Díaz buscará un acuerdo con las distribuidoras para fijar el precio de alimentos básicos

Ante la creciente inflación, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que buscará un acuerdo entre las asociaciones de consumidores y las distribuidoras alimentarias para fijar el precio de alimentos básicos. "La alimentación está siendo un enorme problema para nuestro país hoy", ha dicho la también ministra de Trabajo antes de explicar que su intención es lograr un pacto en torno al precio de 20 o 30 alimentos que compongan una lista de la compra básica, variada y saludable.

Pese a no formar parte de sus competencias, Díaz ha explicado, primero, en una entrevista a eldiario.es y, después, en declaraciones a los medios, que el precio de los productos básicos se encarece mucho desde su venta por parte de los productores hasta su venta final al público. En concreto, ha señalado que los agricultores venden un kilo de naranjas a 15 céntimos y después los ciudadanos pagan 1,40 euros, lo que supone un incremento del 800%. "Esto está siendo un problema para mucha de la ciudadanía", ha afirmado.

La solución que buscará la vicepresidenta, junto al ministro de Consumo, Alberto Garzón, es reunir a las asociaciones de consumidoras y a las grandes productoras para que alcancen un acuerdo y fijar el precio de una "cesta de la compra básica". Sin querer especificar, Díaz ha apuntado que la intención es que esta cesta comprenda 20 o 30 alimentos necesarios para una alimentación equilibrada y saludable.

No por ley

Díaz ha querido alejar, rápidamente, el fantasma de un posible tope de los precios por ley. La vicepresidenta ha señalado que se trataría de un acuerdo entre los consumidores y las empresas del sector fomentado por el Gobierno, pero sin que este se entrometa legalmente. En este sentido, ha dicho que sería un pacto "absolutamente legal" y "sin vulnerar el derecho de la competencia".

Las palabras de Díaz parecen querer dejar tranquilo al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luís Planas, que el pasado fin de semana reaccionaba a una propuesta de los morados de fijación de precios avisando de que "desde un punto de vista legal, no es posible, con la Constitución y las normas de la UE en la mano". "Y, por otra parte, tampoco es deseable. [...] No ayudaría ni a los productores, ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena", ha reafirmado.

La negativa del sector

Con todo, un acuerdo de estas características no parece posible: sobre todo, dada la postura actual de las empresas del sector. "El escenario en el que nos encontramos es complejo, pero no hay eslabones en la cadena que se estén enriqueciendo a costa de nada", asegura, en relación a las palabras de la ministra, el secretario general de Cedac -consejo de empresas distribuidoras de alimentación de Catalunya-, Roger Gaspa. "Hay mucho desconocimiento de la cadena alimentaria", continúa este experto, que explica que con la cantidad de supermercados que hay en España, y especialmente en Catalunya, sería mortal para uno de ellos subir el precio de los productos de forma arbitraria.

"El consumidor es muy sensible al precio", contextualiza, explicando que lo que está encareciendo el producto alimentario es el aumento de costes de las materias primas, los combustibles y el transporte, y la subida de precios de la energía.

Esta asociación, especie de patronal de los supermercados, asegura que lleva meses expresando su preocupación en este sentido y que está dispuesta a sentarse con cualquiera para abordar posibles soluciones. Pero según su punto de vista, estas tienen que pasar más por una bajada del IVA de los productos alimentarios (con los precios tan caros, un impuesto menor implicaría para el Gobierno la misma recaudación que antes de que la inflación se desbocara) o por considerarles un sector electrointensivo, que por limitar precios.