El Constitucional sufre un vacío en derecho civil y laboral (aparte del sesgo ideológico)

Aunque los medios de la derecha ponen el acento en la cantera de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo -la Sala Segunda- cuando se refieren a las candidaturas para sustituir, por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los dos magistrados cuyos mandatos caducaron el pasado 12 de junio -Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol-, hay un obstáculo para ello. Y es el 'procés'.

Porque tanto por la instrucción de la causa como por la pertenencia a la Sala de Recursos y al tribunal que juzgó el referéndum del 1-O en Catalunya, una gran cantidad de candidatos tendrían que abstenerse de acceder al Tribunal Constitucional en recursos pendientes, nuevos hechos y resoluciones como, por ejemplo, la orden europea de detención que serán objeto de sentencias, o los indultos de los dirigentes independentistas.

La instrucción, el enjuiciamiento y la condena se han convertido en un bumerán para esos magistrados. Y afecta a nombres que han aflorado como es el de Antonio del Moral o Pablo Llarena. El primero fue miembro del tribunal y el segundo instruyó la causa y tiene todavía diligencias en los próximos meses, tanto en España como en el exterior.

Según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, ninguno de ellos ha enviado señales al CGPJ como aspirantes a ser elegidos para el TC. “Ninguno de los dos han sugerido que les tengamos en cuenta. Pero hay 12 magistrados del Supremo que sí nos ha pedido que los tengamos en cuenta en nuestras oraciones”, ironizó un vocal consultado por este diario. “En cambio, los presidentes de la Sala Primera (Civil), la Cuarta (Social) y la Quinta (Militar) nos han solicitado que pensemos en ellos a la hora de hacer nuestros deberes”, añadió.

Las necesidades del TC

El empeño en poner el acento en las posibilidades de los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo no parece coherente con las necesidades que tiene el TC. Hasta la llegada del magistrado Cándido Conde-Pumpido, en el tribunal de garantías no había un magistrado experto en derecho penal. Ahora hay junto a él otros dos: Concepción Espejel y Ramón Sáez.

Mientras ya hay una representación abultada de dichos magistrados de lo penal, en el TC han causado baja los dos y únicos especialistas en derecho laboral: Fernando Valdés Dal Ré y Alfredo Montoya.

Pero a ello cabe añadir que con la salida de Encarna Roca, magistrada de lo civil del Supremo y la próxima de Juan Antonio Xiol, que llegó al TC desde la presidencia de la Sala Primera (Civil) del Supremo, el tribunal de garantías se queda sin civilistas.

Tanto el derecho laboral, con los recursos de inconstitucionalidad del PP y Vox contra la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez, como el derecho civil, con la cada vez más estrecha integración en la Unión Europea, y el predominio de temas mercantiles, bancarios y de consumidores, son flancos que requieren especialistas capaces de contribuir a la jurisprudencia del TC.

En el primero de los casos, la magistrada de la Sala Cuarta, que habría expresado su deseo de ir al TC, se trata de una magistrada de sesgo conservador. En el segundo, Francisco Marín Castán, también conservador, goza de prestigio en el sector progresista.

Sin señales

Siete magistrados de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) han expresado su interés a diferentes vocales, entre los que se cuentan Pablo Lucas, José Manuel Bandrés y Eduardo Espín, del sector progresista. Inés Huerta, muy arropadas por el presidente Carlos Lesmes, no parece haberlo solicitado, pero no deja de tener un perfil para ingresar al TC. La magistrada Pilar Teso, que fue rival de Lesmes en 2013, no ha enviado mensaje alguno sobre su interés.

Pero sigue siendo una magistrada que nadie descarta para la presidencia del CGPJ y Tribunal Supremo en la próxima renovación. Y puede ser producto de un acuerdo PSOE-PP. Por el lado del Gobierno hay una inclinación a favor de la catedrática de derecho internacional Concepción Escobar y la catedrática de derecho constitucional Yolanda Gómez, directora del Centro de Estudios Constitucionales.

El Gobierno, según fuentes consultadas por este diario, prefiere esperar a que el CGPJ haga sus dos nombramientos. Si no hubiera mujeres en esas designaciones, por ejemplo, una posibilidad es que Sánchez se inclinase por nombrar a dos mujeres.

“Cuando el PP va con el cuchillo en la boca no lo suelta. A mí la renovación me la dieron por hecha más de seis veces. Pero el PP con la renuncia por enfermedad del magistrado Montoya, elegido por el Senado, se ha encontrado con un problema con el que no contaba”, señala otra fuente del CGPJ. Es que para sustituir a este magistrado conservador el PP necesita los votos del PSOE, que tiene la mayoría en la cámara baja. “Tendrán que pagar el peaje de la renovación del CGPJ si quieren un magistrado conservador para la vacante de Montoya”, señala otra fuente consultada.

"No voy a tolerar gamberrismo"

”No voy a tolerar gamberrismo. Los siete vocales (conservadores)que se opusieron a dar el plácet al nuevo Fiscal General del Estado no lo he compartido y les planté cara en la sesión del Pleno”, ha dicho Lesmes a una fuente que ha hablado con este diario. “Ni le pareció serio el argumento apoyado en recortes de periódicos, ni los fundamentos, y Lesmes estuvo especialmente duro con los siete conservadores. Él cree que tiene cuatro más aparte de los ocho del sector progresista, y puede sumar a algunos más. Pero con 12 votos es suficiente para nombrar un magistrado progresista y un conservador. Y eso si siguen siendo siete porque están recibiendo llamadas”, señaló la fuente.

Lesmes tiene un incentivo. Y es pasar al TC cuando se aborde la plaza vacante de Alfredo Montoya, dentro de algunos meses porque si se hace de inmediato quien le sustituya solo puede gozar de un mandato de pocos meses porque sus nueve añois vencen en marzo de 2023.

Pero para ello Lesmes necesitará que el PP le proponga al PSOE para que el Senado presente su candidatura. Si lo consigue, la carambola sería perfecta.

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