Mitos y realidades de la ley de memoria histórica

Luz verde del Congreso a la nueva Ley de Memoria Democrática. Fue una de las últimas noticias del curso político antes de las vacaciones y sirvió para enviar al Senado un texto que nace con el objetivo de dar respuesta a las “cuestiones pendientes” de resolver de la Ley de Memoria Histórica vigente.

La ley de 2007 abordaba, como principales cuestiones, el reconocimiento del carácter injusto e ilegítimo de las condenas durante la Guerra Civil y la Dictadura, la localización de fosas comunes, la retirada de símbolos franquistas y el régimen del Valle de los Caídos.

Ahora, la nueva legislación establece, entre otras cosas, que la búsqueda de personas desaparecidas “corresponderá a la Administración General del Estado”, considera víctimas “las comunidades, las lenguas y las culturas vasca, catalana y gallega”, crea un “Banco Estatal de ADN de Víctimas de la Guerra y la Dictadura”, declara “ilegal el régimen surgido” de la Guerra Civil y el “carácter ilegal y radicalmente nulo de todas las condenas y sanciones”, impone nuevas infracciones, retira 33 títulos nobiliarios y prohíbe retratos franquistas en los despachos.

Con todo ello, ¿cuáles son las cuestiones pendientes, catorce años después?

Una ley a medio camino

“La ley de 2007 era ambiciosa en sus objetivos y abría muchísimas puertas, pero no era taxativa, hacía muchas recomendaciones que no eran de cumplimiento obligado”, sintetiza Carme Molinero, catedrática de Historia Contemporánea de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Fue una ley para “poner unos límites y regular un movimiento memorialista muy exigente que estaba peleando muchas cosas en muchos sitios del país”, sostiene Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que añade que, con los años, se ha visto “que quedó lejos de lo que se tenía que llegar”.

“Era un mensaje de querer cambiar las cosas, pero el Estado no asumía nada respecto a la exhumación de las fosas y trasladaba una responsabilidad propia a la sociedad civil”, concluye Queralt Solé, doctora en Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona con la tesis Las fosas comunes en Cataluña.

Las fosas, en manos de la sociedad civil

Uno de los capítulos de la ley que generó más expectativas fue el que regulaba la apertura de las fosas comunes, donde se calcula que se encuentran los cuerpos de casi 115.000 desaparecidos entre julio de 1936 y diciembre de 1951, según cifró un auto dictado por el Juzgado de Instrucción Penal n° 5 de la Audiencia Nacional de 2008 (en la página 23). Sin embargo, el juez Baltasar Garzón instó en aquel momento a que los datos tenían que ser “contrastados, analizados y renovados para completarlos y actualizarlos al máximo”.

Pese al avance, la nueva ley dejaba la “localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior” (artículo 11) en manos de las familias y las asociaciones y esto ha provocado que la ley haya tenido una aplicación desigual en las comunidades autónomas.

Aunque el nuevo marco legal permitió “un aumento muy significativo del número de exhumaciones por el amparo legal y por el apoyo económico”, según reza un estudio editado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en 2020 todavía había 557 fosas pendientes de intervención y el objetivo es intervenirlas hasta 2024. Desde el año 2000, se han intervenido 1.161 fosas.

Aunque no hay una clasificación oficial de países por desaparecidos, el International Commission on Missing Persons cifra entre 250.000 y un millón las personas desaparecidas en Irak y Amnistía Internacional considera que Sri Lanka tiene el segundo mayor número de desapariciones forzadas. Por otro lado, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias citó en 2014 la cifra que dio la Audiencia Nacional, pero reconoció que “no existe una cifra oficial” de desaparecidos en España. El mismo grupo cifró en 2019 en 57.891 los casos que ha transmitido desde 1980, siendo Irak, Sri Lanka, Argelia, Argentina, Guatemala y Perú los países que cuentan con más casos registrados.

La Ley de Memoria Histórica de 2007 “supuso un primer paso en la recuperación de la memoria histórica y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, pero en materia de fosas se quedó corta”, arguye el historiador y director del programa de memoria democrática de la Diputación de Barcelona, Francesc Xavier Menéndez. El Estado “se limitaba a subvencionar las iniciativas de la sociedad civil”, añade el experto.

Para Jordi Guixé, director del Observatorio Europeo de Memorias, la Ley ha derivado en “una especie de asimetría memorial” entre comunidades autónomas. Con él coincide Queralt Solé, que expone que “se ha ido constatando que es una cuestión que depende del color de quien está en el gobierno”. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado por una prueba de ADN, menciona el caso del País Vasco, que “no tiene ley de memoria y lleva quince años haciendo muchas cosas”. “No ha necesitado una ley, ha necesitado voluntad política”, concluye.

