Futuro choque

Sánchez se abre a negociar ante las críticas a la ley de secretos

  • El presidente del Gobierno asegura que dialogará con todos los grupos, pero recuerda que es un paso importante

  • Unidas Podemos trata de alejar al PSOE del PP y asegura que hay margen para enmendar la norma

Pedro Sánchez, se dirige a los periodistas después de una reunión con el rey en el Palacio de la Almudaina en Palma de Mallorca el 2 de agosto de 2022

Pedro Sánchez, se dirige a los periodistas después de una reunión con el rey en el Palacio de la Almudaina en Palma de Mallorca el 2 de agosto de 2022 / JAIME REINA /AFP

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Miguel Ángel Rodríguez
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Juanma Romero
Juanma Romero

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Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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Pedro Sánchez parece dispuesto a afrontar las malas caras de sus socios habituales -tanto dentro como fuera del Gobierno- con el proyecto de ley de información clasificada que aprobó este lunes el Consejo de Ministros. El jefe del Ejecutivo aseguró que está "abierto a hablar con todos los grupos parlamentarios" para sacar adelanta "la mejor ley" de secretos posible. El problema está en que Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu y Más País reclaman cambios muy sustanciales en los plazos propuestos por el Gobierno, que van de los 4 a los 50 años dependiendo del grado de confidencialidad de la información. La cerrazón de los socios podría llevar a Sánchez a mirar al PP -algo que en el ala socialista del Ejecutivo no se descarta- y, para evitarlo, los morados están poniendo sobre la mesa todos sus dotes de convicción para atraer al PSOE.

Pese a las críticas recibidas, el jefe del Ejecutivo reivindicó este martes que su Gabinete está comprometido con la "regeneración democrática", y mantiene firme su apuesta por elevar la "calidad democrática" del país. Tras el habitual despacho de Sánchez con el rey Felipe VI en Palma, el presidente del Gobierno consideró que lo importante es que una ley predemocrática, de 1968, va a ser reformada más de 50 años después. "Es un debate que debemos tener en nuestro país, que va a fortalecer la democracia y, por tanto, nosotros estamos abiertos a hablar con todos los grupos parlamentarios", subrayó.

Enmendar el texto

A esas conversaciones están esperando los socios del Ejecutivo y, sobre todo, Unidas Podemos, que quiere evitar a toda costa que la norma acabe saliendo adelante gracias al apoyo del PP. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se mostró "escéptica" ante la posibilidad de lograr un acuerdo satisfactorio con los conservadores que permita la aprobación de esta ley, pero lo cierto es que, por el momento, los morados no comparten el contenido de la misma -asegura que está "lejos de la transparencia democrática"- y los populares, aunque enfadados por no haber sido consultados, están más cerca de la propuesta. Eso sí, la dirigente morada avisó, además, de que el PP solo busca "romper el Gobierno" para que "se rompa la estabilidad".

Pese al declarado malestar de Unidas Podemos con la norma, Belarra aseguró que hay margen más que suficiente para lograr un "texto de consenso". Fuentes de la dirección del ala morada del Gobierno afirman que tienen el compromiso del PSOE de abrir una negociación en las próximas semanas para modificar la norma antes de que esta vuelva a pasar por el Consejo de Ministros y sea enviada a la Cámara Baja para su tramitación parlamentaria. "Vamos a buscar un punto intermedio en el que todo el mundo pueda cumplir sus objetivos", aseveró la ministra.

La alternativa

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El principal motivo que les aleja del texto propuesto es el plazo de 50 años, prorrogable otros 15 años más, para desclasificar la información más comprometida, la que se considere 'alto secreto'. Las cifras planteadas por los morados son mucho menores. En concreto, quieren que este tipo de documentación permanezca oculta por un periodo de 20 años, prorrogables 10 años más.

No valdría solo con contentar a los morados para sacar la ley sin el apoyo del PP. El Ejecutivo necesitaría de sus socios habituales, bastante distanciados de la norma. El president de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, sentenció que no contarán con el apoyo de su partido "para justificar la opacidad y la falta de transparencia".