Contratación pública

Test covid, portátiles y psicólogos: así gastó la Diputació de Barcelona 14 millones sin concurso

  • Los contratos de la entidad supramunicial revelan la adaptación de la administración al teletrabajo y la carrera para conseguir material sanitario en 2020

Dos profesionales sanitarias hacen pruebas PCR en octubre de 2020.

Dos profesionales sanitarias hacen pruebas PCR en octubre de 2020. / Jose Luís Roca

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

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Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

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La Diputació de Barcelona tuvo que salir al rescate, actuando como intermediario, para cubrir las necesidades más inmediatas de los municipios que, en marzo de 2020, debían responder a la amenaza desconocida del covid-19. La institución dedicó 14 millones de euros en adjudicaciones sin concurso, por la vía directa, para abastecer, junto al resto de administraciones, al 74,4% de la población catalana que vive dentro del radio de sus competencias. EL PERIÓDICO ha analizado los contratos que firmó la institución, como ya hizo con Govern y Ayuntamiento de Barcelona, y la mayoría sirvieron para adaptarse al teletrabajo y para adquirir material sanitario.

Telefónica se hizo con la adjudicación de un contrato de 938.088 euros por la compra de 1.200 portátiles, junto con sus maletines y sus ratones. Según el detalle del contrato, la Diputació pagó 764,68 euros por cada ordenador el 11 de mayo de 2020, un precio más bajo que el que abonó, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona a la empresa Saytel Servicios Informáticos -1.055 euros- el 15 de junio.

El desembolso fue extraordinariamente alto para conseguir equipos de protección individual frente al covid. Las dos adjudicaciones más altas para proveerse de material sanitario se las quedó Barna Import Médica y Naus de Besalú. Como ya explicó este diario, la primera compañía, una empresa familiar en L'Hospitalet de Llobregat, escaló rápidamente a los puestos más altos de los contratistas de la Generalitat durante la pandemia tras 37 años dedicándose a la venta de material sanitario con facturaciones modestas. La Diputació le encargó 100.000 batas de aislamiento impermeable (3,95 euros la unidad) y 400.000 mascarillas quirúrgicas (0,50 euros la unidad) en un contrato que alcanzó los 595.000 euros el 5 de junio. Esta misma compañía, en una compra masiva hecha por parte de la Generalitat el 6 de julio, las cobró a 0,265 euros, ya que se encargaban 11 millones de unidades.

La segunda empresa, Naus de Besalú, dedicada al comercio al por mayor de pieles y cueros, se reconvirtió y recibió 592.000 euros por suministrar 200.000 mascarillas KN95-FFP2 tasándolas a un precio unitario de 2,96 euros un mes después de decretarse el estado de alarma, el 17 de abril.

Es especialmente curioso, teniendo en cuenta el análisis previo de otras administraciones, que las cámaras termográficas, para detectar posible fiebre, fueran especialmente relevantes para la Diputació. Y es que en un plazo de tres semanas, firmó dos contratos a la misma empresa -Grupo Quantum Distribución Global con sede en Montcada i Reixac- para hacerse con un total de 968.910 euros. El 16 de junio compró 611 máquinas (600 para municipios y 11 para la propia institución) a 810 euros la unidad, y el 6 de julio otras 600 con un precio más rebajado, 790 euros cada una.

Hubo cuatro comandas exprés para conseguir test de detección del virus. El 26 de marzo la Diputació compró 7.000 test rápidos para el personal esencial a 2,95 euros la unidad, pero en abril optó por la adquisición de PCR, concretamente en dos comandas consecutivas, una de 300 unidades a 140 euros el test y otra de 200 pruebas a 100 euros cada una. Un mes después, el 11 de mayo, se hizo con 2.000 test de detección rápida de anticuerpos a 20 euros cada uno.

Atención a la salud mental

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La afectación del impacto de la pandemia en la salud mental también fue atendida por la institución. Según consta en un contrato del 2 de abril, se contrató al Col·legi de Psicòlegs la puesta en marcha de un servicio telefónico de apoyo psicológico para el personal municipal que trabajaba en contacto directo con la ciudadanía para afrontar situaciones sobrevenidas a causa de la emergencia social y sanitaria, y que tenían que hacer frente a situaciones de estrés emocional.

Entre los perfiles que podían solicitarlo constan los ediles, el personal directivo, trabajadores de atención a las mujeres, agentes cívicos, policías locales, teleoperadores, personal de seguridad, personal de los tanatorios y cementerios, las brigadas de limpieza y los empleados del transporte público. El servicio ponía a su disposición nueve psicólogos (11 consultas al día para cada uno) que podían atenderles hasta tres sesiones y con fecha de finalización el 31 de mayo. El precio fue de 30 euros la consulta y de 100 euros al día por la coordinación del servicio.