Informe

Los letrados avisaron a la Mesa del Parlament de que Lluís Puig no podía ejercer telemáticamente

  • Los servicios jurídicos sugieren que debe haber una reforma reglamentaria para que el 'exconseller' pueda participar en las comisiones

El ’exconseller’ Lluís Puig junto a Meritxell Serret y Antoni Comín en una manifestación en Bruselas.

El ’exconseller’ Lluís Puig junto a Meritxell Serret y Antoni Comín en una manifestación en Bruselas. / STEPHANIE LECOCQ (Zeta_intramedia)

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad política catalana

Escribe desde Barcelona

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En la gruesa carpeta de asuntos pendientes en el Parlament tras la suspensión de Laura Borràs como diputada y presidenta, figura el voto del diputado y 'exconseller' Lluís Puig que, como explicó este diario, todavía no está garantizado porque las actas de los plenos en los que se contabilizó verbalmente su posicionamiento todavía no han sido firmadas. Pero no solo está en el alambre su voto, sino también su futura participación en las comisiones, ya que al residir en Bélgica desde 2017 debido a su situación procesal, no acude presencialmente a la Cámara y solicita poder ejercer por la vía telemática.

Ante las dudas que suscitó esta cuestión en la comisión de asuntos institucionales, la Mesa encargó un informe a los servicios jurídicos antes de tomar la decisión de contar con él por medios informáticos, como terminó sucediendo el jueves pasado. El documento del 25 julio, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y que estudió el órgano rector antes de proceder, deja claro que los letrados opinan que el reglamento "da por hecho" el carácter presencial de las sesiones, siguiendo con lo que ya expresaron en 2018 a cuenta de la situación del expresidente Carles Puigdemont. Pero no solo eso. Avisan también de que, al no haber "dudas interpretativas" sobre las normas en cuanto a la presencialidad o no de los parlamentarios, si la Mesa lo acepta estaría modificando "implícitamente" las reglas y yendo más allá de su función de interpretación.

La conclusión de los juristas es que la decisión de que Puig participara 'online' -que se tomó con los votos de Junts y la CUP, la abstención de ERC y el 'no' del PSC-, se puede entender como "un acto que excede sus funciones" y que entra en contradicción con el reglamento "con independencia de las valoraciones políticas que pueda merecer el hecho de que el diputado no pueda participar a distancia". Incluso apostillan que el Tribunal Constitucional (TC) ha dictado varias resoluciones en las que niega que la situación de Puig pueda equipararse a la incapacidad alargada que alega para delegar el voto.

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En cuanto a las reuniones híbridas, el alto tribunal declaró previamente que "como norma general, las actuaciones parlamentarias han de ejercerse de modo presencial” siendo la presencia de los diputados “un requisito necesario para que puedan deliberar y adoptar acuerdos”, por lo que los letrados deducen que el reglamento del Parlament no prevé que puedan participar en la actividad parlamentaria “en ausencia”, algo que deberá dirimir la Mesa en un futuro ya sin Borràs como presidenta. 

El paréntesis del covid

Los servicios jurídicos inciden en que, las medidas adoptadas por la pandemia –el voto delegado y telemático- se hicieron para evitar que el Parlament estuviera abocado a una situación de “inoperancia” pero advierten de que esto no cuenta con una “habilitación reglamentaria” y que se aceptó porque era “la única solución posible”. De hecho, el 1 de febrero de 2022 se agotó el margen dado para que las comisiones se celebraran de forma telemática o semipresencial. Por eso, los juristas sugieren que debe reformarse el reglamento para dar cabida a Puig, algo que ya se intentó en la legislatura pasada. Hubo varias sesiones en abril y mayo de 2020, pero no prosperó ningún documento pese a las propuestas de varios grupos que apuntaban en la dirección de permitir la vía telemática en casos de fuerza mayor, grave riesgo colectivo, crisis sanitaria, catástrofe o calamidad pública. ERC propone ahora una modificación exprés para protegerse de los casos como el de Puig, pero hará falta tiempo, diálogo y mayorías.