Nueva norma a debate

Unidas Podemos y los socios del Gobierno rechazan la nueva ley de secretos

  • Los morados aseguran que cuenta con el compromiso de Sánchez para retocar el texto antes de que se envíe al Congreso

  • ERC, PNV, EH Bildu y Más País critican que los plazos planteados son exageradamente largos y muestran su decepción ante el texto

En una imagen de archivo la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.. EFE/Lenin Nolly

En una imagen de archivo la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.. EFE/Lenin Nolly / Epi_rc_es

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Miguel Ángel Rodríguez
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Juanma Romero
Juanma Romero

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Especialista en información de Gobierno y PSOE.

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Ni uno de los socios habituales del Gobierno ve bien el anteproyecto de ley de información clasificada que aprobó esta tarde el Consejo de Ministros en primera vuelta. Ni siquiera, Unidas Podemos. La propuesta del Gobierno de establecer un plazo de 50 años (prorrogables) para desclasificar la información más sensible y que esta sea de acceso público ha logrado la unidad en el bloque de la investidura, pero no como esperaban los socialistas. ERC, PNV, EH Bildu y Más País han criticado la norma, la cual tachan de "decepcionante", y piden al Ejecutivo que "rectifique". Incluso, en el propio seno de la coalición han surgido discrepancias y los morados han mostrado su disconformidad.

En la última reunión ordinaria del curso político, el Consejo de Ministros dio el visto bueno al texto con el que el Gobierno pretende sustituir la actual ley de secretos oficiales de 1968, aprobada durante la dictadura de Franco. La norma en vigor permite que haya documentos protegidos que permanezcan ocultos de manera indefinida y el Gobierno proponen limitar este periodo a un plazo de entre 4 y 50 años (prorrogables hasta 75) dependiendo del grado de confidencialidad que se le otorgue a los documentos -50 años, prorrogables a 75 para los documentos considerados 'alto secreto'; 40 años, prorrogables a 50, para los considerados 'secreto'; de 7 a 10 años para los documentos 'confidenciales'; y de 4 a 6 años para la información 'reservada'-.

Sobre los documentos clasificados hasta el momento de la aprobación final de esta norma seguirá siendo secretos salvo petición expresa de alguno de los afectados o que lo decida desclasificar de oficio la autoridad competente o el Tribunal Supremo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha ensalzado la norma porque supone superar un "vestigio franquista" y "homologar" la legislación española al resto de países europeos. En este sentido, ha recalcado que los plazos planteados son "razonables". Sin embargo, sus propios socios en el Gobierno no están de acuerdo.

Descontento morado

Fuentes del ala morada del Ejecutivo desvelan que no están de acuerdo con este extremo y que han logrado el compromiso del PSOE de negociar modificaciones en la ley antes de que esta regrese al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y sea enviada al Congreso para su tramitación parlamentaria. En concreto, sostienen que la "principal discrepancia" es ese plazo mínimo establecido para desclasificar documentos. A este respecto, sostienen que España es una democracia "madura" y tiene "derecho a conocer su historia".

El objetivo de los morados, según fuentes de la dirección del espacio, es introducir cambios en este anteproyecto de ley en los próximos meses. A este respecto, afirman que los socialistas se han comprometido a abrir una negociación en el seno del Gobierno para poder llevar un texto lo más consensuado posible al Congreso de los Diputados. No obstante, en Unidas Podemos prefieren mantener un perfil bajo sobre otros aspectos que les gustaría modificar para evitar enturbiar esas conversaciones con sus aliados en el Ejecutivo.

Abrir la negociación

Además, en el espacio confederal consideran que esta norma debería haber sido negociada negociada desde un principio con los socios parlamentarios de los que después dependerá su aprobación en la Cámara Baja, ya que se trata de una reivindicación expresada por la mayoría de grupos de la oposición y, concretamente, por el PNV, con quien se comprometió el Gobierno a impulsar esta norma.

Sin embargo, el Ejecutivo no se ha puesto en contacto en ningún momento con el partido jeltzale. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado este lunes que no les hayan pasado "ninguna información", cuando fueron ellos quieren registraron hace ya 6 años una proposición de ley para modificar la actual normativa. Además, el diputado del PNV ha avisado de que el texto "llega tarde" y que está por ver si se podrá aprobar en esta legislatura, dados los trámites que aún faltan.

Sobre su contenido, Esteban ha apuntado que los plazos planteados "parecen exageradamente largos" y "doblan" los que propuso su propio partido. "Parece bastante decepcionante", ha resumido. La misma palabra -"decepcionante"- ha empleado también el líder de Más País, Iñigo Errejón, antes de lamentar que la norma "sigue tratando a los españoles como menores de edad". El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha sido más gráfico a la hora de valorar la propuesta y ha comparado la diferencia entre la antigua ley de Secretos Oficiales y el nuevo proyecto de ley de Información Clasificada con el simple cambio de nombre que sufrió la marca Mr. Proper cuando pasó a llamarse Don Limpio.

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También se han mostrado especialmente duros en EH Bildu. Fuentes del partido abertzale piden al Gobierno que "rectifique" su propuesta ya que esta mantiene en el "olvido, sin conocer ni resolver actuaciones delictivas por parte de sus aparatos, sean policiales, judiciales o políticos". "No es aceptable que la reforma propuesta por el Gobierno no toque los principales elementos de una ley franquista", recalcan.

Pese a las críticas de los socios, Bolaños se ha mostrado convencido de que "habrá una mayoría parlamentaria rotunda" para sacar adelante la norma. La única opción viable, por el momento, sería el PP, que evitó pronunciarse sobre el fondo del proyecto, pero lamento que no les hayan contactado en un tema "muy sensible" que "afecta a la seguridad del Estado".