"Operación Catalunya"

La jueza reactiva la investigación para determinar si Rajoy presionó a la Banca Privada de Andorra

  • La instructora encargó hace un mes a la policía ocuparse de las pesquisas tras ofrecer personarse al expresidente y dos de sus ministros

  • Los tres están querellados por supuestas coacciones con el fin de obtener información de políticos catalanes y, en concreto, los Pujol

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

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Ángeles Vázquez
Ángeles Vázquez

Periodista

Especialista en Tribunales y Justicia

Escribe desde Madrid

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La jueza Stéphanie Garcia ha dado un nuevo impulso la investigación relativa a la querella presentada contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por presuntas presiones a la Banca Privada d'Andorra (BPA) con el objetivo de obtener información de políticos catalanes, entre ellos, los Pujol, al con un encargo expreso a la unidad económica de la policía andorrana para investigar el caso, con autorización para el intercambio de información con agentes españoles.

La providencia de la titular de la Batllia de Instrucción especializada número 2 de Andorra está fechada el pasado 23 de mayo, solo tres días después de que cursara una comisión rogatoria a España para que Rajoy y sus ministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro supieran que disponían de 15 días para personarse en las actuaciones iniciadas en su contra, pero se ha conocido este jueves. Se da la circunstancia de que este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de Gobierno del Principado de Andorra, Xavier Espot Zamora, se reunieron en el Palacio de la Moncloa. 

La magistrada ordena ocuparse de las pesquisas a los agentes de la policía judicial de la unidad económica y financiera que han intervenido en otras causas relativas a BPA, cuya intervención, tras el cierre de su filial el Banco de Madrid por sospechas de blanqueo, provocó centenares de procedimientos penales y con él el colapso de la justicia del Principado. La jueza, además, ha autorizado a los agentes a "intercambiar información con los cuerpos judiciales extranjeros, en particular los españoles".

Años de instrucción

La querella que dio origen a las actuaciones se presentó en 2016 por los hermanos Cierco, accionistas mayoritarios de la Banca Privada d’Andorra, y se dirigía contra policías españoles que supuestamente les presionaron para conseguir información financiera sobre políticos catalanes. Entre los querellados figura el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino, condenado por introducir un pendrive de origen dudoso en el caso Pujol.

La última ampliación sufrida por la querella es la que en 2019 interpuso l'Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) contra Rajoy y sus ministros, tras oír al excomisario José Manuel Villarejo -principal imputado en la causa abierta en la Audiencia Nacional para investigar las cloacas policiales- declarar que participó en ese capítulo de la "Operación Cataluña", pero que el cierre del banco solo pudo hacerse por sus superiores.

Hasta hace un par de meses la magistrada no notificó al expresidente Rajoy y a los que eran sus ministros de Interior y Hacienda, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro respectivamente, que les investiga por supuestas coacciones a BPA para obtener información de políticos catalanes y, en concreto, los Pujol, cuyas finanzas en Andorra se dieron a conocer a través de un pantallazo filtrado a 'El Mundo' por algunos de los imputados en la causa de la Audiencia Nacional.

Importancia del FBI

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En un comunicado, Drets celebra el "paso más allá" de la magistrada para aclarar si se produjeron o no las coacciones denunciadas. Y destaca la importancia que, en su opinión, tiene que la policía andorrana pueda intercambiar información con otros cuerpos de seguridad extranjeros, por la participación que el FBI pudo tener en la nota del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de Estados Unidos que precipitó la intervención del BPA por sospechas de blanqueo de capitales.

Los querellantes argumentan que el Gobierno de Mariano Rajoy envió información "falsa" al FinCEN para que emitiera una nota por supuesto blanqueo de capitales y posteriormente "intimidó" al exjefe de Gobierno andorrano para que liquidara la entidad financiera. Todo ello con el objetivo de lograr información contable de políticos catalanes.