Tribunales
Asociaciones de jueces recuerdan a Ayuso que las comunidades están obligadas a acatar la ley
Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y la Asociación Francisco de Vitoria destacan que la coordinación de la planificación general de la actividad económica es competencia exclusiva del Estado
Tono Calleja
Periodista
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
Tono Calleja - Ángeles Vázquez
Las comunidades autónomas no pueden dejar de aplicar la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez, según advierten las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), cuyos portavoces han respondido a las preguntas de este diario sobre la negativa de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a aplicar los recortes en el consumo de energía.
"A priori, y con todas las reservas, diría que las comunidades autónomas no podrían negarse a cumplirlo. Lo que no veo de ningún modo es que se pueda decretar un Estado de alarma o excepción para eso", explica el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Jorge Luis Fernández Vaquero, tras ser preguntado sobre las opciones que tendría el Ejecutivo de Sánchez para hacer cumplir su política en un escenario de insumisión del Gobierno de Ayuso.
En los tribunales
Por eso, la forma de obligar a las autonomías insumisas a cumplir la nueva normativa debería ser, prosigue Fernández Vaquero, recurrir a los tribunales para que ejecuten la norma estatal. En el mismo sentido, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria recuerda que el Gobierno central solo puede ejercer competencias propias: "Por ejemplo, las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica son competencia exclusiva del Estado (artículo 149 de la Constitución). En ejercicio de esa competencia el Estado podría regular algunos aspectos que inciden en competencias de las Comunidades Autónomas", destaca este magistrado.
Fernández Vaquero recuerda, también, que la acción del Gobierno central siempre estará supeditada a que se mantenga dentro del límite de su propia competencia, una cuestión que a veces es difícil de establecer a priori. "De ahí que en estos temas en muchas ocasiones el asunto acabe en el Tribunal Constitucional", dice Fernández Vaquero, que concluye que el Estado "no puede imponer nada en materias de competencia autonómica".
Precisamente, el Gobierno de Ayuso ha anunciado su intención de analizar de forma pormenorizada la nueva normativa de ahorro de energía para determinar si el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha transgredido las competencias autonómicas madrileñas, con la intención de interponer un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional.
Cambio climático
Por su parte, el portavoz de JJpD, Edmundo Rodríguez Achútegui, recuerda a este diario que cuando se promulgó la ley antitabaco muchas comunidades autónomas pusieron objeciones, pero todas acabaron cumpliendo. "Ahora es el momento de ver quién se toma en serio el cambio climático", añade.
Sostiene que, a la espera de ver en detalle cómo se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva normativa, el Gobierno promulga el marco general y las comunidades deben aplicarlo en función de sus competencias. Si no lo comparten o consideran que invade sus competencias lo pueden recurrir al Tribunal Constitucional, pero las normas se tienen que cumplir.
Dudas sobre las medidas
Añade que en caso de incumplimiento quien pueda tener un problema no será la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que anunció que Madrid no cumplirá las medidas de ahorro energético, sino el director general al que corresponda aplicar el real decreto ley promulgado. Admite diferencias entre comunidades, porque "tampoco es lo mismo un invierno en Aragón que en Canarias".
Finalmente, la portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la magistrada María Jesús del Barco, apunta que la controversia podría acabar en el Tribunal Constitucional. También muestra sus dudas sobre la capacidad que tiene el Estado para decir a los establecimientos de cada Comunidad Autónoma "a qué hora enciende o apaga las luces".
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