Cargos de Salut alegan retraso en el censo en la vacunación de policías nacionales y guardia civil

Los cuatro altos cargos de la Conselleria de Salut imputados por el retraso en la vacunación del covid de policías nacionales y guardias civiles en Catalunya no aclararon este viernes ante el juez de Barcelona que instruye el caso quien decidió hacerlo de esta manera y priorizar la administración de la dosis a los Mossos d'Esquadra y a las policías locales. Los cuatro encausados atribuyeron el retraso en la tardanza al recibir el censo de agentes de los dos cuerpos y en la decisión que la vacuna de AstraZeneca solamente se podía suministrar a los menores de 60 años, según fuentes de la acusación particular, ejercida los sindicatos Jupol y Jucil. El abogado de estas dos organizaciones, Marco Navarro, aseguró que solicitará al juzgado nuevas diligencias. El proceso judicial están incoado por los presuntos delitos de prevaricación y vulneración de los derechos de los trabajadores.

El juez interrogó, sin la presencia del fiscal y en calidad de imputados, a Carmen Cabezas Peña, quien ocupó primero el cargo de subdirectora general de Promoción de la Salud y con posterioridad ostentó la Secretaría de Salud Pública; Sara Manjón del Solar, exdirectora del área de Organizaciones y Profesionales del Servicio Catalán de Salud; Xavier Rodríguez Guasch, exdirector de Servicios del Departamento de Salud y Adriá Comella Carnicé, exdirector del Servicio Catalán de Salud. Todos ellos rechazaron tras su interrogatorio, de alrededor de hora y media, hacer declaraciones a los medios de comunicación.

"Un bien preciado"

Las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO indicaron que Carmen Cabezas explicó al juez que la vacunación de covid es muy diferente a cualquier otra campana de este tipo, que ella no tomó la decisión de a quien se le debía suministrar la dosis antes y que desconocía quien lo hizo. Se presentó como una técnica que solo ejecutaba. Concretó que "cada caja de vacunas era un bien preciado", a la vez que remarcó que para Salut "todos los trabajadores son iguales".

Cuando el TSJC ordenó que se vacunara a los policías nacionales y a los guardias civiles, en abril del 2021, solo el 5% de empleados de este cuerpos había recibido la vacuna, mientras que esta cifra se elevaba al 83% en los Mossos d'Esquadra, según la acusación. La Guardia Urbana de Barcelona, como precisó ante el juez uno de los imputados, organizó un centro de vacunación masiva. Los sindicatos denunciantes sostienen que con estas imputaciones no hacen "más que confirmar la injusticia sufrida por miles de agentes" y la "el trato discriminatorio" que reciben las fuerzas de seguridad del Estado por parte de la Generalitat.

Uno de los imputados llegó a reconocer en su comparecencia que el censo de los agentes de los dos cuerpos tardaron "dos o tres semanas". Este listado lo entregaban cada uno de los cuerpos. En el caso de la Guardia Civil, un teniente coronel, y por la Policía Nacional, un inspector. La orden venía dada por la dirección general en Madrid de cada institución. Todos los encausados admitieron (incluso uno de ellos galardonado por la Policía Nacional) el retraso a la hora de vacunas a los guardias civiles y policías nacionales. En un comunicado emitido este viernes, la Conselleria de Salut salió en "defensa" de la "profesionalidad de todo el equipo que ha participado en la campaña de vacunación, que ha sido ejemplar en Catalunya y ha sido puesta como ejemplo por la propia" Organización Mundial de la Salut (OMS)

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sentenció en diciembre del 2021 que el plan de vacunación de la Generalitat fue "discriminatorio" para los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Catalunya. Los magistrados estimaron el recurso que presentaron la Asociación de la Guardia Civil, Justicia Civil (Jucil) y Justicia Policial (Jupol) contra la Conselleria de Salut.