solo atentan contra los bienes jurídicos individuales de las personas y contra su propia dignidad, sino que también ponen en cuestión los principios y valores constitucionales y nuestro modelo democrático de convivencia pacífica". Frente a ello, considera que "la sociedad reclama una respuesta penal firme, al tiempo que una eficaz protección y reparación de las víctimas".
Próxima creación
La velocidad con la que la información se difunde, la facilidad para viralizar y la perdurabilidad del entorno en línea entrañan situaciones de riesgo que en ocasiones resultan difíciles de combatir, aumentando el daño a las víctimas, a juicio de Sánchez Conde, y en esta realidad se enmarca la próxima creación de una Unidad Especializada de la Fiscalía General contra los delitos de odio y discriminación. Para ocupar su jefatura se especuló con la posibilidad de que la elegida sea la exministra y fiscal general Dolores Delgado.
Por lo que se refiere a las cifras, en 2021, los procedimientos por delitos de odio aumentaron en un 27%. En las diligencias de investigación tramitadas por la Fiscalía los motivos discriminatorios más comunes fueron el racismo y la xenofobia, con un 38,5%, la orientación e identidad sexual y de género, con un 25%, y en tercer lugar la ideología, con un 19,2%, como consecuencia de la polarización y radicalización del debate político de la que ya se alertaba en Memorias anteriores.
Se consolida también la tendencia alcista de los delitos de odio cometidos a través de las nuevas tecnologías, que están presentes ya en el 20% de los procedimientos tramitados por estos tipos penales.
Reforma penal necesaria
Con respecto a esta conducta, y aunque no ha sido mencionado por la teniente fiscal, la Memoria reclama una nueva reforma del Código Penal que culmine de manera definitiva la unificación de los distintos motivos discriminatorios que se contemplan actualmente en la agravante genérica del Código Penal.
Así, los fiscales proponen introducir la edad y la aporofobia o exclusión social como nuevos motivos de discriminación e incorporar una cláusula final que posibilite la aplicación de la agravante con independencia de que las condiciones o circunstancias que recoge concurran efectivamente en la persona sobre la que recae la conducta delictiva.
En cuanto al número total de diligencias fiscales en España durante el pasado año, Ortiz ha reconocido que, pese al esfuerzo y voluntad de recuperar la normalidad en la actividad judicial, en 2021 los 2.613 fiscales que hay actualmente en España han seguido conviviendo con las consecuencias del covid, por lo que los datos expuestos no alcanzan aún los niveles de 2019.
En todo caso, en 2021 se incoaron un total de 1.465.024 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 6,76% respecto del año anterior. Por lo que se refiere a la más genuina actividad del Ministerio Fiscal, en 2021 se incoaron 13.869 diligencias de investigación, lo que constituye un notable ascenso respecto de 2020.
La Memoria hace también referencia a los efectos de la modificación introducida en el sistema de plazos del artícluo 324, y que obligó a los fiscales a solicitar un 78% menos de prórrogas que en 2020, año en que ya se había observado un descenso del 44 por ciento respecto del ejercicio anterior.
Además de los delitos de odio, el fiscal se ha referido de forma muy especial a la figura de la víctima, señalando que "cuestiones como la reparación integral, la evitación de la victimización secundaria -mediante mecanismos como la preconstitución probatoria-, la toma en consideración de la interseccionalidad de las situaciones de vulnerabilidad o la facilitación del acceso al procedimiento y a las medidas de apoyo y acompañamiento".
Violencia de género
En cuanto a la violencia de género, Sánchez Conde ha destacado que esta Memoria diferencia, por primera vez, el feminicidio familiar o íntimo, el no íntimo y el feminicidio por contexto. También ha recordado que durante 2021 fueron asesinadas 50 mujeres, tres más que el año anterior, de las que tan solo 11 habían presentado previamente denuncia.
La violencia de género dejó 31 niñas y niños huérfanos, y cuatro menores fueron asesinados por sus padres. "No son cifras, no son estadísticas, son vidas humanas", ha apuntado, para subrayar que, del mismo modo que el año anterior, el 76% de los asesinatos se produjeron fuera de las capitales de provincia".
Tras referirse destacar las especialidades de Terrorismo, Corrupción, Drogas, y destacar la labor social de los fiscales de Mayores y Discapacidad o los de Siniestralidad Laboral, el fiscal general ha concluido reclamando ya una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que otorgue la instrucción penal al ministerio público.
"El ministerio fiscal tiene la obligación de demostrar, al igual que ha hecho durante más de dos décadas en la jurisdicción de menores, que somos plenamente capaces de asumir la investigación criminal en las mejores condiciones", en tanto esta reforma integral no sea una realidad, la Fiscalía General se compromete a impulsar "las modificaciones parciales que sean pertinentes para conquistar mayores parcelas de autonomía y transparencia" de su departamento.
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