Las batallas judiciales del PP: 14 recursos de inconstitucionalidad en tres años

Los Grupos Parlamentarios del PP en el Congreso y en el Senado han presentado en los últimos tres años al menos 14 recursos de inconstitucionalidad contra las leyes promovidas en el Congreso por el PSOE y Podemos, pero también contra las aprobadas por los parlamentos de comunidades autónomas no gobernadas por esta formación política conservadora, como es el caso de Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, según el recuento realizado por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA de las publicaciones del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Las leyes de Educación, eutanasia, la modificación del Código Penal en relación a las penas de cárcel contra los piquetes sindicales, el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones, el ingreso mínimo vital, la modificación de las normas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y la Ley Reguladora de las Haciendas Locales son algunas de las normas del Gobierno de Pedro Sánchez que al menos 50 diputados del PP, que es el número mínimo que establece la ley para intentar tumbar una ley, han llevado ante el Tribunal Constitucional para que sean anuladas.

Parlamentos autonómicos

La ofensiva judicial del PP también ha buscado anular leyes de Cataluña, cuyo Parlamento ha visto recurridas las normas para la creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, la ley de emergencia en el ámbito de la vivienda y la de contención de rentas en los contratos de arrendamiento. En este último caso, el Constitucional ha anulado varios preceptos de la normativa aprobada por el Parlament.

El Constitucional también estimó el recurso que interpusieron 50 senadores del PP contra la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 2020, que daba un nuevo texto a la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha que según los magistrados era "inconstitucional y nulo".

Otros recursos del PP se han dirigido contra normas de la Comunidad Valenciana, en este caso sobre Sanidad y la Ley que regula el Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios y Entidades Locales Menores.

Administraciones públicas

En cuanto a los recursos e impugnaciones entre administraciones públicas, como podría ser el caso de la Comunidad de Madrid, si se decide a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto-ley de eficiencia energética, en la actual legislatura las comunidades han promovido 12 impugnaciones (nueve recursos y tres conflictos): cuatro Cataluña, dos Canarias, Galicia y País Vasco y una Andalucía y Baleares, según los datos recogidos por Efe del Informe sobre conflictividad Estado-comunidades autónomas durante la actual legislatura (de 3 de diciembre de 2019 a 30 de junio pasado), elaborado por el Ministerio de Política Territorial.

Por su parte, el Estado ha planteado 16 impugnaciones (15 recursos y un conflicto positivo de competencias) contra normas de una decena de comunidades: Andalucía, Asturias, Canarias (2), Castilla y León, Cataluña (5), Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco (2) y La Rioja.

Como en el caso del último anuncio de la Comunidad de Madrid, que ha justificado su iniciativa en que la norma del Gobierno está "poniendo en cuestión" las competencias "propias", en la mayor parte de los casos es la supuesta vulneración del régimen competencial la causa de las impugnaciones tanto del Estado como de las autonomías. En muchos casos, el diálogo en las correspondientes comisiones bilaterales ha evitado que la potencial conflictividad llegase al Constitucional.