La Ley también preveía la elaboración de un mapa de fosas (artículo 12) y de un protocolo para las exhumaciones (artículo 13).

Micromecenazgo

En 2006, el año previo a la aprobación de la ley, el Gobierno empezó a otorgar subvenciones para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo (en 2004, había creado una Comisión Interministerial al respecto). La nueva ley, que responsabilizaba a familias y asociaciones de las exhumaciones, dio continuidad presupuestaria a las subvenciones y hasta 2011 el ejecutivo concedió 25,2 millones de euros. Sin embargo, esta tarea fue “abrupta e injustificadamente interrumpida”, según reconoce la exposición de motivos de la nueva legislación, cuando el PP llegó a la Moncloa, ya que el Gobierno de Rajoy eliminó dichas ayudas contempladas en el artículo 11.2.

En aquel momento, algunas familias y entidades empezaron campañas de crowdfunding para poder llevar a término las exhumaciones. “Todo a partir de la buena fe y del dinero particular de la gente”, narra Queralt Solé.

Ahora, la nueva ley fija que “corresponderá a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la Dictadura” (en el artículo 16.1).

La supresión de estas subvenciones llevó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias de la ONU a reclamar en 2014 que el Gobierno asumiese la localización de los desaparecidos del franquismo como una “política de Estado” y proporcionara “los fondos adecuados” para que la ley de Memoria pudiera “aplicarse eficazmente”.

“Para nosotros, se tenía que haber hecho con la participación de la justicia, como en Argentina o en Bosnia”, reclama Arturo Peinado. En España, en cambio, la mayoría de las exhumaciones no se han hecho “bajo la tutela judicial”, como señala un artículo publicado en la revista académica Historia Contemporánea. Peinado critica que aquí se ha establecido “un sistema de privatización ajeno a la justicia” y Jordi Guixé lamenta que la ley de 2007 “no se hizo con vocación de judicializar la memoria”. Es decir, permitía desenterrar los cuerpos, pero la justicia no entraba a investigar las muertes.

En los últimos dos Presupuestos Generales del Estado, del gobierno del PSOE y Unidas Podemos, se incluyeron partidas para la memoria democrática por un total de 11,4 millones de euros en 2021 y 11,8 millones en 2022. De estas cantidades, tres millones de euros cada año (2021 y 2022) iban destinados a las comunidades autónomas: dos millones para la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura y un millón para actividades de divulgación.

5.596 símbolos del franquismo

El artículo 15 de la ley de 2007 fijaba que las administraciones públicas tomarían “las medidas oportunas” para la retirada de escudos, insignias y placas de exaltación de la represión de la dictadura. Sin embargo, “muchos Ayuntamientos han incumplido de forma flagrante” esta obligatoriedad, especialmente en el nomenclátor urbano, apunta Francesc Xavier Menéndez. Algunos lo hicieron y “a otros les daba igual lo que dijera la ley”, insiste Queralt Solé. “No tenía un plazo obligatorio establecido, ni tipología bien definida, ni régimen sancionador de los incumplimientos”, lamenta Arturo Peinado.

Ahora, pasados casi quince años desde su entrada en vigor, todavía hay 5.596 “símbolos del franquismo que de forma ilegal siguen ocupando espacios públicos y privados”, según los datos del portal Debería Desaparecer. De estos, hay 616 nombres de calles de 388 municipios. Además, hay siete localidades que conservan nombres dedicados al bando franquista, como Llanos del Caudillo.

El Valle de los Caídos

La retirada del cuerpo del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos fue uno de los momentos más emblemáticos de la anterior legislatura en cuanto a memoria histórica. Este gesto se remonta a la ley de 2007, que regulaba que el Valle se tenía que regir “estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos”.

En mayo de 2011, el Consejo de Ministro creó una Comisión de Expertos para que hiciera propuestas sobre el futuro del Valle en “aplicación de la Ley de Memoria Histórica”, según explicó el portavoz del ejecutivo en aquel momento, Alfredo Pérez Rubalcaba.

El informe, entregado a finales de noviembre de 2011, sostenía que la presencia de Franco en la Basílica era “incongruente con la finalidad original que motivó la construcción del Valle de los Caídos” y trastocaba “el sentido primitivo del memorial” (en la página 14). Una de las recomendaciones que hacía el informe, la única que no contó con la unanimidad de la Comisión, fue que los restos de Franco fueran trasladados.

Carme Molinero formaba parte de la Comisión de Expertos y recuerda que cuando el PP llegó al Gobierno el informe “se guardó en un cajón”. Primero no hubo voluntad, después los tribunales aplicaron algunas restricciones (en junio de 2019 el Supremo suspendió cautelarmente la exhumación) y la exhumación de Franco no se produjo hasta octubre de 2019.

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