Los funcionarios de prisiones piden pistolas táser para reducir las agresiones

"Estamos liberando en la calle a personas que no están preparadas para vivir en sociedad", ha advertido este jueves Jorge Vilas, responsable del área de prisiones de la CSIF. Y asegurándolo, ha querido subrayar la gravedad que, en extendida opinión entre los trabajadores penitenciarios, está alcanzando el balance de agresiones en el interior de las cárceles.

Vilas ha comparecido en rueda de prensa junto con el presidente de ACAIP-UGT, José Ramón López, en Madrid. Los dos principales sindicatos de la función penitenciaria han reclamado una revisión del protocolo de contención y respuesta a las agresiones de presos contra funcionarios, incluyendo entre sus reivindicaciones la posibilidad de que utilizar pistolas eléctricas, conocidas como táser, "en momentos muy concretos y bajo control del jefe de seguridad" que, en opinión de ambas centrales, "reducirían las lesiones de los internos y de los trabajadores".

José Ramón López ha contado "quince compañeros lesionados y tres intoxicados en lo que llevamos de julio". Es, ha dicho, "una situación absolutamente insoportable, porque no hacen nada para solucionarla". Se refiere a la actitud e la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ante un calendario especialmente lleno de tachaduras este mes: han tenido lugar agresiones en las cárceles de Murcia (1 de julio), Valencia (día 5), Estremera (Madrid, también el día 5), Castellón II, (día 14), Huelva (al día siguiente), Logroño (el 19), Lanzarote y León (día 22).

En lo que va de año, además, dos de las agresiones registradas se han producido mediante corte en el cuello a un funcionario "por fortuna sin alcanzarles la yugular, pero sin poder ser curados en el propio centro y teniendo que ser evacuados al hospital", ha relatado López.

Veinte minutos para equiparse

Para la CSIF y ACAIP-UGT, "la situación es crítica". Jorge Vilas ha recordado que los funcionarios de prisiones proponen "priorizar el régimen sancionador sobre el tratamiento". Se refiere a la levedad de las medidas correctivas, que tilda de "buenismo peligroso, porque pone en peligro la seguridad de los otros internos y de los funcionarios".

La sanción más común en España por un altercado intramuros es la privación de paseo (no poder salir de la celdad) durante una tarde. Ocurre además que el protocolo de respuesta, en opinión de los sindicatos, está desactualizado. Un vigilante de la cárcel puede tardar 20 minutos en ponerse el atavío antidisturbios -lo que llaman "traje de maldeman"- y actuar. Y cuando lo haga, no llevará una de las herramientas de las que antes disponía: el spray reductor, retirado del equipamiento por posible esfectos penitenciarios en el interno que recibe la rociada, "y porque la administración no ha sido capaz de encontrar uno que se adapte a las exigencias de seguridad", ha denunciado López.

Las dos principales centrales de la función pública en las prisiones han anunciado a la Secretaría General de INstituciones Penitenciarias la retirada de su firma en el Protocolo Específico de Agresiones a Funcionarios (PEAFA) "porque no se desarrolla", ha dicho Vilas, y porque, ha asegurado López, "no estamos dispuestos a seguir evaluando agresiones a compañeros sin que la Administración haga nada, hasta que haya una desgracia irreparable".

Choque con Interior

"Llevamos cinco años esperando respuesta, y la respuesta es cero", ha clamado el dirigente de ACAIP-UGT. De todos los colectivos profesionales que gobierna Interior, el de los trabajadores penitenciarios es el que vive un enfrentamiento más enconado con su patrón, el departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska.

Pero el problema, que comenzó siendo una reivindicación de clasificación profesional y pecuniaria, y ahora se considera "violencia endémica", no está solo en el territorio que rige el Ministerio. También hay un conflicto declarado por siete sindicatos (todos) en Catalunya. Mostrando una camisa ensangrentada en sus pasquines, y bajo un lema que se pregunta "Qui serà el pròxim?", el pasado 20 de julio llevaron su problema al Parlament. Once días antes, en el Centro Penitenciario Figueres, a un funcionario le mordieron en el cuello, con arranque de carne, y le provocaron dos brechas en la cabeza, teniendo que ser operado en el Hospital Vall de Hebrón.

El coordinador de ACAIP en Catalunya, Francesc López, ha denunciado que el sistema penitenciario catalán tiene un mal índice de reincidencia, y exigido la creación de "un centro de primeros grados, una calificación adecuada de las agresiones, la consideración de los funcionarios penitenciarios como agentes de autoridad y el restablecimiento de los principios de indemnidad y veracidad". Estos últimos son aquellos por los que se les reconoce a los trabajadores públicos el derecho a ser indemnizado en caso de agresión, y a que su testimonio goce de presunción de veracidad como autoridad pública.

"Hay movilizaciones en Catalunya, hay movilizaciones en el territorio del Ministerio del Interior, y habrá movilizaciones en la comunidad vasca", ha advertido José Ramón López aludiendo a un creciente fenómeno de agresiones también en las cárceles vascas, cuya competencia ha adquirido recientemente el gobierno autonómico de Lakua.