Yolanda Díaz apoya las movilizaciones sindicales ante la patronal para subir el salario mínimo

"Mi apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española". Con esta rotundidad, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, respaldó este jueves las movilizaciones convocadas por las centrales para este otoño de cara a la negociación para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI). La también ministra de Trabajo insistió en que en el actual contexto de inflación "es más necesario que nunca" subir el SMI. Fuentes cercanas a Díaz explican que la intención es que este incremento se apruebe en diciembre, de tal forma que entre en vigor el 1 de enero de 2023, y no en los últimos meses de este año.

En el primer pleno del curso académico, Díaz reiteró, como lleva haciendo ya varias semanas, que el Ejecutivo elevará el salario mínimo -actualmente en 1.000 euros mensuales-, aunque ha evitado pronunciarse sobre la cantidad en que se incrementará. La vicepresidenta segunda quiere esperar a la reunión de la comisión de expertos, que se convocará el viernes de la próxima semana, donde se fijará cuál es la cantidad equivalente al 60% del salario medio español. El compromiso del Gobierno es que este llegue en 2023 al 60% del salario medio español, lo que supondría 14 pagas de 1.049 euros, según cálculos anteriores que ahora deben ser actualizados por la comisión de expertos.

"Le pediría a la CEOE que se comprometa con su país", demandó la vicepresidenta ante la negativa de la patronal a elevar los salarios. "Creo que el señor [Antonio] Garamendi [presidente de la patronal CEOE] sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta para un país que necesita, no solamente que los trabajadores no lo pasen mal, sino que dejen de perder poder adquisitivo", insistió Díaz. A este respecto, fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que la subida del salario mínimo se dejará para el 2023 con la intención de ajustar el incremento a la inflación acumulada en 2022.

Dividendo empresariales

"Es bueno para la economía tener salarios dignos que permitan a las personas vivir con dignidad. Se habla mucho de los salarios y se habla muy poco de los enormes dividendos que se reparten los grandes consejos de administración o los salarios en los consejos. Tienen que ser debatidos", recalcó Díaz tras haber mostrado su "apoyo explícito" a las movilizaciones sindicales ante la negativa de la patronal. No obstante, fuentes de su entorno apuntan que, al igual que ocurrió el pasado año, se podría subir el smi sin el beneplácito de los empresarios.

Las declaraciones de Díaz se producen apenas dos días después de que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, apuntara a la necesidad de tener un otoño socialmente tranquilo. Tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado martes, la dirigente socialista reivindicó su "deseo" de que sindicatos y patronal "sean capaces de ponerse de acuerdo para dar tranquilidad a los trabajadores y mantener el crecimiento económico en nuestro país".

Reacción sindical

El mensaje de la ministra fue acogido muy favorablemente por los sindicatos, mientras que, desde la patronal se ha evitado abundar en ello con comentarios. El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, agradeció "profundamente" la reflexión de la ministra. Tras participar en un acto sindical en Barcelona, Álvarez advirtió a las patronales CEOE y Foment del Treball de que habrá un año de grandes movilizaciones "si no se sientan a negociar un acuerdo integral para poder desarrollar la negociación colectiva" en España. "Los sindicatos no permitiremos que los salarios suban el 3% cuando la inflación está en el 10%", sentenció Álvarez. "No tiene ni pies ni cabeza, no ocurre en ningún país europeo", ha dicho, y cree que a partir de enero el SMI tendría que ser de 1.100 euros mensuales.

Por otro lado, el secretario general de la UGT ha recordado al Gobierno "la obligación que tiene de sentarse a negociar un acuerdo" con los funcionarios. Álvarez ha demandado un convenio" que posibilite que los funcionarios públicos no paguen la situación de crisis", y ha tildado de "ridículo" el aumento previsto para el próximo año: el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas en abril apuntaba un 2% para los sueldos públicos, aunque después la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha evitado ser precisa.