Dos exjefes de ETA se desmarcan ante el juez del asesinato de Miguel Ángel Blanco con sus condenas en Francia

Tanto Miguel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza', como Soledad Iparragirre, 'Anboto', trataron de desvincularse con sus condenas en Francia de las acusaciones que se han realizado contra ellos por el secuestro y asesinato terrorista del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco.

Él sostuvo que ya fue condenado como jefe de la organización terrorista ETA

, aunque nunca se le acusó por la muerte del edil del PP, y ella alegó que esta causa no figuraba entre aquellas por las que Francia accedió a su entrega a España, informaron fuentes presentes en la declaración.

Ambos se negaron a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que finalmente impuso a 'Mikel Antza' comparecencias quincenales y la prohibición de salir del país. A 'Anboto' no le impuso medida cautelar alguna porque está en prisión cumpliendo condenas por 369 años de prisión.

Por el secuestro y asesinato de Blanco el juez también imputó a José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri', al entender que como miembros de la cúpula de ETA tuvieron el dominio de la situación y pudieron haber ordenado al comando Donosti que no ejecutara a Blanco en las 48 horas en las que estuvo secuestrado mientras se intentaba chantajear al Gobierno de

José María Aznar

para conseguir el acercamiento de los presos de la banda terrorista.

A diferencia de sus compañeros, 'Kantauri' no ha sido citado aún por el juez, porque como el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco no constaba en la euroorden cursada a Francia para su entrega a

España

, hubo que cursarse una nueva para poder interrogarle por el principio de especialidad.

Medidas cautelares

Las acusaciones que ejercen Dignidad y Justicia -que interpuso la querella que dio origen a la reapertura del procedimiento-, la Asociación Víctimas del Terrorismo y el PP solicitaron al magistrado que acuerde la retirada de pasaporte y prohibición de salir del país para 'Antza', medidas que ya tiene acordadas en otro procedimiento, el reabierto por el asesinato del portavoz del

PP

en el Ayuntamiento de San Sebastián Gregorio Ordóñez.

En representación de la defensa, la abogada y exdiputada Amaia Izko aseguró que "los procedimientos abiertos en cascada" a los exjefes de ETA "no tiene base ni en la legislación ni en la jurisprudencia y constituyen un atropello que recuerda a la ingeniería jurídica" con la que, según ella, se combatió en algún momento a la organización terrorista. Como ahora esta no existe, sostiene que estas causas solo buscan "venganza" y "ganar el relato".

Izko se refiere a las querellas presentadas por DyJ contra los que formaban la cúpula de

ETA

y que han conseguido la reapertura o dar un impulso a un total de siete causas por otros tantos atentados terroristas, aunque, según las fuentes consultadas por este diario, solo la de Blanco tiene visos de prosperar por el tiempo en que el concejal estuvo en manos de los terroristas.

Por otro lado, el Supremo ha anulado en días consecutivos dos absoluciones de etarras acordadas por la Audiencia Nacional, una de ellas, de la propia Soledad Iparragirre por un coche-bomba en 1985 en las inmediaciones del polideportivo Mendizorroza, de

Vitoria

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