Polémica con la plantilla

Políticos y funcionarios del Parlament se enfrentan por las prejubilaciones

La Mesa prevé revocar las actuales licencias por edad y establecer reducciones de jornada bonificadas

Los que disfrutan actualmente de la paga deberán regresar antes del 1 de noviembre a su puesto de trabajo

La presidenta del Parlament, Laura Borràs.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs. / Andreu Dalmau / EFE

Júlia Regué

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El cuerpo funcionarial y la línea política se enfrenta en el Parlament después de que la Mesa de la Cámara catalana se apresurara a eliminar las licencias por edad, una suerte de prejubilación pagada sin trabajar para los que tuvieran 60 años y llevaran 15 en la institución. El órgano rector aprobará este jueves, sin la firma del consejo de personal, una reforma que obliga a los que tienen la paga a reincorporarse a la plantilla antes del 1 de noviembre de este año y un nuevo régimen general que pasa por reducciones de jornada bonificadas, aunque lejos de las condiciones actuales. Los trabajadores denuncian "inseguridad jurídica" y piden un mediador después de que la Mesa retirara un acuerdo que sí había sido suscrito por las dos partes el 8 de junio, pero que no fue convalidado por la comisión de asuntos internos.

Las tensiones han ido a más hasta el punto en que la parte política pone la directa sin el plácet de la plantilla. Según la propuesta de artículos de inclusión a la normativa, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la treintena de personas que disfrutan de la paga deberán regresar a sus puestos de trabajo antes del 1 de noviembre y bajo condiciones concretas. Si su puesto de trabajo ha sido amortizado o modificado, deberán ser adjudicados a otro puesto de su misma categoría y todos los reincorporados podrán teletrabajar durante toda la jornada laboral.

Están exentos de volver a la Cámara los que se jubilen en menos de un año, mientras que los que tengan incapacidad temporal (baja médica), residan fuera de Catalunya, hayan sufrido una enfermedad oncológica, o tengan un familiar a cargo podrán esperar seis meses más (hasta mayo de 2023) antes de volver a formar parte de la plantilla.

Los trabajadores actuales podrán acogerse al nuevo régimen, que fija tres posibles reducciones de jornada (de un tercio al completo) cuando cumplan los 60 años y acrediten 25 trabajando en la Cámara cobrando, como máximo, la pensión de jubilación más alta.

El precedente

El Parlament suprimió sin negociación el artículo 79 de los estatutos de régimen y gobierno interior (ERGI) sin negociación previa. Después comenzaron a conversar para establecer unas nuevas prejubilaciones. Los encargados de pilotar las conversaciones -Ferran Pedret (PSC) y Aurora Madaula (Junts)- se arremangaron para cerrar un pacto que pasaba por excedencias voluntarias incentivadas y tres posibles reducciones de jornada con importes más elevados respecto a la enésima propuesta. Los funcionarios con una cotización más alta rondarían los 2.800 euros brutos mensuales si pidieran la primera opción y, en el caso de la segunda, la rebaja podría ser progresiva como la que se prevé aprobar el jueves.

La medida prevista sería aplicable con los mismos criterios de edad y de carrera, pero los importes se reducirían respecto a las ya extintas licencias por edad. El acuerdo fue aprobado por la Mesa y debía ser convalidado por la comisión de asuntos internos pero, pocas horas antes de que se votara, Borràs se desdijo alegando que entendió que ese pacto se circunscribía sólo a los que ya cobraban las licencias y no a todos los trabajadores, aunque varias fuentes confirman que la jefa de recursos humanos explicó la propuesta y que, además, hubo más de 10 encuentros y varios documentos en los que quedaba claro. El pacto se retiró del orden del día y Pedret decidió devolver las competencias delegadas sobre la materia.

La Mesa prorrogó hasta este martes la negociación, pero los trabajadores siguen defendiendo este acuerdo pactado por las dos partes y rechazan la nueva propuesta. Denuncian que no han tenido tiempo de debatirla con todo el personal y que se sienten "estafados" porque la línea política se desdice de pactos cerrados. Varias fuentes dan por hecho que este embrollo terminará en los tribunales, porque alegan que están eliminado "derechos consolidados", que se han vulnerado pactos firmados y que la Mesa "se impone". Fuentes del órgano rector, en cambio, defienden que tienen las competencias para modificar este reglamento.

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