Archivo parcial
El juez del 'caso Voloh' exculpa del delito contra administración pública a un empresario de confianza de Puigdemont
El magistrado precisa que la falta de un informe de la Guardia Civil impide concretar por ahora la acusación y, por lo tanto, su imputación por ese delito puede causarle un perjuicio económico al impedirle firmar un contrato con una entidad pública
J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
El juez del 'caso Voloh', que investiga la financiación del 'procés', Joaquín Aguirre, ha exculpado de un delito contra la administración pública al empresario Oriol Soler, persona de confianza del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, por la falta de un informe de la Guardia Civil y para evitarle un "perjuicio económico" ante la imposibilidad de poder firmar un contrato con una entidad pública si continuaba imputado por esa infracción penal. Según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el archivo dictado es parcial y el empresario, que fue detenido en octubre de 2020, continúa teniendo la condición de investigado.
El abogado de Soler presentó el pasado 30 de agosto un escrito en el juzgado solicitando el sobreseimiento provisional parcial solo del delito contra la administración pública, a la espera del resultado del conjunto de la investigación. El juez ha acordado aceptar dicha petición de forma "urgente" para evitar un posible perjuicio económico, ya que, como director general de una empresa, se le ha negado la posibilidad de tramitar un contrato administrativo con una entidad pública al estar imputado por este delito. Sobre todo, teniendo en cuenta que la Guardia Civil, que actúa como policía judicial, "aún no ha verificado" si Soler "pudiera haberse beneficiado de algún contrato público de manera irregular".
El magistrado precisa que la falta del informe de la Guardia Civil sobre Soler se debe "tanto a la falta de efectivos personales suficientes" para elaborar un dictamen de los más de 100 dispositivos incautados en las entradas y registros efectuados, como a la necesidad de "dar prioridad" a las pesquisas sobre otros investigados en esta macrocausa. "No obstante, esta cuestión no tiene qué ser de la incumbencia de Soler, ni verse obligado a perder contratos públicos por ese motivo", razona el juez, que añade que, por ahora, no puede adelantar cuándo los agentes presentarán el dispositivo digital que se intervino al imputado. Por todo ello, Aguirre considera procedente el archivo para eludir un perjuicios "económicos innecesarios" a Soler, considerado como uno de los componentes del denominado 'estado mayor' del 'procés'.
Activista bien conectado
Oriol Soler es un empresario del sector de la comunicación ampliamente conectado con el activismo pacífico pro-independentista. Fundador del Grup Cultura 03, del que se desligó, impulsó la editorial Ara Llibres, la revista Sàpiens y la edición barcelonesa de la revista londinense Time Out. También coordinó la creación del diario ‘Ara’, del que fue presidente, consejero delegado y editor, y puso en marcha el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Además, entre 2008 y 2014, fue miembro del consejo social de la UAB.
En el campo político, fue el director de la campaña 'Ara és l'hora' de la consulta popular independentista del 9-N y codirector de la campaña electoral de Junts pel Sí, la alianza entre CDC y ERC para las elecciones catalanas de 2015. En noviembre de 2017 se entrevistó con Julian Assange, por entonces recluido en la embajada de Ecuador en Londres, buscando apoyos para el independentismo en ese otoño caliente.
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